Recuento

11 julio, 2018

Por Ángel Martínez Armengol

Los próximos nombramientos tensarían la transición.

Cae la lluvia nocturna mientras escribo esta columna y los nubarrones de este verano veracruzano son el preludio de otras tormentas que podrían avecinarse en los días y semanas por venir. La transición política tras las elecciones del pasado domingo 1 de julio podría no resultar tan tersa y sin sobresaltos entre la administración yunista y el futuro gobierno de Cuitláhuac García.

Ayer la dirigencia estatal del Morena emitió un duro comunicado en el cuestiona la probable designación de al menos una docena de futuros magistrados el Poder Judicial de Veracruz, que están vacantes por una reforma constitucional que entró en vigor a principios de este año, así como el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción.

Cabe acotar, no obstante, que no se trata de nominaciones de reciente data, sino que llevan varios meses de estarse gestando y que además requieren de aprobación legislativa de mayoría calificada, es decir, de al menos 34 diputados.

En la actual conformación del Congreso estatal, ningún partido tiene por sí solo esa cantidad de legisladores y para conseguirlos debe conjuntarse varias fuerzas políticas, marcadamente PAN, PRD, PRI, Verde y hasta Nueva Alianza, o bien con el aval del Morena que actualmente suman 10 diputados.

El cuestionamiento por parte del dirigente en Veracruz del partido lopezobradorista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, es que realizar tales designaciones en estos momentos implica, por parte del actual gobernador, “dejar magistrados modo, dejar con chamba a sus cuates que les cuiden las espaldas”. Acusa que pretenden realizar un “albazo para la sesión” del Congreso de este jueves 12.

Es de suponer que el duro comunicado del Morena tuvo el visto bueno del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, pues tratándose de un asunto trascendental para la vida pública del Estado es imposible pensar que la dirigencia de su partido emitió tal pronunciamiento sin consultarlo.

Por lo tanto se colige que habría molestia o incluso absoluto rechazo a que tales designaciones se hagan en este momento y ello podría dar al traste con la pretendida transición sin sobresaltos entre las dos administraciones de signos políticos contrarios.

No es inusual que ello ocurra. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, en México el largo periodo que transcurre entre la elección y la toma de posesión de los nuevos gobernantes deja un amplio margen de discrecionalidad en los gobiernos en ejercicio.

En esos lapsos de entre cinco y seis meses de gestión, no son pocos los que intentan y logran hacer aprobar una serie de leyes, nombramientos o de compromisos financieros (deuda) que dejan “atados de manos” a las futuras autoridades o al menos con estrechos márgenes de maniobra.

Hace dos años en el relevo Duarte-Yunes, el primero intentó, de último minuto, designar a los magistrados de la sala anticorrupción (hoy Tribunal de Justicia Administrativa, que lleva por cierto seis meses de inoperancia y que acaba de darse un nuevo plazo similar para desahogar los asuntos en trámite, entre ellos los adeudos del gobierno estatal con empresarios locales), de un nuevo consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, entre otros movimientos.

Pero Duarte ya había agotado todo su capital político tras la derrota del PRI en las elecciones del 5 de junio de 2016. Varios diputados locales de su propia bancada se negaron a aprobar las iniciativas y designaciones que envió al Congreso, entre las que incluyó entregar la Casa Veracruz a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Atención a Víctimas, así como enajenar a favor de la Fiscalía un helicóptero, entre otras medidas.

Pero ahora no ocurre así con el actual gobernador en ejercicio. El capital político de Yunes es altísimo y tiene el control absoluto de la bancada panista y de otros diputados para hacer aprobar lo que quiera en el Congreso, aunque ello le implique confrontarse con el futuro gobernador.

De lograr la aprobación de 12 nuevos magistrados, Yunes Linares será el mandatario que más designaciones haya realizado en el Poder Judicial. De hecho, varios de los actuales togados que conforman el Tribunal Superior de Justicia llegaron a sus cargos en el sexenio de Patricio Chirinos, en el que Yunes Linares, como secretario de Gobierno, tuvo una amplia influencia y peso político también. Pero además ya logró se aprobaran los nombramientos de los magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo presidente es, ni más ni menos, quien fuera su secretario particular.

Así como que no queriendo la cosa, el Poder Judicial de Veracruz tendrá el sello político del gobernador Yunes, que en tan solo dos años de ejercicio podría lograr designar en puestos claves, a personajes identificados con él o afines a sus intereses, que durarán en sus cargos mucho más allá de los seis años siguientes.

Ya es el caso de los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular puede ser calificado, sin rubor ni menoscabo alguno, como el Fiscal de Yunes, lo que el interfecto presumiría –quién lo duda—con orgullo y gallardía.

El futuro Congreso.

Además de que las designaciones de los nuevos magistrados y del fiscal anticorrupción quedaron atrapados por el maremagno electoral y los intereses y la agenda de los actuales responsables políticos, hay otra realidad que ahora les apremia: el profundo cambio que se vivirá en el Congreso de Veracruz a partir de noviembre próximo.

La próxima conformación del Congreso resultado de las elecciones de hace 11 días será completamente distinta a la actual. Con base en los resultados de los cómputos distritales, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) se alzaron con la victoria en 20 distritos electorales, mientras que Por Veracruz al Frente (PAN, PRD y MC) en los 10 restantes. Estarían por desahogarse las impugnaciones que seguramente habrá en varios distritos, marcadamente Pánuco y Santiago Tuxtla, aunque habría un par más.

Sin embargo, como siempre ocurre, una cosa es cómo sean electos y otra muy distinta es cómo se configuren los grupos parlamentarios una vez que los diputados asumen sus cargos en el Congreso.

Así que podríamos prever que muchos de los diputados electos en las coaliciones decidan formar sus propios grupos, para mantener los membretes de los partidos que los propusieron para ser candidatos en las coaliciones. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Tuxtla, donde la candidata ganadora fue propuesta por el PRD.

Así, con base en las primeras proyecciones, se prevé que en el próximo Congreso de Veracruz la distribución de diputados por partido, por el principio de mayoría quedaría así:

Morena, 10 diputados.
PAN, 7 diputados.
PT, 5 diputados.
PES, 5 diputados.
MC, 2 diputados
PRD, 1

Faltarían por asignarse las 20 diputaciones plurinominales, igualmente por partido y con base en la proporción de votos que hayan obtenido. Ya se verá cómo quedarán.

La caminera

Desde julio de 2008 funcionó en el estacionamiento del antiguo inmueble que albergó la iniciativa Manos Veracruzanas, el teatro La Libertad, del maestro Abraham Oceransky. Ahora, la actual administración estatal canceló el convenio de comodato y, literalmente, lo están echando. Tiene como fecha el 17 de este mes para salirse. El Instituto de Pensiones del Estado reclamó el inmueble como parte su patrimonio y ahora “La Libertad” deber buscar refugio en otra parte. Grave.

Twitter: @AngelArmengol