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Denuncia HRW represión extrema contra musulmanes en China

10 septiembre, 2018

Nueva York. El gobierno de China lleva a cabo una masiva y sistemática campaña de represión de los derechos humanos de los musulmanes túrquicos que residen en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China, apuntó el organismo Human Rights Watch (HRW).

En un informe difundido este lunes, HRW destacó que la campaña de represión contra los musulmanes de Xinjiang en China “presenta nuevas pruebas de la detención arbitraria masiva, la tortura y los malos tratos del gobierno chino y los controles cada vez más dominantes en la vida cotidiana”.

Añadió que en toda la región, la población musulmana túrquica de 13 millones está sujeta a adoctrinamiento político forzado, castigos colectivos, y restricciones al movimiento y las comunicaciones.

Titulado “Erradicar virus ideológicos”, el informe también asentó que los habitantes musulmanes túrquicos también enfrentan crecientes restricciones religiosas y vigilancia masiva en violación del derecho internacional de los derechos humanos.

“El gobierno chino está cometiendo abusos contra los derechos humanos en Xinjiang a una escala nunca antes vista en el país en décadas”, expresó Sophie Richardson, directora de China para HRW.

Richardson explicó que la campaña de represión en Xinjiang es una prueba clave para determinar si las Naciones Unidas y los gobiernos interesados sancionarán a una China cada vez más poderosa para que ponga fin a este abuso.

El informe se basa principalmente en entrevistas con 58 exresidentes de Xinjiang, incluidos cinco exdetenidos y 38 familiares de detenidos. Diecinueve de los entrevistados abandonaron Xinjiang en el último año y medio.

El gobierno chino inició en 2014 su campaña contra el extremismo violento en Xinjiang. El nivel de represión aumentó dramáticamente después de que el secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, se trasladó de la región autónoma del Tíbet para asumir el liderazgo de Xinjiang a fines de 2016.

Desde entonces, las autoridades intensificaron la detención arbitraria masiva, incluidos los centros de prisión preventiva y las cárceles, que son instalaciones oficiales, y en campamentos de educación política, que no tienen ninguna justificación en la legislación china, apuntó HRW.

Destacó que estimaciones creíbles indican que un millón de personas están detenidas en los campamentos, donde los musulmanes túrquicos son obligados a aprender chino mandarín, cantar alabanzas al Partido Comunista y memorizar reglas aplicables principalmente a ellos.

Aquellos que se resisten o se considera que no han podido “aprender” son castigados, resaltó HRW. Los detenidos en campos de educación política se mantienen sin ningún derecho al debido proceso, ni acusados ni enjuiciados, y no tienen acceso a abogados ni a familiares.

Se los mantiene por tener vínculos con países extranjeros, en particular los incluidos en una lista oficial de “26 países sensibles”, por utilizar herramientas de comunicación como WhatsApp, y por expresar pacíficamente su identidad y religión, nada de los cual constituye un delito, señaló HRW.

Además, fuera de estos centros de detención, las autoridades chinas en Xinjiang someten a los musulmanes túrquicos a tan extraordinarias restricciones a la vida personal que, en muchos sentidos, sus experiencias se asemejan a las de las personas detenidas, según el informe.

Una combinación de medidas administrativas, puntos de control y controles de pasaportes restringen arbitrariamente los movimientos. La población está sujeta a un adoctrinamiento político persistente, que incluye ceremonias para izar banderas, reuniones políticas o de denuncia, y clases de mandarín.

Con niveles de control sin precedentes sobre las prácticas religiosas, las autoridades efectivamente han prohibido el islam en la región, de acuerdo con HRW.

Asimismo, las autoridades también han sometido a personas en Xinjiang a una vigilancia constante. Las autoridades alientan a los vecinos a espiarse entre ellos, y emplean sistemas de vigilancia de alta tecnología que utilizan datos biométricos, inteligencia artificial y espionaje telefónico.

“El dolor y la angustia de las familias desgarradas, sin conocimiento de lo que le sucedió a sus seres queridos, contrasta con las afirmaciones de Beijing de que los musulmanes túrquicos son ‘felices y ‘agradecidos’”, enfatizó Richardson.


Inmigrantes en EUA necesitan protección para denunciar delitos, afirma HRW

3 julio, 2018

Nueva York. Los inmigrantes indocumentados que tienen el valor suficiente de denunciar delitos necesitan saber que pueden acudir a la policía sin temor a ser deportados, de acuerdo con un informe que emitió hoy el grupo civil Human Rights Watch (HRW).

El informe destacó que el Congreso debe preservar y ampliar las disposiciones de la Ley sobre Violencia contra la Mujer que permite a inmigrantes indocumentados denunciar de manera segura un delito.

Resaltó además que la visa U, creada como parte de esta ley de 2000, abre un camino para que las víctimas de delitos que cooperan en las investigaciones de delitos graves puedan solicitar estatus legal en Estados Unidos. HRW precisó que la renovación de este programa está en evaluación.

Titulado “Los inmigrantes que combaten el crimen: cómo el programa de visas U hace más seguras a las comunidades de Estados Unidos”, está basado en entrevistas con agentes del orden público en cinco estados, abogados de inmigración y víctimas de delitos.

El texto indicó que aunque el presidente Donald Trump ha acusado a los inmigrantes indocumentados de delincuentes y una amenaza para la seguridad pública, poco se dice de los riesgos que asumen estas personas para ayudar a las fuerzas del orden público a investigar y procesar delitos.

“Los inmigrantes que arriesgan sus vidas, sus familias y sus trabajos para asegurarse de que los delincuentes violentos son llevados ante la justicia merecen protección”, dijo Sara Darehshori, asesora legal de HRW. “Las comunidades estadunidenses son más seguras porque ellos están aquí”, añadió.

El Congreso reconoció que los delincuentes pueden silenciar a las víctimas inmigrantes amenazándolas con la deportación si acuden a las autoridades en busca de ayuda.

Por ello, la visa U se creó para garantizar que las leyes de inmigración no se usen para obligar a mujeres y niños a soportar abusos por temor a ser castigados si presentan una denuncia ante las autoridades.

Más tarde, esta visa fue ampliada para incluir 28 delitos, incluido el asesinato, la agresión sexual y la trata de personas.

En ese sentido, HRW asentó que la visa U es esencial para garantizar que todos en la comunidad se sientan cómodos denunciando delitos y participando en procesos de justicia penal. Funcionarios opinaron que esta visa es “una herramienta fundamental para garantizar una mayor seguridad pública”.

Sin embargo, sólo hay 10 mil visas U disponibles cada año y el volumen actual de casos pendientes significa que la espera de una visa podría ser de siete años o más, tiempo durante el cual la víctima del delito podría estar en riesgo de ser deportada.

En los últimos años, los escépticos de la inmigración afirman que la visa se usa de manera fraudulenta. Sin embargo, no hay evidencia disponible públicamente que tienda a indicar que este sea un problema significativo, precisó HRW.

“Sin la seguridad que brinda la visa U, algunos inmigrantes temerán acudir a las autoridades para denunciar incluso los delitos más atroces por temor a ser separados de sus familias”, dijo Darehshori.

Agregó que “si la demora es demasiado larga y los solicitantes corren el riesgo de ser deportados, el valor de la visa se verá disminuido. El Congreso no sólo debería preservar el programa, sino también acabar con los retrasos”.

Fuente: Notimex


Destaca HRW uso de fuerza letal israelí contra manifestantes de Gaza

13 junio, 2018

Nueva York. El uso de la fuerza letal de autoridades de Israel contra manifestantes pacíficos en Gaza puede constituir crímenes de guerra que ameritan una investigación de la Corte Penal Internacional, según Human Rights Watch (HRW).

En un informe publicado este miércoles, el grupo civil destacó que el uso reiterado de la fuerza letal por autoridades de Israel a partir del 30 de marzo de 2018 provocó la muerte de más de un centenar de manifestantes, así como heridas a miles de personas.

Por ello, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería apoyar una resolución que explore medidas para garantizar la protección de palestinos en Gaza, así como iniciar una investigación que identifique las violaciones y abusos, y a los funcionarios israelíes responsables de las órdenes ilegales de abrir fuego.

Los homicidios también ponen de relieve la necesidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación formal sobre la situación en Palestina, destacó HRW.

El organismo llamó a terceros países a imponer sanciones selectivas contra los funcionarios responsables de las continuas violaciones graves de los derechos humanos.

La directora para Oriente Medio de HRW, Sarah Leah Whitson, aseguró que el uso de fuerza letal cuando no había una amenaza inminente para la vida de ningún israelí cobró un precio demasiado alto para la integridad física de los palestinos de Gaza.

Whitson urgió a la comunidad internacional a terminar con la añeja dinámica de Israel, que realiza investigaciones propias “que ocultan la conducta de sus tropas”, así como con el bloqueo de Estados Unidos de mecanismos de rendición de cuentas en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su lugar, la representante llamó a la comunidad internacional a “imponer costos reales por tan flagrante indiferencia por las vidas palestinas” de parte de las fuerzas armadas de Israel.

Kuwait presentó una resolución a la Asamblea General de la ONU que deplora el uso de armas de fuego de parte de Israel contra manifestantes en Gaza, así como los cohetes lanzados por grupos armados palestinos a centros de población israelíes, y que pide el fin del bloqueo de Gaza.

Asimismo, el proyecto de resolución solicita al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que considere opciones para proteger mejor a los palestinos en Gaza.

Esta propuesta de resolución fue presentada por Kuwait a la Asamblea General después que Estados Unidos vetara el 1 de junio un documento similar sometido ante el Consejo de Seguridad.

HRW entrevistó a nueve personas que presenciaron a las fuerzas israelíes disparar contra los manifestantes en Gaza el 14 de mayo matando a más de 60 personas, el día con el mayor número de muertos y heridos hasta ahora, siete de esos testigos también recibieron disparos.

Tales testimonios se suman a la voluminosa evidencia de que desde 2014 se han cometido crímenes graves en Palestina, incluidas nuevas transferencias de población a los territorios ocupados, de acuerdo con HRW.

Por ello, el organismo solicitó a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que inicie una investigación formal en consonancia con el Estatuto de Roma, que detalla las definiciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes de guerra incluyen los actos de matar de manera deliberada o intencional, así como “causar gran sufrimiento o lesiones graves”, a civiles y residentes de un territorio ocupado.

“La impunidad por matar y mutilar ilegalmente a la gente en Gaza genera el riesgo de perpetuar el ciclo en el que aún más vidas y familias serán destruidas en el futuro”, enfatizó Whitson.

Fuente: Notimex


Denuncia Human Rights Watch uso de niños en atentados suicidas de Indonesia

15 mayo, 2018

Nueva York. Human Rights Watch (HRW) denunció hoy el uso de niños en una serie de atentados suicidas perpetrados en los últimos días en Indonesia, donde sus propios padres utilizaron intencionalmente a sus hijos para detonar los explosivos en tres iglesias y una comisaria en la ciudad de Surabaya.

El domingo, una familia de seis miembros, incluidas dos niñas de 9 y 12 años, se hicieron explotar en tres iglesias cristianas de Surabaya, la segunda ciudad más poblada de Indonesia, causando la muerte de al menos 17 personas y heridas a otras 45.

Otra familia de cinco integrantes, entre ellas una niña de ocho años, a bordo de dos motocicletas bombas se hicieron estallar la víspera en el Cuartel General de la Policía de Surabaya, dejando 10 heridos -cuatro policías y seis civiles-.

Los atacantes suicidas murieron, pero la niña sobrevivió y fue recogida en brazos por un policía que portaba un chaleco antibalas, en lo que se convertido en una imagen icónica de los ataques.

“Los atacantes usaron intencionalmente a sus propios hijos, que tenían entre 9 y 18 años, para bien portar y detonar los explosivos o acompañar a sus padres a que cometieran los atentados”, señaló HRW en un comunicado divulgado en su página web.

Los sucesos muestran los graves riesgos que enfrentan las minorías religiosas de Indonesia todos los días, informó el investigador de HRW en el país asiático, Andreas Harsono, quien destacó que el “horror de los ataques ha sido magnificado por el uso de niños”.

“Los incidentes del domingo y lunes suponen el primer caso del uso de niños en atentados yihadistas en Indonesia. Desplegar a los niños de esa manera es indefendible y deplorable”, señaló Harsono.

Según la policía indonesia, los padres de ambas familias suicidas pertenecían a una célula de un grupo yihadista afín al Estado Islámico (EI), que se atribuyó los atentados contra las tres iglesias y la comisaría policial.

Indonesia, el país con el mayor número de musulmanes, ha sufrido varios atentados yihadistas, entre ellos el perpetrado en la isla turística de Bali en 2002, que causó 202 muertos y cientos de heridos.

Fuente: Notimex