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Tras persecución, aseguran a 26 indocumentados; había dos heridos y un muerto

24 febrero, 2018

 

Jáltipan. Alrededor de las 23:00 horas del pasado viernes, al encontrarse en un recorrido sobre la Carretera Transísmica, elementos de la Fuerza Civil detectaron que una camioneta de caja seca era conducida a exceso de velocidad con dirección a Acayucan; al marcarles el alto los conductores de la camioneta intentaron darse a la fuga disparando contra los uniformados.

Los elementos policíacos repelieron la agresión y a la altura del poblado de Jáltipan lograron interceptar la camioneta, pero los ocupantes de la cabina se habían dado a la fuga.

Al revisar la unidad, los uniformados se percataron de que en la parte posterior, se encontraban 26 personas indocumentadas; 3 de ellas lesionadas, por lo que de inmediato se les brindó toda la atención y el apoyo necesario.

Al lugar, arribó personal de Protección Civil Municipal de Jáltipan para atender a los heridos, manifestando que , ya no contaba con signos vitales.

Se procedió a dar atención médica a los otros dos lesionados, que posteriormente fueron trasladados al hospital comunitario Coplamar.

Los heridos responden al nombre de Tomás Ricquiad, de 23 años, originario de Guatemala, con lesión de bala en el hombro izquierdo; y Sulma Catalina González Vásquez, de 24 años, originaria de Guatemala, con rozón en el tobillo derecho.

Posteriormente, a los 23 indocumentados más, todos originarios de Guatemala, se les llevó a la Comandancia de la Policía Municipal de Jáltipan para su certificación médica.

A las 00:30 horas, personal de la Policía Ministerial de Acayucan y un perito llegaron al lugar y efectuaron las diligencias correspondientes. Más tarde, personal del Instituto Nacional de Migración recibió a los indocumentados.

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social


Pendientes por indemnizar a mil expolicías intermunicipales

23 febrero, 2018

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Más de mil exelementos de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-San Andrés Tlalnelhuayocan no han recibido el pago de su indemnización global por devolución de cuotas, luego de que fueran despedidos por la desaparición de la corporación en 2011.

Cuatro afectados protestaron en las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), ubicadas en la avenida Arcos Sur, donde se encuentra retenido el trámite correspondiente.

Albertano Castellanos Santamaría, uno de los quejosos, señaló que el personal del IPE les ha negado audiencia y solo argumenta que su trámite ha “expirado”.

“Nos dijeron que ese dinero se pagaba hasta cumplir 55 años, era la edad, pero luego la subieron a 60 años, entonces una no se hizo ese trámite. Después salió la convocatoria, entonces ya no se hizo ese trámite, que sí nos iban a pagar, que nos iban a regresar el dinero y que metieron los documentos”.

El entrevistado detalló que autoridades del IPE solo dan largas, para no resolver la situación de los expolicías.

El pasado 20 de enero, entre 20 y 30 exelementos intentaron reunirse con Luz Esther González Castillo, subdirectora de Finanzas del IPE; sin embargo, fueron ignorados.

“Yo creo que ni a la mitad le han pagado (de los policías despedidos), tal vez a una cuarta parte se la ha pagado, como nos desintegramos, cada quien tomó su rumbo, no sé bien, no tenemos mucha comunicación, pero fuimos despedidos más o menos unos dos mil”, añadió Castellanos Santamaría.

Los inconformes aseguraron que el director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, conoce el problema, pero no ha intervenido para que sea otorgada su indemnización a los trabajadores.

Los expolicías amagaron con interponer una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que sean respetados sus derechos laborales


Exigen a la FGE información sobre posible localización de desaparecidos

20 febrero, 2018

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Madres de desaparecidos exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, que revele más lugares donde pudieran encontrarse los cuerpos y osamentas de sus hijos.

La integrante del Colectivo Familias Enlace Xalapa, Victoria Delgadillo, también pidió que se esclarezcan los casos de desaparición forzada en Veracruz.

Lo anterior, tras la vinculación a proceso de 16 policías y tres exaltos mandos: Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Readaptación Social; y Roberto González Meza, extitular de la Fuerza Civil, por su presunta participación en la desaparición de 15 personas.

“Para todos los compañeros que necesitan ser apoyados por todos los colectivos para que se esclarezcan sus casos. Tenemos la fe y la confianza de que serán encontradas las personas que hemos estado buscando durante tantos años en esta lucha”.
 
Cabe recordar que el Colectivo Solecito, el Colectivo por la Paz, Colectivo Familiares Enlace Xalapa y otros, protestaron mientras se llevaban a cabo las audiencias en salas de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, de los policías y exmandos policiales involucrados en desapariciones forzadas. 
 
“Llevamos varios casos, pero estamos en apoyo de todos los colectivos y de todas las familias de desaparecidos”. 
 
Victoria Delgadillo consideró que policías estatales y elementos de la Fuerza Civil participaron en diversos casos de secuestros y levantones, que acompaña el Colectivo Familiares Enlace Xalapa.
 
“Sí tenemos casos, pero estamos en apoyo a todos las familias, que en sus casos tienen que ver con las personas que están imputando”, añadió. 

PAN y Morena piden enjuiciar a testigos protegidos que colaboraron en caso de expolicías

17 febrero, 2018

Xalapa. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunciaron a favor de que los testigos de identidad resguardada, que llevaron a la detención de altos mandos policíacos que presuntamente incurrieron en el delito de desaparición forzada, también sean enjuiciados por los delitos cometidos.

En entrevista por separado el diputado Marco Antonio Núñez y Nicolás de la Cruz, consideraron que se les podría reducir la condena o brindar algunos otros privilegios por apoyar en la investigación, sin embargo, pidieron que sean procesados como el resto de los implicados.

Los dos legisladores evitaron pronunciarse por la necesidad de establecer la pena de muerte como el mayor castigo en México y Veracruz, contra quien incurre en delitos de lesa humanidad.

Se debe aplicar prisión vitalicia

El primero en hablar del tema fue el panista, Marco Antonio Núñez, quien recordó que los principios de Acción Nacional están a favor de la vida, por lo que no respaldarían la pena de muerte, sumado a que primero se tendría que reformar la Constitución federal, “no podemos ir contra de la vida de alguien, así sea un monstruo”.

De acuerdo a información publicada en medios de comunicación, si la Fiscalía logra acreditar los hechos que se les imputan los acusados podrían alcanzar una pena de 20 y hasta 90 por años por las agravantes de cada caso.

En ese sentido, el panista consideró que a lo mejor se les podría reducir la condena, pero insistió en la necesidad de que también sean juzgados y sentenciados por participar en actos de lesa humanidad.

Durante las audiencias de las 19 personas detenidas por incurrir en presuntos actos de desaparición forzada, se narró que además de violar a mujeres, se aplicaron toques eléctricos a un bebe, además de que algunos cuerpos se usaron para alimentar a los animales del zoológico del ex secretario de la SSP, y en otros casos se sembraron como cimientos en edificios de la Academia de Policía.

Ante esos hechos el panista, consideró viable aplicar la pena vitalicia que ya está tipificada en el Código Penal local.

El panista refirió que también es necesario revisar el código para subsanar vacíos legales que en ocasiones permite que los delincuentes obtengan su libertad, “y sobre todo fomentar la cultura de la denuncia”.

Morena pide que se finque responsabilidad a Luis Ángel Bravo y Amadeo Flores

Por su parte el integrante de la comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Nicolás de la Cruz de la Cruz, dijo que es necesario que se depuren las policías municipales, pues en muchos casos los elementos no han acreditado los exámenes de control y confianza.

“La secretaría de Seguridad dice que todos pasan por el filtro, realmente sabemos –en los municipios que nos corresponde (en el distrito)- que muchos policías no cumplen con los requisitos (…) sólo un tres o cuatro por ciento acredita los exámenes”.

Por lo anterior, reiteró, se debe dar continuidad al proceso de depuración de los cuerpos de seguridad, “yo no opinaría sobre la pena de muerte, pero si exhortaría a que por parte de la SSP se hicieran los exámenes necesarios para que pasen los filtros”.

El legislador de Morena se pronunció a favor de que se les finque responsabilidad al ex Fiscales, Luis Ángel Bravo Contreras y Amadeo Flores Espinosa, pues fueron omisos al no investigar casos que fueron denunciados.

“Se debería investigar a los anteriores, porque no sabemos hasta dónde llegaba esta red de corrupción de ex-funcionarios (…) que se les investigue y se les finque responsabilidad”, pidió.


Sin acercamiento entre diputados locales y empresarios para abordar “ley videocámara”

17 febrero, 2018

Arturo Arellano. Xalapa. El gremio comercial de Xalapa, que lidera el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Gerardo Libreros Cobos, negó que haya habido un acercamiento de los diputados locales con los empresarios para abordar la Ley que Regula los Establecimientos Mercantiles en Materia de Seguridad del Estado.

“Se ha buscado un acercamiento pero a lo mejor no se tiene el tiempo para analizarlo pero vamos a seguir buscando este contacto con el Legislativo”, indicó.

Lo anterior, en un contexto en el cual el Gobernador lanzó un exhorto al Congreso del Estado para discutir lo antes posible la denominada “ley videocámara”, con la obligación para los dueños de establecimientos de equipar sus locales con vigilancia.

“No estamos en contra sí vemos que contempla sanciones a los negocios que no cumplan con especificaciones y que de alguna manera sí pueden afectarnos”, señaló el líder empresarial.

Y es que en las obligaciones para los comerciantes destaca la de contratar personal certificado de vigilancia, instalar botones de alerta empresarial, comprar videocámaras e informar el historial de los empleados a la Secretaría de Seguridad Pública.

“No estamos en desacuerdo con la Ley, pero el hecho de que no cumpla va a haber multas”, sostuvo.


Encabeza Gobernador Yunes reunión del Grupo de Coordinación Veracruz

17 febrero, 2018

El Lencero. Desde muy temprano, en la Exhacienda El Lencero, el Gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares  preside la reunión 60 del Grupo de Coordinación Veracruz, sobre seguridad pública.

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social


Obras del C5 están afectando al Ilustre Instituto Veracruzano: Rodríguez Cueto

15 febrero, 2018

Xalapa. La diputada Patricia Rodríguez Cueto, presentó un pronunciamiento en el que expresó la inconformidad del Grupo Legislativo de Morena, por las irregularidades que están afectando al Ilustre Instituto Veracruzano con motivo la construcción del Centro Regional Integral de Seguridad Pública (C5).

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, recordó que el primero de noviembre del 2017 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, un acuerdo por el que se asigna y destina a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) el inmueble que ocupa el Ilustre Instituto Veracruzano; así como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un inmueble para la administración y funcionamiento del Centro Regional Integral de Seguridad Pública (C5).

Ante ello, la diputada de Morena recordó que el Instituto Ilustre Veracruzano se creó como un instrumento para mejorar la calidad, equidad y ampliación de la cobertura en materia educativa que beneficia potencialmente a la población de Boca del Río y esa ha sido su función dentro del contexto social en que está inmerso, razón por la cual se debe tener en cuenta que es más beneficio para una sociedad tener más escuelas que centros de vigilancia. 

“Consideramos que la mejor forma de salir del estancamiento en que nos encontramos como Estado es dedicándole más dinero a la educación, me queda claro que una población bien educada y bien capacitada, con espacios adecuados como el Instituto Ilustre Veracruzano es esencial para el bienestar social y económico de un Estado” subrayó.

Por tal razón, consideró que no se debe reducir el espacio físico al Instituto en mención, ni mucho menos generando incertidumbre entre los alumnos y maestros que ahí realizan sus actividades. 

Rodríguez Cueto afirmó que la educación desempeña un papel fundamental para proporcionar a las personas los conocimientos, capacidades y las competencias necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y en la economía. Por tal motivo expuso que es necesario hacer una pausa y analizar lo expuesto en la gaceta antes mencionada.

Y en ese tenor, señaló que sería viable conocer ¿cuál es esa opinión? ¿Cuál es el dictamen, oficio o estudio que hizo dicha institución? ¿Qué departamento o persona emitió dicha opinión? ¿Dónde se puede consultar? ¿Por qué el oficio de respuesta sólo tardo 5 días? ¿Es acaso que se tenía ya previsto ejecutar dicha acción? 

Y también sería pertinente aclararles a los veracruzanos, subrayó ¿Cuáles son las funciones o tareas específicas que desempeñará dicho Centro Regional Integral de Seguridad Pública? ¿Existe un plan o programa para dicho centro? 

¿Con qué recursos piensa operar? ¿Cuántos elementos van a trabajar ahí? ¡Y si existe la viabilidad financiera para sostenerlo en el corto plazo que tiene la presente administración? y ¿Los planos del C5 contemplan reducir el espacio físico del Instituto Ilustre Veracruzano? y ¿Cuál es la razón de dicha invasión?

La diputada Patricia Rodríguez reiteró que es importante y de vital necesidad que sean aclaradas a la brevedad posible las irregularidades que se presentan en la obra en ejecución del C5.

Expresó que debe asegurarse que el Instituto Ilustre Veracruzano no pueda ser objeto de acciones que perjudiquen a su comunidad en lo referente a la infraestructura y bienestar social de la colectividad que estudia y trabaja ahí, dado que es y será siendo un enclave en la conformación de ciudadanos correctamente forjados intelectual y moralmente.

Fuente: Congreso del Estado


Exime FGE a cuatro policías señalados por desaparición forzada

14 febrero, 2018

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Cuatro de policías de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalados por desaparición forzada, testificaron en contra de exaltos mandos y fueron eximidos por la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En la audiencia de vinculación a proceso, que concluyó después de las cinco de la madrugada del miércoles, los servidores públicos otorgaron información para investigar la presunta participación del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; el exdirector de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado; el director de Fuerza Civil, Roberto González Meza y otros 16 elementos. 

La jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó auto de vinculación a proceso contra los 19 imputados por la presunta desaparición de 15 personas. 

La FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, prefirió no ejercer acción penal contra sus testigos, pese a que la Ley General de Desaparición Forzada -entró en vigor el 16 de enero de 2018- no contempla dicha situación.

El fiscal especializado Eduardo Coronel Gamboa justificó que los beneficios fueron concedidos a los cuatro testigos en diciembre del año pasado. 

Las cuatro declaraciones permitieron proceder legalmente contra 19 de los 31 presuntos implicados en las 15 desapariciones forzadas. 

La Jueza de Control autorizó cuatro de los seis meses que solicitó la Fiscalía de Veracruz para la investigación complementaria.

Lo anterior, con base en la causa penal 22/2018, donde se plantea que los policías y exmandos policiales ejercían una estrategia ilegal para la detención, tortura, interrogatorios y desaparición de personas presuntamente vinculadas con grupos de la delincuencia organizada. 

La Fiscalía General del Estado presentó 89 datos de prueba para acreditar la posible comisión del delito en agravio de 15 personas, entre ellos cuatro menores de edad.


Vinculan a proceso a 19 elementos y exelementos de la SSP de Veracruz

14 febrero, 2018

Adriana Muñoz Cabrera. Xalapa. Alrededor de las 5:30 a.m. de este miércoles, concluyó la audiencia única en su fase de vinculación, decretándose por el juez de control del Penal de Pacho Viejo, Alma Leida Sosa Jiménez, la vinculación a proceso de los 19 elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, entre estos al extitular de Seguridad Pública del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita así como a los exmandos policíacos de dicha dependencia en ese periodo, Roberto González Meza y José Óscar Sánchez Tirado, ratificándose la media cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de cuatro meses más para la investigación complementaria.

En la audiencia que comenzó desde las 11 de la mañana de ayer y duró cerca de 16 horas, Sosa Jiménez, desechó el argumento legal de la defensa jurídica de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, para declarar nula la audiencia de vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó el análisis de 89 pruebas incluidas en la carpeta de investigación del caso por el presunto delito de desaparición forzada del cual son acusados los tres mandos policíacos así como 16 policías estatales.

Debido a ello, la audiencia se prolongó por lo menos seis horas, lapso concedido a la defensa jurídica para la presentación de sus argumentos.


SSP, una academia de abusos y desapariciones durante el gobierno de Javier Duarte

14 febrero, 2018
Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Cecilia de la Cruz Luján fue una de las menores violentadas sexualmente por policías de las Fuerzas Especiales y de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
 
La joven de 17 años fue secuestrada el 13 de junio de 2013, junto con su novio Héctor Campos Cornelio, de 16 años, en la carretera Banderilla-Jilotepec, cerca de una gasolinera.
 
Ambos fueron llevados a una unidad habitacional conocida como “casas Homex”, cerca de la colonia Sumidero, en Xalapa.
 
Se trata de uno de los cinco lugares donde los policías llevaban a sus víctimas para interrogarlas, torturarlas y abusar de ellas sexualmente.
 
Los oficiales también contaban con una casa abandonada entre cañales de la localidad Pacho Viejo, municipio de Coatepec.
 
Utilizaban como interrogatorio el parque “La Herradura”, cuyo acceso se encuentra en la avenida Murillo Vidal; el predio “El Gallito”, en la desviación hacia el municipio de Jilotepec; y un camino que conduce a Cinco Palos, rumbo a Coapexpan.
 
Cecilia y su pareja fueron sometidas a tortura. Ella fue obligada a desnudarse y hacer sentadillas, para descartar que estuviese ocultando drogas.
 
Posteriormente, fue ultrajada por todos los elementos de la Policía Estatal que habían contribuido a su secuestro.
 
TOQUES ELÉCTRICOS A EMBARAZADA
 
Los servidores públicos recibían órdenes de sus “superiores” para violar, asesinar y desaparecer a hombres y mujeres sospechosos por su posible relación con grupos de la delincuencia organizada.
 
Lo anterior fue revelado en la audiencia de vinculación a proceso contra 16 policías en activo y tres exmandos policiales: Arturo Bermúdez Zurita, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Readaptación; y Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil.
 
Los datos de prueba de la causa penal 22/2018 exhiben que los elementos de la Fuerza de Reacción de la SSP recibieron instrucciones de altos mandos, mediante la clave 016.
 
En la sala 3 de juicios orales, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que entre las 15 víctimas de desaparición forzada en 2013, se encontraban dos mujeres: ambas de 17 años.
 
Los abusos fueron cometidos también a mujeres embarazadas. Una de ellas estaba a solo dos meses de dar a luz.
 
Se trata de la pareja del policía José Ulises Martínez Fernández, quien desapareció el 30 de abril de 2013.
 
Ella fue localizada dos días después de dicho acontecimiento, mediante el teléfono celular del desaparecido.
 
La citaban en una tienda “OXXO” de la avenida 20 de Noviembre, en la capital del estado.
 
Testigos protegidos refieren que la mujer fue intervenida por policías estatales. La llevaron a unos cañales, donde la sometieron con toques eléctricos y, posteriormente, abusaron de ella.
 
ZONAS DE LEVANTONES
 
El comandante Galindo estuvo al frente del grupo de la Fuerza de Reacción de la División de la Policía Estatal. En poco tiempo, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, alias “El Cyber”, lo sustituyó.
 
De acuerdo con otro testigo protegido, dicho comando laboraba 24 horas por otras 24 de descanso en un convoy, integrado por tres unidades. Recorrían Xalapa, Naolinco, Estanzuela, Coatepec, Xico y todos los municipios aledaños a la capital del estado.
 
Hacían revisiones en puentes, lugares altos, desviaciones y semáforos, como el de Plaza Crystal, donde frecuentemente había vigilantes, mejor conocidos como “halcones”.
 
Al menos 11 policías integraban ese grupo: Luciano Esquivel Martínez “El Lince”, Francisco Martínez Santiago “El Golpeador”; Silviano Martínez Rivera “El Escorpión”; Norberto Sánchez Benítez “La Momia”, quien era chofer de Trujillo Rivera; Nicanor Ixmatlahua Xotlanihua “El Quijamón”; Alberto Neri Campos Domínguez; Daniel García Gutiérrez “El Nariz”; Domingo Santiago “El Pedorrín”; Francisco Méndez Flores “El Paco”; Cirilo Hernández Ceballos; y Darío Arroyo Elizondo.
 
“El comandante Trujillo llevaba una lista de números de taxis y de nombres de personas que supuestamente andaban halconeando o vendiendo droga, mismos que obtenía de la gente que iba deteniendo o interrogando. Cuando deteníamos a estas personas el comandante personalmente revisaba sus teléfonos”.
 
“Si se les encontraba algún mensaje que halconeaban, sí ponían sobre aviso a algún contacto de la presencia de la Marina, El Ejército, o la misma Policía Estatal, la mayor parte de las veces subían al detenido a una camioneta y los trasladamos a alguno de los puntos que teníamos para realizar los interrogatorios”, añade.
 
Cuando eran interrogados los detenidos, Neri y Domingo “El Pedorrín” les pegaban. Silvano “El Escorpión” tomaba nota de todo lo que dijera el detenido.
 
15 LEVANTONES POR MES
 
Los sospechosos eran pateados, tableados y torturados con una chicharra eléctrica, mientras estaban esposados y una playera les cubría el rostro.
 
“Después de que el comandante Trujillo les sacaba la información, escuchábamos que le llamaba por teléfono al subdirector de Agrupamientos Operativos, José Oscar Sánchez Tirado o al comandante Arturo Guevara Paredes y algunas veces nos decía que le pedía instrucciones directamente a Arturo Bermúdez Zurita”.
 
El mismo testigo revela que Sánchez Tirado o Guevara Paredes daban la instrucción de soltar a las víctimas o entregarlas al grupo de Los Fieles.
 
Los sospechosos eran entregados debajo del puente de Las Trancas, localizado a la altura de la Central de Abastos; en la Academia de Policía de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata; y en un lugar conocido como “Capulín”, sobre la carretera Coatepec-Las Trancas.
 
“Cuando la instrucción era entregarlos en La Academia, se les entregaban a Los Fieles en la pista que se ocupa para entrenamiento de manejo y conducción. Pocas veces pusimos a los detenidos a disposición en el Cuartel San José, la mayoría de las veces los entregábamos a Los Fieles quienes tenían una base en la Academia de El Lencero, denominada El Bunker”.
 
El protegido solo pudo identificar a tres mandos de los Fieles: Roberto González Meza, mejor conocido como “Teniente Meza”; el comandante Roberto Carlos López Flores, alias “el Oso”; y Jaime Muños Dávila “el Apache”.
 
“Yo no identifico mucho a Los Fieles porque cuando iban por los detenidos por lo regular iban encapuchados y no convivían con nosotros. Ellos tenían mejores armas, mejores patrullas, pues las suyas eran camionetas Lobo y se sabe que ellos tenían compensaciones mucho mejores que los demás”.
 
Bermúdez Zurita, el “capitán tormenta”, participó en operativos especiales de revisión, sobre todo en antros y bares. Llegaba. En una camioneta Suburban y su escolta en un Charger.
 
En promedio, 15 personas eran detenidas al mes. De ellas, cinco acababan en la Academia de Policía.
 
“Yo recuerdo haber ido a la Academia para que se entregaran a unas cincuenta personas, hasta que estuve en el grupo. Es decir, entre 2012 y 2015. Cada grupo éramos 12 elementos. Los Fieles, La Frya y la P.E.A, en la Academia”.
 
El uniforme de los Grupos de Reacción era azul. Los policías portaban camisola, pantalón azul, rodilleras, fornituras, piernera, chaleco, coderas, casco, pasamontañas, lentes negros, arma corta 9 milímetros PX, fusil Galil para 35 tiros recortados y el logotipo formal de la división.
 
La Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, solicitó la vinculación a proceso de 19 de los 31 presuntos implicados en 15 desapariciones forzadas.