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Pedirán trabajadores del sector salud de Venezuela apoyo de la Iglesia

20 julio, 2018

Caracas. Los trabajadores del sector salud de Venezuela acordaron mantener el paro parcial de actividades en los hospitales públicos del país y organizar nuevas protestas para seguir exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales.

“Va a seguir la lucha (…) le pedimos al pueblo venezolano que se una a esta lucha”, dijo Verónica Martínez, vicepresidente de la sociedad de médicos del hospital José Ignacio Baldó en el oeste de Caracas, al término de una reunión entre representantes de varios hospitales, reportó el diario El Universal.

Indicó que las acciones acordadas por los trabajadores del sector no serán anunciadas todas, pero adelantó que el miércoles realizarán una caravana que llegará hasta las sedes de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) y a la Nunciatura Apostólica para pedirles apoyo en estos reclamos.

Martínez recordó que en los centros de salud que dependen del Estado los pacientes “se desnutren más” y “se nos están complicando” por la carencia de fármacos, el deterioro de la infraestructura y de los equipos, así como por el éxodo de empleados.

“Una enfermera cubre entre 20 y 30 pacientes”, dijo Martínez a la vez que reiteró el pedido al gobierno de permitir la apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en el país.

A su vez, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, señaló que son tres las exigencias del sector salud: dotación de los hospitales, “condiciones de trabajo dignas”, que incluya aumentos salariales, y el reforzamiento de la seguridad en los nosocomios.

“El paro continúa, no aceptamos las negociaciones”, dijo Contreras al criticar que el gobierno sostenga reuniones con sindicatos afines al chavismo y no con los representantes del gremio que protagonizan el conflicto laboral desde hace cuatro semanas.

Por su parte, el presidente de la sociedad de médicos residentes del hospital, Alonso Quevedo, llamó a sus colegas a protestar el lunes en las entradas de todos los centros de salud públicos “en función de la reivindicación laboral”.

El gremio venezolano de enfermeras cumple este viernes 27 días en huelga, la más larga de su historia, exigiendo no solo aumento de salarios, sino dotación en los hospitales públicos donde trabajan, en los que a la escasez de medicinas ahora se añade el fallo sistémico de servicios públicos como agua y electricidad.

El paro comenzó el domingo 24 de junio entre el personal de enfermería de dos de los hospitales públicos más grandes de Caracas: el Clínico Universitario y el José Ignacio Baldó (mejor conocido como ‘El Algodonal’), al igual que en los principales centros de maternidad de la capital, la Concepción Palacios y el Pastor Oropeza, conocidos como la maternidad de Caricuao.

En menos de dos días se unieron las enfermeras de 20 estados del país, con protestas activas y en la calle en los estados de Zulia, Carabobo, Monagas y Mérida.

El Colegio de Enfermeros de Caracas aseguró que al paro se ha sumado el personal de los 25 hospitales públicos más grandes del país, donde las enfermeras están ayudando estrictamente en las áreas de emergencia.

Fuente: Notimex


Definido, fórmula para pago de fideicomiso a trabajadores de Mexicana de Aviación

16 julio, 2018

México. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, presenció la firma del documento que define la fórmula para pagar lo que corresponde de un fideicomiso a trabajadores de Mexicana de Aviación.

“El resultado de este trabajo se debe al compromiso de ustedes, a la voluntad para construir este acuerdo; es una respuesta a sus exigencias de tanto tiempo”, dijo Campa Cifrián en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), durante la firma con la que se avanza en el pago de las demandas legítimas de los trabajadores.

En un comunicado, se precisó que las asociaciones sindicales de Sobrecargos de Aviación de México, Pilotos de Aviadores de México, Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano y de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares realizaron este acto.

Lo que se hizo fue definir la fórmula para dispersar los recursos que se encuentran depositados en el Fideicomiso 2100 Mexicana MRO y así pagar un porcentaje de lo que corresponde a los trabajadores de Mexicana de Aviación.

El monto del acuerdo proviene de la venta de nueve aviones y 20 motores de aeronaves que equivalen a poco más de 11 millones de dólares, para el beneficio de siete mil 39 trabajadoras y trabajadores de la extinta empresa Mexicana de Aviación, quienes recibirán una parte proporcional de la liquidación que les corresponde por sus servicios prestados a la empresa.

En su intervención, Alejandra Negrete Morayta, procuradora general de la Profedet, dijo que el acuerdo será presentado al Comité Técnico del Fideicomiso para que, de manera inmediata, sea votado y puedan dispersarse los recursos lo antes posible.

“Se presenta fórmula de dispersión, el pago de tres meses de salario, más 20 días y más otros 12 días de salario ordinario y la cláusula de jubilación de retiro, que ya fue aplicada al listado que presentaremos. Aunado a ello quisiéramos hacer un reconocimiento muy puntual por haber llegado a este acuerdo”, comentó.

Por su parte, Claudia Estela Rosales Quijas, representante de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, agradeció a nombre de su organización el esfuerzo que han hecho por la paciencia, la tolerancia, las alternativas que se les dieron.

El representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, Marco Calva Pimentel, reconoció el esfuerzo de la Secretaría del Trabajo por medio de la Profedet y de los mediadores para llegar al acuerdo.

“Si no es por la voluntad de todos los compañeros, no estaríamos logrando este acuerdo”, resaltó.

Rafael Gutiérrez Barajas, representante de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, reconoció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha caminado junto con ellos en esta intermediación para que se pudiera establecer la fórmula de pago.

Ricardo Martínez Rojas, mediador y experto en derecho laboral, indicó que hubo mucha cordialidad, todo tienen intereses distintos, pero al final hubo una gran capacidad de entender que si no se hacía con ciertas concesiones, cediendo algunos puntos, era imposible. “Lo único que venimos aquí es a colaborar y podemos decir gracias por permitirnos ayudar un poco”.

Finalmente, el mediador Antonio Prida Peón del Valle aseguró que “con madurez se logró llegar al acuerdo en beneficio de los agremiados. Y creo que pone este medio pacífico alterno de solución de controversia y conflictos. Nos sentimos muy satisfechos”.

Fuente: Notimex


Proponen prohibir que trabajadores sean obligados a firmar documentos en blanco

14 julio, 2018

México. El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez propuso que se prohíba que los trabajadores sean obligados a firmar documentos en blanco o sin fecha determinada, que les implique renuncia de derechos o imposición de obligaciones.

En su iniciativa que incluye reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Código Penal Federal señaló que los casos de ese tipo representan más del 40 por ciento de las contrataciones, principalmente en empresas que operan en el esquema de subcontratación.

En ese sentido, destacó la importancia de adecuar la legislación laboral y penal, a fin de garantizar los medios probatorios adecuados en caso de que los trabajadores sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria.

Asimismo, incluyó responsabilidades y sanciones para los patrones que incurran en esas prácticas y adecuar el marco jurídico penal en materia de falsificación de documentos, para clarificar y hacer explícitos esos supuestos.

La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente adiciona un párrafo al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que un trabajador pueda acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho.

Esas instancias conservarán en secreto dicha acusación, y en caso necesario se aportará como elemento probatorio preconstituido, mientras que la Junta de Conciliación y Arbitraje realizará las pruebas grafotécnicas idóneas para determinar la validez del documento previo a su ratificación.

El legislador por Baja California propone adicionar un párrafo al artículo 1006 de la LFT, para considerar como documentos falsos, aquellos que, a petición del patrón, hayan sido firmados en blanco o sin fecha determinada por el trabajador.

Además, propuso sanciones para los patrones de seis meses a cuatro años y multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivar de estos hechos.

La propuesta se turnó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y precisa modificar las fracciones segunda de los preceptos 244 y 245 del Código Penal Federal, para incluir el término empleo como otro elemento que se afectaría por la firma de un documento en blanco durante la contratación.

“Es urgente prohibir en la legislación laboral estas prácticas, establecer garantías para que los trabajadores denuncien abusos de este tipo, sin poner en riesgo su contratación y sancionar a los patrones que, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de quienes solicitan empleo, incurren en este delito”, indicó.

Fuente: Notimex


Pago de pensiones de la Generación de Transición finalizará hasta 2080

11 julio, 2018

México. En el antiguo sistema pensionario en México, las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, este sistema concluyó en 1997, cuando se llevó a cabo una reforma profunda, no obstante, los trabajadores identificados como la Generación de Transición, conservarán los beneficios hasta 2080.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explicó en su blog que en julio de 1997, se realizó una reforma profunda al sistema público de pensiones, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que migró el antiguo esquema pensionario de beneficio definido a uno de contribución definida.

Detalló que la reforma no sólo modificó la forma como se determinan los beneficios de pensión, también redefinió la fuente de su financiamiento donde las cuentas individuales son administradas por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos de retiro (Afore).

No obstante, al momento de pensionarse, los trabajadores pertenecientes a la Generación de Transición pueden elegir la pensión que más les convenga, entre la que alcancen con el saldo de su cuenta individual, conforme lo establece la Ley 97, y la que les correspondería de acuerdo con el beneficio definido en la Ley 73.

La comisión destacó que por ello, el gasto público por pensiones seguirá creciendo durante las siguientes décadas, principalmente por el pago de estas pensiones que serán mucho mayores que las de la Generación Afore, no porque hubiesen aportado más para su pensión, sino por los beneficios altamente subsidiados que ofrece la Ley 73, mismos que están siendo pagados con impuestos generales.

Refirió que al cierre de 2016, la Base de Datos Nacional del SAR reportaba más de 20 millones de trabajadores que pertenecen a la Generación de Transición.

La edad promedio del grupo es de 52 años, los miembros más jóvenes de esta generación tienen sólo 35 años, por lo que es previsible que en las siguientes tres décadas se genere un número creciente de pensiones al amparo de la Ley 73.

Estas pensiones son financiadas por el Gobierno Federal y pagadas a través del IMSS, quien las registra bajo el concepto de “pensiones en curso de pago”.

De acuerdo con un informe del IMSS, el gasto en que incurrirá el Gobierno Federal derivado de financiar las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 73, para 2017, será de 221 mil millones de pesos, lo que equivaldrá a 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), agregó.

Este gasto llegaría a triplicarse en términos reales para 2040, alcanzando los 715 mil millones de pesos. Si se supone un crecimiento real del PIB del 2.0 por ciento, el gasto anual en pensiones derivadas de la Ley 73 alcanzaría el 2.2 por ciento, en 20 años.

Fuente: Notimex


Conciliación y Arbitraje ha atendido más de cinco millones de casos en actual administración

21 junio, 2018

México. El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), José Francisco Maciel, dijo que en la actual administración se han atendido más de cinco millones de asuntos vinculados con la clase trabajadora y las repercusiones económicas en su beneficio alcanzan los 149 mil millones de pesos.

Sobre la carga de trabajo de la JFCA, expuso, es que en el plano individual actualmente se tramitan más de 429 mil asuntos, y que en esta instancia jurisdiccional se ha trazado cuatro objetivos en materia de consolidación de paz e impartición de justicia laboral de lo que va del presente sexenio.

En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde estuvieron presentes el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández y Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comentó que estos objetivos se cristalizan sobre todo en dos aspectos.

Sobre ellos destacó la conservación de la paz laboral, a partir del respeto irrestricto, total, pleno del ejercicio de los derechos de los trabajadores, tanto en el ámbito colectivo como individual, privilegiando la conciliación y aprovechando la disposición de las partes para encontrar en los acuerdos, en la conciliación, en la negociación legítima la mejor forma de solución de los conflictos laborales.

Por otro lado, agregó, se encuentra la justicia social, que se vincula no nada más con aspectos estrictamente laborales, sino también con cuestiones relativas a seguridad social, a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia, derechos pensionarios y también, por supuesto, en materia habitacional.

En materia de consolidación de la paz laboral, refirió que en lo que va del sexenio sólo se han presentado 22 huelgas, que representarían una quinta parte de lo que aconteció en la administración inmediata anterior y comparativa con los otros sexenios, desde que se tiene registro, sin duda, es el mejor resultado que se ha obtenido.

Lo que se ha priorizado durante esta administración es que sin restricción alguna se respete el derecho a la huelga, la negociación colectiva, la conciliación y al deseo de las partes por privilegiar la conciliación para encontrar la mejor solución a los conflictos, subrayó.

Estas 22 huelgas, refirió, se vinculan con 41 mil 552 emplazamientos a huelga, es decir, que representan 0.05 por ciento del total que se han presentado, e hizo notar que de esos emplazamientos, prácticamente 55 por ciento tienen que ver con firma de contrato colectivo de trabajo, y 22 por ciento con revisión del contrato colectivo, del contenido de su clausulado, del conjunto de prestaciones previstas.

Así como 20 por ciento con las revisiones salariales, casi tres por ciento con algún cumplimiento o incumplimiento que se estime que se produjo con relación a alguna prestación o conjunto de prestaciones contenidas en contratos colectivos de trabajo; y 0.1 por ciento en otros casos, como por ejemplo reparto de utilidades.

Manifestó que en todo momento se ha respetado plenamente el ejercicio del derecho a la huelga, pero lo que se ha privilegiado, lo que ha prevalecido es la conciliación como la mejor forma y el medio más eficiente para la solución de los conflictos”.

Hizo notar que de las 22 huelgas iniciadas, sólo subsisten tres que corresponden a la presente administración, y “únicamente contamos con 12 huelgas vigentes, es decir, nueve que corresponden a otras administraciones y sólo tres a la presenta gestión”, precisó.

Los resultados que se han obtenido en materia de paz laboral podrían reflejarse en estas líneas de tiempo: “En un primer punto: el mejor resultado que se ha obtenido en la historia de México, que serían 35 meses consecutivos sin estallamiento de huelga, no obstante que hubieron 22 mil 441 emplazamientos de 2013 al 30 de septiembre de 2016.

Un segundo periodo de 15 meses ininterrumpidos sin huelgas iniciadas, que comprende de marzo de 2017 a la fecha, destacando que en ese segundo periodo se han atendido ocho mil 122 emplazamientos a huelga, de los cuales dos mil 205 corresponden a lo que va de 2018.

En 2013 se tenían 26 huelgas estalladas, recordó, lo cual implica que al tener a la fecha únicamente 12 huelgas estalladas por resolver, la Junta Federal ha solucionado más de 50 por ciento, casi todas derivadas de las administraciones anteriores.

Insistió en que de las 12 huelgas que aún subsisten, solamente corresponden tres a la presente administración, las demás datan de años y de ejercicios anteriores, y resulta importante destacar que una de las huelgas resueltas era la más antigua, que tenía más de 20 años en trámite y por fin alcanzó solución.

Para la atención de asuntos se han implementado cinco acciones estratégicas, explicó, entre estas el compromiso del personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la honestidad, el desempeño del servicio público, honorable, profesional con una vocación de servicio plena.

Además, dijo, la coordinación interinstitucional con aspectos como seguridad social; el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas, así como el uso de las video-audiencias en materia pericial y finalmente, la modernización de los procesos de impartición de justicia laboral.

Puntualizó que entre los resultados alcanzados están la consolidación de la paz laboral; el alcance cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos con relación a la impartición de justicia y las repercusiones económicas que esta actividad de la Junta ha tenido en beneficio de la clase trabajadora.

Asimismo, los resultados que se han alcanzado desde la perspectiva de datos duros y las estrategias que se han establecido para llegar a estos resultados, pero sobre todo también para asegurar la mejora continua, finalizó.

Fuente: Notimex


Pide Regidora a Hipólito escuchar quejas de trabajadores del Ayuntamiento

21 mayo, 2018

Alejandra Huerta. Xalapa. La regidora Luiza Angélica Bernal Velázquez pidió al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y a la síndica Ivonne Cisneros Luján que escuchen las denuncias y quejas de los trabajadores de ejecución fiscal.

Comentó que han sido aislados de su área de trabajo, lo que no concuerda con su discurso, pues discrimina a los empleados.

“Yo creo que los debe de escuchar, que les abra las puertas. Yo creo que realmente deben de ser tomados en cuenta como se nos prometió”.

La edil capitalina lamentó que se sigan dando estos casos en diversas áreas municipales, agregando que se deben de establecer mesas de diálogo para llegar a acuerdos que convengan a ambas partes.

“Es lamentable que semana con semana llegamos y vemos este tipo de manifestaciones que, repito, son legales; sin embargo, no deberían de existir si estuviéramos haciendo bien nuestro trabajo”.

En ese sentido, lanzó un exhortó al alcalde capitalino para que sea abierto e instruya a su personal a tratar con respeto a los trabajadores, pues, dijo, no es la primera vez que sucede un caso así.

Cabe mencionar que la Regidora ya se había posicionado al respecto, denunciando que no sólo hay este tipo de acoso y hostigamiento laboral en el área de Tesorería, sino también en Protección Civil.


El 60% de las empresas no pagaría utilidades a trabajadores

17 mayo, 2018

Arturo Arellano. Xalapa. El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Libreros Cobos, señaló que sólo restan 14 días disponibles para el pago de utilidades de parte de las personas morales, en caso de generar tales prestaciones.

“A más tardar el 31 de mayo se vence para personas morales. Quienes presentaron su declaración el 31 de marzo tienen dos meses, 60 días, para pagar el reparto de utilidades y al momento no hemos reportado ningún tipo de problemática, ni se han acercado con nosotros”, enfatizó el dirigente empresarial.

Por lo anterior, calculó que entre un 60 a 70 por ciento de las empresas no repartirán utilidades, “porque no las tuvieron”, afirmó.

En todo caso, los patrones cuentan con la opción de firmar convenios por medio de la gestión de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), para solventar dicho requerimiento.

“Muchas empresas no obtuvieron utilidades, pero las que obtuvieron van a cumplir cabalmente con su obligación y en caso de no poder hacer, para eso está el acercamiento y cumplir poco a poco con la obligación”, señaló.

Negó que en lo tocante al ejercicio 2017, se hayan establecido convenios de empresas con trabajadores.

“No es que la empresa no quiera pagar, pero no tiene la posibilidad de hacerlo”, afirmó.

“La situación económica del año pasado no fue muy boyante que digamos, se empezó a componer a finales del año y no creo que haya repuntado mucho”, expresó.

“Aquí en Xalapa dependemos un 80 por ciento del aspecto gubernamental municipal, estatal o federal, porque es una ciudad en donde se realizan muchos trámites, dependencias y mucha gente trabaja en los 3 niveles de gobierno”, finalizó.

Añadió el hecho de que tanto el Gobierno del Estado, como el municipal de Xalapa, realizaron recortes a su nómina y por lo tanto, ello impactó en el sector servicios de la capital.


Trabajadores de CMAS piden respeto a su contrato colectivo

6 mayo, 2018

Alejandra Huerta. Xalapa. Los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Xalapa, han solicitado se les respeten algunos punto de su contrato colectivo, principalmente en herramientas de trabajo y uniformes.

El regidor encargado de la comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarilla, Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, expuso que, entiende la demanda de los empleados municipales, sin embargo no es con él con quien se deben de dirigir para darles una respuesta positiva a sus demandas.

“Yo no me puedo sentar en una mesa de dialogo para asuntos laborales con ellos; yo formó parte del Órgano de Gobierno pero no formó o tengo la facultad de inmiscuirnos en las partes laborales, eso lo decide el sindicato con la entidad en su conjunto a través de su director”.

El edil capitalino, enfatizó que él ha tratado que se cumpla con todo lo establecido en el contrato colectivo, sin embargo dijo, hay algunas demandas que no se han cumplido en un cien por ciento, causando la molesta del sector trabajador.

“Yo creo que es ahí de dónde venga la molestia, son apoyos extras que no se pagaron, pero pues bueno, queremos insistir en que está administración debe de ser transparente, austera con la gestión de los recursos, y nuestra propuesta fue hacer de este gobierno de honestidad y lo tenemos que cumplir”, refirió.

Cabe mencionar que el sindicato del organismo operador en Xalapa está emplazando a huelga porque no se les ha cumplido con su demanda en el contrato colectivo, además de que no se han respetado algunos de sus puntos.


Reporta IMSS mayor registro de trabajadores de la construcción

4 mayo, 2018

Arturo Arellano. Xalapa. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Antonio Benítez Lucho, destacó que en corte del pasado 20 de, el Seguro Social reportó el registro de 7 mil trabajadores.

Del total de derechohabientes, la industria de la construcción aporta más del 40 por ciento de los empleos en la Delegación Veracruz Norte.

“Al 20 de abril andábamos como 7 mil nuevos trabajadores afiliados en toda la delegación. Lo que más se incrementa es en el ramo de la industria de la construcción, hablamos de un 40 por ciento” expresó.
 
Además aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no va a “desaparecer” como se afirma en redes sociales.
 
El funcionario señaló que estas afirmaciones son opiniones perversas y que de ninguna manera están sustentadas.
 
“Claro que no, el Seguro Social es una gran fortaleza para los trabajadores y hay a veces gente que de manera perversa opina pero el IMSS es una de las instituciones tripartitas en donde aportan los patrones, los trabajadores y el Gobierno federal” abundó.

Población migrante temerosa de denunciar crímenes por riesgo a deportación

3 mayo, 2018

Nueva York. El miedo a la deportación entre la población migrante sin documentos en Estados Unidos evita que se denuncien crímenes, lo que afecta de forma negativa la seguridad pública de este país, apuntó la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).

En un informe difundido este jueves, la ACLU destacó que el miedo a la deportación impide además que los migrantes participen en los procedimientos judiciales debido a que menudo son arrestados por agentes de inmigración dentro de las cortes.

Titulado “Congelando la justicia: cómo los arrestos de inmigrantes en las cortes socava el sistema de justicia”, el informe está basado en una encuesta nacional de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y otros.

La encuesta demuestra que las detenciones en los tribunales y el temor general a la deportación afectan la capacidad del sistema de justicia para operar de manera justa y proteger la seguridad pública.

El 67 por ciento de los oficiales de policía encuestados informaron que las detenciones en tribunales tienen un impacto en su capacidad para proteger a los sobrevivientes de delitos en general, en tanto que 64 por ciento informó un impacto adverso en la seguridad de los propios agentes.

Del mismo modo, los fiscales encuestados informaron que los crímenes como la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata de personas eran más difíciles de investigar y enjuiciar porque los inmigrantes sobrevivientes de crímenes temían las consecuencias si los denunciaban.

La encuesta también encontró que 54 por ciento de los jueces que participaron en esta encuesta informó que casos judiciales se interrumpieron debido al miedo de inmigrantes sobreviviente de un delito a comparecer ante un tribunal.

“Los arrestos en los tribunales amenazan los derechos constitucionales de los inmigrantes y hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo Sarah Mehta, investigadora de derechos humanos de ACLU y autora del informe.

Mehta añadió que cuando los miembros de la comunidad tienen miedo de pedir ayuda, y de ir a la corte e informar sobre crímenes a la policía, la seguridad pública se ve afectada.

“Los tribunales deben ser accesibles para todos los miembros del público, independientemente de su estatus legal, para que el sistema de justicia sea significativo y eficaz”, añadió la investigadora.

Desde que el presidente estadunidense Donald Trump asumió el cargo, los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ampliaron su presencia en los juzgados de todo el país.

Tal como lo documenta el informe, los reportes de arrestos en cortes en todo el país y la intensificación de la aplicación de leyes de inmigración en la comunidad en general impiden que los inmigrantes busquen justicia.

Algunos incidentes citados en el informe incluyen la decisión de 13 mujeres en la ciudad de Denver de no seguir casos de violencia doméstica luego de la difusión de una cinta de video de agentes de ICE esperando en el pasillo de un tribunal para realizar un arresto.

Además, en un tribunal en el condado de El Paso, Texas, agentes de ICE arrestaron a una mujer transgénero indocumentada mientras buscaba una orden de protección contra su novio abusivo.

Asimismo, en un tribunal familiar en el condado de Oakland, Michigan, un padre indocumentado fue arrestado por agentes de la CBP cuando compareció en una audiencia para solicitar la custodia de sus hijos, quienes corrían peligro debido al violento novio de su exesposa.

Fuente: Notimex