20 millones no tienen acceso a servicios de salud

CDMX/AlmomentoMX. La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Miroslava Sánchez Galván (Morena), expresó que en México hay 20 millones de personas que no tienen acceso al IMSS, ISSSTE ni Seguro Popular.

Lo anterior, durante la mesa 6, “Transparencia, fiscalización y evaluación del nuevo sistema de salud”, como parte de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la Creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La legisladora se manifestó por apostarle a que haya un registro muy puntual, no sólo de los ciudadanos que acuden a consulta o atención médica de primer, segundo o tercer nivel, sino uno de enfermedades, pues también existe un subregistro de padecimiento en cada uno de los niveles y eso dificulta tener un diagnóstico preciso en el país sobre la salud.

Sánchez Galván pugnó por registrar las acciones de promoción y de educación para la salud, con la finalidad de “asegurar que el Insabi cumpla con su función de atender bien a la ciudadanía”. Además, el instituto debe incluir a los más vulnerables y personas LGBTTT. “Hay que asegurarnos que eso ocurra”.

Detalló que en el trabajo que se hará para crear el Insabi, se tienen que separar los temas de transparencia, fiscalización y evaluación. “Hay que ser cuidadosos de no cometer los mismos errores y ser precisos de cómo evitar actos de corrupción. Es vital la centralización de la salud, lo que podría eficientar el servicio. La Auditoría Superior de la Federación nos puede apoyar en esa labor”.

La evaluación, expuso, debe ser parte de la planeación; es decir de cómo se armará el proyecto del instituto, como parte de un proceso. “Se debe ver puntualmente y a detalle cada aspecto; lo vamos a trabajar en la comisión y lo que sea viable quedará en la ley o decreto y lo que no, deberá ir a los reglamentos y la normatividad; no hay que dejar cabos sueltos”.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal aseguró que el Seguro Popular “no fue creado corrupto”, pues fue un sistema bien aplicado, en el que hubo personas corruptas que lo manejaron; gracias a sistemas como el Seguro Médico Siglo XXI la atención médica llegó a poblaciones indígenas y se redujo la mortandad infantil.

Dijo desconocer qué pasará con la rectoría de la salud cuando un estado no se adhiera a este sistema, especialmente en aquellos que han logrado bueno resultados en la disminución de casos de muerte materna, mortalidad infantil y tienen buenos indicadores de vacunación.

Del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba mencionó que es necesario conocer cuáles son los accesos efectivos a la atención médica que plantea el nuevo modelo, pues hay comunidades a las que es difícil de llegar. “El Seguro Popular cubre más de 17 millones de personas en zonas rurales y el 70 por ciento de las localidades en el país”.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Antonio Centeno Reyes, apuntó que en el nuevo sistema de salud existen dos puntos estratégicos: poner a la persona en el centro de todas las decisiones y planear a largo plazo, “no más política instantánea”.

Planteó optimizar las estrategias financieras, mejorar los planes educativos, fiscalizar el uso de recursos, resultados y compras, así como reformas legales y políticas públicas de mayor alcance. Sólo así, se revertirá el fracaso histórico del país por no garantizar ese derecho.

Afirmó que los empresarios se suman a lograr este objetivo, cuidar que en centros de trabajo se mantenga la seguridad y calidad, y contribuir al presupuesto en salud mediante el pago de impuestos que les corresponden.

Marcos Cantero Cortés, titular de la Unidad de Análisis Económico   de la Secretaría de Salud, subrayó que el principal reto e indicador más relevante para medir la transformación del sistema, es analizar la gratuidad bajo la óptica del gasto de bolsillo en salud, en particular de las familias en los deciles de ingreso más bajo en los municipios y localidades con mayor rezago.

Propuso ampliar la visión de la evaluación y considerar el acceso efectivo a los servicios y medicamentos, reducir tiempos de espera a consultas y ampliar el número de médicos y camas de hospital.

De la dirección general de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, Alejandro Vargas, dijo que la dependencia ha perdido rectoría en el sector, debido a que el Seguro Popular se creó como un sistema de financiamiento y se convirtió en un mecanismo alterno que recibía la mayor parte de los recursos, cuyos manejos estaban más ligados a un esquema de financiamiento que a la prestación de servicio.

Por ello, mediante la reforma a la Ley General de Salud que analiza esta comisión, por la cual se busca crear el Instituto de Salud para el Bienestar, se debe recuperar la rectoría de la secretaría del ramo en los temas de prestación de servicios y financiamiento; garantizar que los recursos lleguen a las dependencias estatales y establecer políticas para devolverle la responsabilidad de gasto y rendición de cuentas.

César Cruz Santiago, de la secretaría técnica de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, del Consejo de Salubridad General, señaló que la certificación debe abarcar desde el primer nivel de atención con el objetivo de fortalecerlo.

Se debe garantizar la excelencia mediante esa certificación y contar con herramientas, como el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, anteriormente conocido como Cuadro Básico y Catálogo de Insumos, fundamental para la eficacia, pues contiene 14 mil 599 claves, que representan dos mil 996 insumos, de los cuales, mil 865 son medicamentos.

La directora general de Evaluación de Desempeño en la Secretaría de Salud, Elsa Ladrón de Guevara Morales, afirmó que este cambio de visión busca incorporar no sólo procesos de evaluación externa a los programas y servicios de salud, sino también de autoevaluación. Precisó que son mecanismos mediante los cuales se puede tener la certeza de que las políticas, programas y acciones realmente contribuyan con los objetivos y los propósitos para los que fueron postulados.

Mencionó que, desde el inicio de este periodo se realiza una evaluación diagnóstica para ver si el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos realmente correspondía a las necesidades de la población.  “Se encontró que muchas unidades de salud no tienen ni siquiera los servicios básicos como agua y drenaje; muchas no cuentan con médico o enfermera, y por lo menos el 20 por ciento de las unidades se encuentran deterioradas”. Aseguró que todas las acciones que se realizan en términos de diagnóstico y de propuestas organizativas y de modelo de atención lo va a operar el Insabi.

Luis Felipe Abreu Hernández, consejero editorial de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMEFM), aseguró que de persistir en el modelo actual de salud se presentarán gastos catastróficos para México, derivados de enfermedades crónicas, como la diabetes y cardiacas.

Precisó que el modelo actual fue creado para una población joven, además que la división del trabajo era muy sencilla. “Este diseño funcionaba bien porque sólo una minoría era turnada a los hospitales, pero el envejecimiento de la población, la morbilidad y la confluencia de varias enfermedades en un solo paciente aumentó”.

La enfermera Martha Medina Gómez, trabajadora con 28 años de servicio en el IMSS, lamentó que su sector ha sido excluido cuando se trata de hablar de las jornadas de atención directa a pacientes y derechohabientes; además, enfatizó, la sociedad en general ha contribuido en la deshumanización al ver a los enfermos sólo como estadísticas y a sus padecimientos como un gasto”.

Luis Adrián Quiroz Castillo, cofundador de la asociación civil Red de Acceso, señaló que es necesario garantizar el derecho a la salud y afirmó que en el país se discrimina al cien por ciento a todas las personas que no están afiliados a ningún tipo de seguridad social, ya que se tienen diferentes niveles de atención. “Es inadmisible que en el Estado mexicano a sabiendas de este proceso, se siga discriminando porque no contamos con una cartera de servicios igualitarios para todas las personas”.

Subrayó que no se puede hablar de mejorar el sistema de salud sin contemplar a quienes les afectará este proceso. Celebró el combate a la corrupción, pero “preocupa la manera como se está haciendo la compra de los insumos para la salud, cómo está la distribución de los fármacos y cambio al tratamiento de los enfermos con VIH. Además, se ha dejado de diagnosticar en el país, a más de dos mil 500 personas con VIH por falta de apoyos y el Estado aún no llega a usuarios de drogas inyectables, hombres y mujeres trans, y de estos, quienes son trabajadoras sexuales, así como las personas privadas de la libertad.

Janet Oropeza Eng, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, expresó que es necesario un aseguramiento universal, pues el Seguro Popular representaba un esquema limitado que no cubre a todos los padecimientos y no garantizaba el acceso a la salubridad para las personas. Además, en los últimos años hubo problemas de irregularidades y desvíos en las entidades federativas de los recursos del Seguro Popular.

Consideró importante tomar en cuenta las lecciones aprendidas sobre los temas de fiscalización y control del Seguro Popular para el nuevo esquema. La iniciativa centraliza funciones de provisión en el nivel federal, pero “esto no asegura un mayor control o disuasión de la corrupción; es decir, la centralización por sí sola no va a resolver los problemas de corrupción o de rendición de cuentas que había. Es vital, establecer un esquema fuerte de rendición de cuentas, transparencia, control y fiscalización de los recursos públicos en áreas de riesgo como las contrataciones, compras e integración de padrones de derechohabientes”.

María Teresa Soriano Ibarra, de la Asociación Mexicana para la Prevención y Atención en Salud, consideró necesario que en este sistema se cuantifiquen de forma adecuada el número de infecciones asociadas a la atención a la salud de nuestro país, se destine un presupuesto específico para su prevención, atención, y evalúen los resultados de los programas implantados y el destino de los recursos destinados para ello.

Agregó que las infecciones deben incluirse en la Ley General de Salud. “Es importante la implantación de acciones concretas por parte del Insabi para tener un registro de estas infecciones y transparentar el uso de los recursos públicos que se destinen para su prevención”.

De la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, Héctor Arreola Ornelas manifestó que sigue habiendo un aumento del número de pacientes que no reciben su tratamiento y regresan a sus casas, y los medicamentos que requieren en el peor de los casos ellos mismos los tienen que pagar debido a que no se les proporcionaron.

Señaló que en lo referente a la transparencia, supervisión, control y fiscalización de los recursos del nuevo sistema de salud no se modifica y no se tiene nada nuevo sobre fiscalización en esta iniciativa de ley, lo cual es un tema importante.

Janet García, investigadora docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, indicó que es prioritario evaluar la promoción y participación en la salud mediante una estrategia pública que sume a la comunidad, para empoderarla y cambie sus hábitos de vida de forma integral, a fin que las tasas de incidencia de enfermedades bajen.

Recomendó medir el impacto y resultados de las acciones en los pacientes y especialistas médicos, a través de metodologías simplificadas y sistematización de la evaluación, para conocer la efectividad y rentabilidad social de las nuevas medidas que se establecerán en salud.

Cristofer Merlos Montes, director de Afiliación y Operación del  Seguro Popular de Querétaro, sostuvo la necesidad de que el gobierno mexicano cambie el enfoque de salud y destine el 7 por ciento del PIB al presupuesto del sector. “No podremos hablar nunca de cobertura universal mientras no se asignen más recursos”.

Argumentó que el Seguro Popular ha evitado que los afiliados eroguen dinero para atender enfermedades graves, incluidas en el catálogo del fondo de gastos catastróficos.

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