Senado impulsa dar incentivos fiscales a empresas que contraten a reos 

Ciudad de México.- El Senado de la República realizó el foro «Trabajo Penitenciario, la importancia de su regulación para una efectiva reinserción social», donde se destacó la necesidad de dar mayor certeza jurídica e incentivos fiscales a las empresas que participan en esta labor para dar empleo a la población carcelería del país.

Durante el foro, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Israel Zamora Guzmán, expuso que el marco jurídico actual del país impide sobrepasar la barrera que existe entre las personas presas que cometieron un delito y su reinserción social.

El legislador del PVEM dijo que debe crearse un orden jurídico que genere mayor certeza y otorgue incentivos fiscales a las empresas que participen junto con el Estado en este rubro.

Además, propuso ofrecer un contrato a los internos que realicen trabajo productivo, permitirles tener cuentas de ahorro y posibilitar el envío de dinero a sus familias, entre otras condiciones para acceder a una reinserción adecuada.

En el artículo 18 de la Constitución se establece que a través del trabajo, el respeto a los derechos humanos de los procesados, el deporte, la capacitación, la salud y la educación, se puede lograr que estas personas se reinserten en la sociedad.

El trabajo penitenciario productivo es fundamental para lograr una reinserción adecuada: «Considero que debe ser voluntario, y nunca obligar a una persona a realizar esos trabajos», comentó.

Explicó que el trabajo penitenciario debe permitir a las personas hacer frente a las necesidades personales, cubrir el sustento de sus familias y obtener recursos para cubrir la reparación de los daños ocasionados.

Entre los beneficios del trabajo penitenciario, el senador enlistó: otorga autonomía económica, evita el desamparo de las familias, permite a estas personas afrontar sus responsabilidades frente a la sociedad, fortalece su autoestima, genera alivio durante el encarcelamiento e inhibe la reincidencia.

Corina Giacomello, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), detalló que 95 por ciento de las personas privadas de la libertad son hombres, de este porcentaje, 89 por ciento tienen entre 18 y 49 años, es decir, están en edad productiva. Además, 83 por ciento tienen hijos menores de edad.

Dijo que en México existe 96 por ciento de impunidad, por lo que quienes están en la cárcel son personas pobres que cometen delitos menores, como posesión de drogas y robos pequeños.

Wendy Balcazar, miembro de la asociación civil La Cana Productos con Causa, dijo que actualmente más de 250 mil personas están en alguno de los 380 centros penitenciarios del país. De estos, más de 104 mil no han sido sentenciados.

Refirió que el trabajo penitenciario requiere un análisis puntual sobre su reglamentación y organización, porque tiene aspectos particulares que están pendientes de normar, por ejemplo, si debe existir una relación laboral, las condiciones de trabajo, el acceso a seguros y prestaciones, y la administración de las ganancias y salarios, entre otros.

En el foro también se analizaron temas como: la perspectiva de género en la ejecución de penas, mecanismos para la formación de hábitos laborales en las personas privadas de la libertad, industria penitenciaria, la importancia de regular el trabajo penitenciario en México, y la participación del sector privado en la generación de trabajo penitenciario, entre otros.