Aún se le puede fincar responsabilidad a Pepe Mancha: Orfis

diciembre 7, 2018

Xalapa, Ver.-  El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) está a la espera de que el Órgano de Control del Congreso local, determine la validez  en la aprobación del dictamen de la Cuenta Pública 2017, en la que los diputados locales “solventaron” las observaciones de daño patrimonial, previo a someter a votación del pleno el documento final, por más de 300 millones de pesos.

De eso depende de que investigue a exfuncionarios de 40 municipios y algunos entes como la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, que reportaron daño grave en el manejo de los fondos. Dentro de esas observaciones que se solventaron están las empresas de José Mancha Alarcón, a quien se le asignó obra pública, por lo que el caso podría estar vigente.

El auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, recordó que  el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), tiene hasta siete años para poder investigar y sancionar el presunto desvío de recursos y las faltas administrativas graves en su manejo financiero del año 2016.

En entrevista, el funcionario recordó que el Orfis ya inicio la investigación de la comisión de posibles delitos en 16 entres y 113 municipios, para lo que se ha citado a comparecer a por lo menos 50 exfuncionarios Yunistas, así como exautoridades municipales.

“En el caso de las observaciones del presunto daño patrimonial o de faltas graves están en un proceso de investigación, están aportando pruebas y las estamos analizando”, precisó.

A partir de los resultados de la investigación, dijo, se determinará si la denuncia se hará ante el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al ser cuestionado qué pasa con los municipios y los entes que supuestamente justificaron el daño público, recordó que el tema está en la cancha del Congreso local, y recordó que la nueva ley permite fincar responsabilidad ante faltas administrativas graves.

“Es un tema que le compete al Congreso del Estado y lo que el auditor determinó fue que los sujetos obligados que están ahorita sujetos a un análisis por parte de la Contraloría Interna del Congreso, quien es la que tiene ahorita la resolución, esperemos que van a determinar y mientras trabajaremos con todos los entes fiscalizables que son sujetos a una determinación que fue la que determinó el Congreso (anterior)”, especificó.

Sin embargo, fue enfático en señalar que la posibilidad de investigación prescribe en un periodo de siete años.