CEDH pide a Sefiplan validar adeudos de Duarte con la organización SOS
Isabel Ortega/Xalapa.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pidió al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco, que valide la deuda que fue heredada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Al emitir la recomendación 155/2020 el pasado 12 de septiembre, reconoce que, al no validar la deuda de 16 proveedores, integrados a la asociación SOS, se viola su derecho a la seguridad jurídica en relación con garantías judiciales.
Lo anterior, luego de que la Sefiplan omitió revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal con proveedores y contratistas, en base al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial el 26 de septiembre del 2019.
De esa manera, se violaron los derechos a la seguridad jurídica y garantías individuales de las personas físicas y morales que se sometieron a dicho proceso.
La queja de los proveedores de la administración de Javier Duarte fue que al publicar un acuerdo para revisar si eran válidas las deudas representaba una moratorio de parte del Poder Ejecutivo y se establecían requisitos y condiciones extralegales para ello. El gobierno partía de la premisa que la exigencia de pago de los acreedores era ilícita.
Si bien la CEDH advirtió que no era el órgano competente para determinar si los empresarios eran proveedores del Estado, su exigencia del reconocimiento del adeudo, y exigir el pago, es un derecho adjetivo de quienes tienen interés legítimo para hacerlo.
Por lo anterior, se pidió a la Sefiplan revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016 a cargo de dependencias y entidades de la administración pública con proveedores y contratistas.
También se pidió iniciar un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos involucrados en el caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos.
Además, tendrán que capacitar al personal en materia de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos; y se pidió evitar cualquier acción y omisión que revictimice a las personas físicas y morales.