Plantean asegurar representación justa, indígena y afromexicana, en la Cámara de Diputados

Redacción/El Demócrata. Con el objetivo de que la población indígena o afromexicana tenga una representación justa y proporcional en el Congreso de la Unión, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz propuso diversas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La legisladora del PAN sugirió que, en el caso de las diputaciones por el principio de mayoría relativa, en los distritos uninominales donde dicho sector de la población sea mayor a 40 por ciento, los partidos políticos o coaliciones postulen a personas que se autoadscriban como parte de tales comunidades, apegados al principio de la paridad de género.

En el actual proceso electoral se han detectado al menos 132 candidaturas a diputados federales que no acreditaron realmente pertenecer a comunidades indígenas e, incluso, hay contendientes que no son reconocidos por las comunidades que pretenden representar, señaló Gálvez Ruiz, en una iniciativa que publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente.

Detalló que en Oaxaca hay impugnaciones promovidas por mujeres indígenas y afromexicanas, quienes buscan que los partidos políticos cumplan con la obligación de las diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

En ese sentido, la iniciativa plantea que, para aspirar a dichos cargos, se deberá acreditar con documentación: haber nacido en la comunidad indígena o afromexicana que se pretende representar o, en su caso, ser descendiente de una persona nacida en ella, hablar una lengua indígena y tener constancia expedida por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como haber desempeñado cargos en el gobierno indígena.

Además, presentar el acta de asamblea del pueblo o comunidad, por el que alguna de las 34 mil localidades indígenas del país le reconoce la pertenencia o autoadscripción y, en caso de que no exista, entregar una constancia expedida por la autoridad tradicional que represente al pueblo o comunidad.

Además, planteó que, mediante un acuerdo general, el Instituto Nacional Electoral determine el número de fórmulas en las que los partidos políticos deberán postular personas pertenecientes a dicho sector de la población.