Ciudades judiciales van a salir «carísimas»: Orfis

octubre 25, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. El gobierno está atado de manos con la creación de las asociaciones público-privadas para construir las ciudades judiciales, pues se requeriría cambiar las condiciones de los contratos para reducir su costo.

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos reconoció que los contratos con las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV que se hicieron en el periodo de Edel Álvarez Peña.

Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de las 20 ciudades judiciales

Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del Poder Judicial.

Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las cinco firmas; algunos de ellos ligados al Panama Papers y a funcionarios de la 4T.

El 27 de julio la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Romero Cruz pidió, a través de la correspondencia, poder cambiar las condiciones por las que se aprobó la construcción de ciudades judiciales.

Al respecto la Auditora reconoció que saldrá carísima la construcción de las 21 ciudades judiciales, sumado a que será en este 2021 cuando se empezará  a pagar a las empresas ligadas a la APP’s.

“Ahí tiene que ver con la aplicación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (…) la ley estuvo hecha para que se hiciera de esta manera, un costo elevadísimo, carísimo porque se hicieron más ciudades”.

“Este año empiezan y vamos a revisar el próximo año cómo se esta pagando, pues vimos que la cuestión del recurso es muy oneroso para el Estado. es un tema que va a dar mucho todavía”.