Auditoría revela desfalco millonario en Migración a través de empresas fantasma

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, algunas de ellas con indicios de ser fantasmas, y que fueron pagados a sobreprecio.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dichos contratos fueron firmados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SCT, cuyas autoridades gastaron durante 2020, 293 millones 701 mil pesos para servicios integrales de infraestructura de cómputo, arrendamiento de equipo y bienes informáticos, así como mantenimiento y conservación de bienes informáticos.

Entre los movimientos contradictorios aparece el realizado el pasado 01 de enero de 2020, el INM pagó 113 millones de pesos a Comercializadora Antsua, S.A. de C.V por el arrendamiento de equipo informático de escritorio, que incluía servicios de mantenimiento y soporte técnico, sin embargo, la ASF determinó que de ese total, se pagaron 107 millones 747 mil pesos por el arrendamiento de equipo por el periodo de un mes, “lo cual es 42 millones 700 mil pesos superior al precio de 65 millones 46 mil pesos, al que éste adquirió los equipos con los fabricantes DELL y HP”. Dicho sobreprecio no fue justificado.

Aunado a ello, se determinó que dos mil 682 equipos proporcionados por el proveedor “no cumplen con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro establecidas en el anexo técnico”, mientras que de una muestra de mil 331 equipos, “no se acreditó la existencia de 260 (19.5% de la muestra), por los que se realizaron pagos por seis millones 988 mil pesos“.

En la investigación de la ASF se descubrió que la Comercializadora Antsua S.A. de C.V. podría operar con empresas fantasma ya que entre noviembre de 2019 y junio de 2020 recibió pagos por 231 millones 696 mil pesos de entidades del gobierno federal y estatal, de los cuales distribuyó 146 millones 79 mil pesos entre seis empresas (segundo nivel) que a su vez distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a un grupo de 15 empresas (tercer nivel).

Asimismo, se identificó que ocho de estas empresas se encuentran vinculadas entre sí, toda vez que tienen los mismos socios accionistas, quienes reportaron domicilios fiscales, números telefónicos o correos electrónicos iguales en el Registro Federal de Contribuyentes o fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo corredor público.

Adicionalmente, 19 de estas empresas, incluyendo al proveedor adjudicado, “no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios ni empleados durante los ejercicios de 2019 y 2020; 20 de ellas son de reciente constitución (incluyendo al proveedor adjudicado) y 10 no reportaron ingresos o no presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria durante el ejercicio de 2020”.