Demandan a Isabel Romero por violentar a padres de víctima de feminicidio

Regina Montes/El Demócrata. Integrantes de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C. denunciaron el trato “agresivo, despectivo y clasista” de la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, hacia los padres de Pilar Arguello Trujillo, víctima de feminicidio cuando tenía 20 años y a quien no se le ha hecho justicia, con lo que fueron violentados y revictimizados.

El desdén con que la magistrada trató al señor Pedro y la señora Reyna provocó que presentaran síntomas de ansiedad y de angustia, pero también frustración al escuchar que “quizá no recibirán una justicia terrenal, pues ésta será divina. “Esto lo afirmó la Magistrada Presidenta a la madre y padre de Pilar, al anteponer sus propias creencias y comentarios religiosos a todas luces fuera de lugar”, dijo la representante de Equifonía, Adriana Fuentes.

Este crimen ocurrió en septiembre de 2012 en Coscomatepec, Veracruz, donde el probable responsable de la muerte de Pilar, en ese entonces menor de edad, confesó haberla privado de la vida, dos meses después fue absuelto por una Jueza Interina de la etapa de juicio del juzgado de menores.

Las instituciones responsables de administrar y procurar justicia, tanto a Pilar como a sus familiares directos, les negaron este derecho, en el año 2014 su caso fue presentado y aceptado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (Comité CEDAW).

Por ello, en Equifonía, consideraron lo ocurrido como un hecho grave debido a que se trata de una respuesta lamentable por parte de una representante del Estado Mexicano a las recomendaciones del Comité CEDAW que buscan justicia para una víctima de feminicidio.

Detallaron que por ello, se inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado quedando registrado bajo el número 492/2021 y además el pasado 07 de diciembre se ha solicitado al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, una reunión de trabajo con el objetivo de darle a conocer todo lo que ha implicado el proceso de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la Comunicación 75/2014 por el Comité CEDAW, aunque aún no se tiene respuesta.

Narran que el 21 de julio de 2017 el Comité de la CEDAW adoptó la decisión de la admisión del caso bajo el número de Comunicación 75/2014, emitiendo un dictamen que incluye recomendaciones al Estado Mexicano, las cuales establecen medidas específicas para garantizar justicia a la familia de Pilar y para atender las condiciones estructurales que limitan o niegan el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio.

Durante el proceso de cumplimiento de las recomendaciones, en 2018, se presenta un Informe Sombra y se logra que el Comité CEDAW otorgue un mayor peso a la exigencia de justicia, por lo que solicita al Estado Mexicano acelere de manera prioritaria su resolución, dicha solicitud está contenida en la recomendación 24 h) de las Observaciones finales sobre el IX informe periódico de México, es en 2021 que se presenta un Informe Sombra de mediano plazo sobre el avance de las recomendaciones y posterior a ello el Gobierno Federal instala, a través de la CONAVIM, la Mesa para dar seguimiento a los avances de las Recomendaciones, con el fin de solucionar los serios retrasos de su cumplimiento, es ahí donde se acuerda llevar a cabo una reunión entre la titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y la madre y padre de Pilar.

La reunión fue acordada para el 01 de diciembre y tenía como objetivo informar de los avances del mecanismo administrativo de investigación y sanción para el personal involucrado en el proceso penal en donde se emitió y confirmó la sentencia absolutoria que liberó a la persona que fuera señalada como responsable.

Sin embargo, durante la reunión, se suscitó una serie de situaciones por parte de dicha autoridad en las que se violentó y revictimizó a las víctimas indirectas, en este caso a la señora Reyna Trujillo Reyes y al señor Pedro Argüello Morales.

Acusan que, en el desarrollo de la reunión hicieron esperar a la familia y fue hasta que se cuestionó si la reunión se llevaría a cabo que se informó que ya no tardaba en incorporarse la Magistrada Presidenta, pero a su llegada no realizó una presentación formal, tampoco precisó el objetivo de la reunión y desde el inicio mostró una actitud despectiva, demostró el poco conocimiento del caso y de la identidad de las personas que atendería.

“Pero aun así continúo hablando la Magistrada de forma muy desordenada, sin considerar lo que los padres necesitaban saber, en ningún momento les escuchó y además cuando se intentaba hablar interrumpía las intervenciones que se realizaban, tuvo un trato agresivo, despectivo y clasista la magistrada presidenta hacia los padres de la víctima”.

Agregan que, con la inadecuada atención por parte de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz se está desdeñando la posibilidad de sentar un presente que ayudaría a acercar la justicia a miles de víctimas de feminicidio en México.