Caso Narvarte: Familiares de las víctimas hallan indicios ignorados por la Fiscalía de la CDMX

marzo 31, 2022

Ciudad de México. A siete años del multihomicidio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, la organización Artículo 19 presentó nueva información sobre el caso, que involucra a un segundo vehículo y a otras dos personas en el lugar de los hechos, y que la Fiscalía capitalina ha ignorado. El 31 de agosto de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.

Por estos hechos, tres personas señaladas como presuntos responsables fueron detenidas, entre ellos un expolicía, y las líneas de investigación se basaron en robo y en una supuesta actividad de tráfico de drogas.

Durante siete años, la Procuraduría, hoy Fiscalía, de la Ciudad de México han mantenido esa versión, ocultando información clave sobre el caso, protegiendo a los presuntos responsables e impidiendo el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, denunciaron abogados y familiares de las víctimas.

En conferencia de prensa, la organización Artículo 19, colitigante en el caso, presentó información que, señaló, siempre ha estado en manos de la Fiscalía capitalina sin que se tomara en cuenta para la investigación. Uno de los hallazgos es la existencia de otro vehículo que participó en los hechos.

⇒ Se trata de un auto tipo Sedan que aparece en las cámaras del C5 escoltando en todo momento a la camioneta en la que se trasladaban los presuntos responsables. Incluso, “uno de los detenidos corroboró la participación de este vehículo, pero ni la procuraduría ni la fiscalía lo han investigado”.

También está la participación de al menos cinco personas visibles en los hechos, y no de tres, como se ha manejado en la versión oficial. De hecho, una persona que está plenamente identificada, y de quien se piensa es autor material, nunca fue llamada a declarar.

Además, se detectó que hubo omisión en investigar una línea telefónica clave para dar con todos los responsables y establecer una línea de hechos. “La fiscalía (antes procuraduría) solicitó erróneamente los datos telefónicos. ¿A quienes pertenecen esos números y por qué no han sido investigados? ¿Ya está en marcha la denuncia contra el servidor público que omitió esa información?“, cuestionó Artículo 19.

Desde el Centro ProDH, Eduardo Calderón, coordinador de defensa, indicó que con el paso del tiempo se ha perdido información clave para esclarecer el caso, como el flujo de llamadas que determinaba la coordinación para cometer el crimen. También señaló que la entonces Procuraduría capitalina diera una versión pública de los hechos solo un día después del multihomicidio, impidió que se llevara a cabo la investigación de forma oportuna.

“De manera dolosa se ocultó evidencia para proteger a quienes tuvieron participación, por su jerarquía o posible vínculo con la Procuraduría. No es posible que la institución se equivocara dos veces al escribir números telefónicos ubicados en los hechos”, dijo el abogado.

Acusó que en los primeros cuatro años de investigación la Procuraduría capitalina fue totalmente hermética. E indicó que ya van tres años de la nueva Fiscalía y tampoco se han esclarecido los hechos, no hay avances, sigue la revictimización y se han adoptado las malas prácticas que perpetúan la impunidad.

Los denunciantes acusaron que no se ha cumplido la Recomendación 4/2017 que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en particular en lo referente a la filtración de información del caso ni en lo que respecta a la reparación del daño.

Por último, pidieron una reunión con la fiscal Ernestina Godoy para exigirle verdaderos avances, así como un encuentro con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, o que al menos responda a la carta que le enviaron en julio del 2021, con motivo del sexto aniversario del crimen, misma que fue ignorada por la morenista.

⇒ Los abogados de las familias de las víctimas del caso Narvarte tuvieron acceso a 22 tomos de la indagatoria y a la totalidad de los videos que durante siete años les fue negado.