Matrimonio igualitario LGBT+
junio 13, 2022
Juan Manuel Vázquez Barajas/El Demócrata. ¿Por qué casarse? ¿La comunidad LGBT+ de Veracruz ahora goza de los mismos derechos civiles y políticos que el resto del país?
El pasado 2 de junio de 2022, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el matrimonio igualitario, mediante la reforma a los artículos 75 y 77 del Código, por el que dos personas pueden firmar un contrato civil para estar unidos en matrimonio sin considerar el sexo de los contrayentes.
Esto es, se considera que las personas, con independencia de su sexo, preferencia sexual o identidad de género puedan unirse en matrimonio.
Previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar la porción normativa del artículo 75, que indicaba “un solo hombre y una sola mujer”, en las acciones de inconstitucionalidad 144/2020 y 185/2020. Destaca la declaración general que hace la Corte, al señalar que sobre las frases: “un solo hombre y una sola mujer” o “como marido y mujer”, similares y equivalentes, deberán entenderse que el matrimonio como el concubinato involucran a dos personas del “mismo o de diferente sexo”.
Sin duda, es un gran avance en materia de reconocimiento de derechos humanos, en particular, sobre la seguridad jurídica y la igualdad como eje rector de un matrimonio incluyente, para que las personas que lo contraigan gocen de los mismos garantías de educación, salud, seguridad social y beneficios por ser cónyuge de otra persona en todos los sentidos.
No se trata solo de posar para las fotos, lucir un gran vestido o traje, además de tener una fiesta con la familia o los amigos, o de tener una luna de miel, se trata de normalizar que las personas del mismo sexo o de identidades de género diversas también pueden amarse y formar una familia. Es concebir la idea de una nueva familia, en la que podamos caber todos, todas y todes sin discriminación o excepción alguna.
Por supuesto que las personas del mismo sexo o con identidad de género diversa necesitan gozar de sus derechos como cónyuges y beneficiarios de los derechos a la salud, a la familia y de la seguridad social en general.
El reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario otorga certeza legal a las personas, por igual, sin considerar preferencias de ningún tipo, para ser sujetos a servicios de salud, pensiones y, sobre todo, a reclamar los derechos patrimoniales que derivan de un contrato civil que ahora será de derechos y no de facto, como era en el pasado
Quien no recuerda historias de dolor y vergüenza del trato indigno que sufrían y se seguirán sufriendo en los lugares donde no se ha aprobado el matrimonio igualitario. Escenas dramáticas donde eran expulsados del hogar sin pensión, derecho o bien alguno o simplemente ante la muerte de una de las partes del contrato civil de facto, los familiares se quedaban con todo y terminaban condenando al desalojo público y vergonzoso de las parejas LGBT+. Décadas de trabajo en pareja y de familia se ahogaban en una resolución judicial beneficiando a los familiares consanguíneos de personas LGBT+ sin consideración humana alguna.
De paso, resulta necesario señalar que las relaciones familiares deben democratizarse, tomando en cuenta que democracia familiar es un concepto construido hace décadas y que se está practicando ya en diversos países. Construir una familia democrática significa que todos podemos tener una idea propia, una opinión y que las decisiones familiares se pueden tomar con diálogo y considerando a todos, todas o todes les integrantes de la familia.
En las familias construidas con principios democráticos hay, en consecuencia, igualdad, libertad y primordialmente fraternidad entre sus integrantes. La dignidad humana es una consecuencia normal de la democracia familiar. Si la democracia de la familia la trasladamos al barrio, colonia, o al pueblo, a la comunidad, entonces tendremos núcleos incluyentes donde la tolerancia a la comunidad LGBT+ sea con amor y dignidad.
Construir una familia incluyente y defensora de los derechos de mujeres, de la comunidad LGBT+, de niños, niñas, niñes y adolescentes, de indígenas y de personas con discapacidad y de la tercera edad, son valores humanistas que coadyuvan a generar tolerancias a las diferencias y a las minorías.
Por ello, el matrimonio lésbico-gay-trans (LGBT+) tiene una relevancia suprema en la construcción de una familia plural y diversa que, ahora, con este empuje que se ha dado en Veracruz, se va a fortalecer con las perspectivas y filosofía de personas no heterosexuales. Podrá además coadyuvar a familias construidas con dignidad humana, donde las personas seamos incluidas y consideradas como personas y no por los gustos o preferencias sexuales o las identidades de género que cada persona quiera asumir.
Los estados mexicanos que no han aprobado el matrimonio igualitario son cinco: Durango, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Tamaulipas. A partir del 2 de junio de 2022, Veracruz está entre las 27 entidades que han aprobado esta reforma incluyente a la comunidad LGBT+. Esta transformación igualitaria de la unión civil de dos personas inició en el año 2009 en la Ciudad de México. Más de trece años se han recorrido en esta lucha de igualdad; sin embargo, todavía falta mucho por hacer. El reconocimiento legal no es suficiente, en los hechos, las autoridades del registro civil, de salud, de pensiones, de vivienda; así como las autoridades judiciales en todas las materias deben ahora transformar sus criterios para garantizar la igualdad de derechos civiles y políticos de todas las personas sin importar su sexo, su preferencia sexual o su identidad de género.
La solución jurídica está ahí, todos, todas, todes estamos en condiciones ahora de contraer matrimonio en el estado de Veracruz. Esta institución no es la panacea para resolver los problemas de la convivencia humana o que por arte de magia se construya una familia más democrática o incluyente. Es necesario que todos aportemos para modernizar e innovar en una familia resiliente a las diferencias y a la construcción de soluciones para tener un espacio público sin violencia, de paz y armonía, ello se puede sí la familia y el barrio se democratizan, sí las decisiones de lo público se toman con la participación y corresponsabilidad ciudadana.