Las contralorías internas de cada dependencia debe verificar si las empresas que les brindará servicios o venden bienes están legalmente constituidas, afirmó la auditora general, Delia González Cobos 

Isabel Ortega/ Xalapa, Ver.- En entrevista opinó sobre el caso de Araly Rodriguez , funcionaria de la SEV que ha recibido contratos por más de 100 millones de pesos de diferentes dependencias y de la que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no descartó que se trate de un prestanombre.

La funcionaria del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), adelantó que en la revisión del 2022 le pondrán el foco a los contratos que se asignaron a la trabajadora de la SEV.

En las comparecencias de funcionarios de despacho se informó que Araly Rodriguez ha recibido más de 30 contratos por 100 millones de pesos.

La auditora comentó que el Orfis solo pueden revisar el gasto al concluir el ejercicio fiscal, sin embargo, las contralorías deben revisar la legalidad en la constitución de las empresas o si no están boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).