“Un berrinche de María Elena «N» ”, deja sin efecto libertad de Vera Carrizal, dice defensor

 Juan Antonio Vera Carrizal, fue considerado hoy como un “preso político”, mientras se criminalizó a María Elena Ríos Ortiz, por “hacer berrinches” y por no presentar quemaduras de tercer grado, sino de segundo grado y estar consciente al momento de recibir las primeras atenciones por parte de un perito de la Fiscalía, mientras la prensa “ventila falsedades”, así lo expresó en diversos momentos el abogado Edgar López García.

El defensor de quien fue señalado como autor intelectual del ataque con ácido en septiembre de 2019 contra María Elena Ríos Ortiz, en conferencia de prensa, acompañado de otros abogados entre ellos, Ernesto Amaury Pacheco Cayetano, Alma Franco Vargas y Miguel Padilla Martínez, también cuestionó la actuación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que preside Berenice Ramírez Jiménez, y la injerencia del ejecutivo local a través del consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero.

Al impedir la libertad absolutoria de su cliente, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, violó el debido proceso y todos los derechos del procesado.

Sostuvo que después de darse a conocer el fallo de libertad absolutoria a favor de Vera Carrizal, Ramírez Vásquez permitió la actuación de la jueza María Antonia Esteva Domínguez, quien mediante un oficio dejó sin efecto boleta de libertad que fue ordenada a favor del empresario y ex diputado priista y otros dos implicados. También acusó a la presidenta del TSJEO de filtrar en redes sociales la notificación, que a la defensa se le comunicó oficialmente esta mañana.

“Este es un mensaje peligroso, es un mensaje fatal, pone en duda y en el epicentro a Oaxaca donde no se respetan los derechos humanos ni se respeta el debido proceso, pero sobre todo la dignidad del Poder Judicial”, dijo el abogado quien aseguró que fue suficiente “un pequeño berrinche de la víctima Marina Ríos Ortiz” para que la presidenta del Tribunal actuara, “violando todos los derechos que tienen los procesados”.

“Inclusive este acto aberrante no ha ocurrido ni en los tiempos de Porfirio Díaz, ni siquiera las épocas más rígidas del PRI autoritario, ni en la época dura de Felipe Calderón. Estamos sorprendidos … cuando un gobierno de izquierda llega al poder, se da una situación regresiva de Derechos Humanos y de impartición de justicia”.

Cuestionó Vásquez Sagrero, consejero jurídico, por dar opiniones políticas y lo invitó a revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que le explique a la clase política que gobierna, si es posible hacer estas acciones jurídicas, donde una jueza revoca una boleta de libertad a otro juez, “eso no es posible”, se respondió.

Por ello anunció que aun cuando con toda celeridad se fijó fecha para la nueva audiencia de debate el próximo 21 de agosto, no acudirán, ya que antes piensan revertir la revocación hecha por la jueza sustituta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito juzgado de Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, María Antonia Esteva Domínguez.

La revictimización

Edgar López García aseguró que no hubo una sola prueba contra Vera Salinas y otros dos inculpados, es decir, “la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca no hizo bien su trabajo”. Todos critican y lamentan la labor del juez, pero nadie cuestiona el poco trabajo que realizó la Fiscalía, a quien le tocaba sostener la acusación y probar.

El abogado defensor se refirió a las lesiones que le provocó el “ácido” en el cuerpo e María Elena, el cual, apuntó tampoco pudo determinar el tipo de sustancia, no pudo comprobar era ácido sulfúrico, indicó el defensor.

Parco, sin un dejo en el rostro, el abogado aseguró que las quemaduras no fueron de tercer grado, sino de segundo grado, por lo que dijo no fue “tentativa de feminicidio, porque esas lesiones no pusieron en riesgo su vida”.

¿No fue una tentativa de feminicidio, hay una regla sobre cómo debe estar la víctima? Se le pregunta al defensor López García.

En respuesta dijo que para que se configure el delito de feminicidio, el primer elemento es “que la agresión ponga en riesgo la vida de la mujer, pero el perito oficial (de la Fiscalía) manifestó que cuando llegó (al lugar de los hechos) encontró (a María Elena) consciente, sin ninguna complicación médica. La vida de la víctima no estuvo en riesgo desde el primer momento, el primer elemento que exige la norma”.

Por otra parte, se refirió a la reparación del daño que el Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México encargó a un despacho y que adoptó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en seguimiento a una recomendación, luego de que en la rueda de prensa le preguntaron ¿de dónde saca María Elena que son 85 millones de pesos de reparación del daño?

El abogado agradeció la pregunta. Entre otras cosas, calificó que la “cantidad es exorbitante” y dijo que es imposible pagar los casi 85 millones de pesos que se fijaron como reparación integral en favor de la víctima.

Aunque el abogado sostuvo que “es un peritaje que hizo una socióloga de la ciudad de México, sin sustento y que realizó en base a la declaración de la víctima, pretendió así desconocer que fue ordenado por la CEAVI y adoptada por la CNDH.

El defensor también argumentó que harán movilizaciones, con el apoyo de las barras de abogados del Estado y de otras partes del país, así como de la sociedad civil, además de que han solicitado la intervención del Consulado de EE.UU. porque Vera Carrizal es ciudadano de ese país.

No estoy de acuerdo en el fallo

Por otra parte, en un comunicado de prensa se informó que la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Berenice Ramírez Jiménez, ordenó a la Visitaduría General de la institución la apertura de una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra del juez en materia penal del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, José Gabriel Ramírez Montaño, por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.

Señala también que en este, como en otros casos que involucren a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, no se puede permitir la impunidad ni actuaciones que pongan en duda el desempeño ético de las y los juzgadores.

«No estoy de acuerdo con el fallo, soy una mujer institucional que respeta la autonomía judicial; sin embargo, se investigará a fondo la conducta dudosa de los involucrados y se les castigará con todo el peso de la ley caiga quien caiga», enfatizó la magistrada presidenta.