Recriminan a Norma Piña sumarse a paro del Poder Judicial y dejar en prisión a decenas de indígenas en todo el país
septiembre 7, 2024
Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Antonino Morales, senador de Morena, recriminó a la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sumarse al paro de labores de trabajadores del Poder Judicial, en vez de revisar los juicios de miles de mujeres y hombres indígenas encarcelados a injustamente, y que están a la espera de una sentencia.
El legislador por Oaxaca, recordó que en el sistema penitenciario nacional hay más de 8 mil personas pertenecientes a pueblos originarios, que están privadas de su libertad y, al 85 por ciento de estas se le negó el acompañamiento de un intérprete para su asistencia legal.
Morales Toledo, acusó a juzgadoras y juzgadores por incumplir con la debida aplicación de la perspectiva de interculturalidad en los procesos judiciales, la cual es obligatoria de acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En el proceso judicial debería estar garantizada una justicia libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, así como el acceso y goce de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional suscrita por nuestro país, pero la realidad es totalmente opuesta”, señaló.
Aseveró que “es una infamia que defiendan un Poder Judicial que castiga a los más pobres entre los pobres y brinda impunidad a quien puede pagarla, un sistema de justicia que castiga no hablar español carece de legitimidad y legalidad”.
Adelantó que propondrá que el acceso a la justicia para las personas indígenas sea incorporado al debate de la iniciativa de reforma del Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador zapoteco manifestó que la reforma judicial debe resultar en la conformación de un sistema de justicia intercultural, con jueces, magistrados y ministros que apliquen el principio pro persona para garantizar el pleno reconocimiento de la diferencia política, jurídica y cultural de personas, pueblos y comunidades indígenas.