Exigen a los alcaldes de Ixhuatlancillo y Coscomatepec procurar la justicia para Gabriela y Fátima

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de la asociación Equifonía exigieron al alcalde de Ixhuatlancillo, Fernando Ochoa Vergara y de Coscomatepec, José Luis Alonso Juárez procurar la justicia en el caso de Gabriela y Fátima, víctimas de violencia que no han tenido justicia.

Dijeron que la violencia comunitaria contribuye a la impunidad y que las víctimas desisten en seguir los ya difíciles procesos correspondientes.

Uno de estos es el de Gabriela que era una adolescente de 17 años cuando fue víctima de violencia sexual en Ixhuatlancillo. Su agresor es miembro de “Mujeres voluntarias para el desarrollo de Ixhuatlancillo” y estuvo en prisión preventiva 2 años hasta que una jueza determinó su liberación.

La familia de Gabriela, indígena, señala que la jueza que atendió el caso fue parcial con los testigos que presentaba el agresor, quien es un líder social.

Desde que decidió denunciar a su agresor, Gabriela ha sido objeto de atentados por parte de la comunidad del Ixhuatlancillo, quienes son organizados en la plaza principal para atacarla, manteniéndose omisas las autoridades municipales.

El asesinato de su perro, un intento por atropellarla, el robo de su casa, las burlas y el acoso, son algunos de las agresiones que obligaron a la familia de Gabriela a huir de su hogar.

El otro caso es el de Fátima que pasó de denunciar como víctima a ser juzgada como “agresora”. Madre de 3 hijos menores de edad en Coscomatepec de Bravo, decidió separarse del padre tras vivir una serie de violencias por 7 años. Este comienza a acosarla y como represalia hurta electrodomésticos y deja de pagar la pensión alimenticia.

A su forma y posibilidades físicas y económicas la madre de 37 años ha procurado la vida de los menores, con varias negativas al pedir atención de las autoridades municipales actuales: en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Municipal de las Mujeres; y el centro de salud.

La exigencia comunitaria a Fátima era de cierto comportamiento al que no respondió y la madre del agresor interpuso una denuncia contra Fátima por el delito de omisión de cuidados. Al buscar acompañamiento ante la injusticia, las autoridades del ayuntamiento han sido omisas justificando con opiniones negativas que la misma comunidad ha alimentado.

“Ambas viven diversos tipos de violencia; sin embargo, el factor común de estos casos es la violencia comunitaria y la violencia institucional. Fátima está viviendo una violencia comunitaria en donde la sociedad reclama a las mujeres que se comporten de ciertas maneras”, dijo la abogada integrante de Equifonía, Mariveda Platax Valdivia.

Agregó que, aunque es grave que exista una violencia comunitaria; es más grave aún la violencia constitucional porque las y los funcionarios tienen protocolos y leyes para poder armar una estrategia y atender este tipo de casos.

“Porque casos como Fátima hay muchos y si las instituciones no responden, en este caso de Fátima se encuentra sola”.