¿A quiénes beneficiaría propuesta demócrata para obtener ciudadanía?

Washington, (Notimex).- La propuesta permitiría a los inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS) o con deportaciones diferidas (DED) poder solicitar de inmediato tarjetas de residencia si han estado en el país por lo menos tres años, y cinco años después de obtenerla, respectivamente. Ambos grupos podrían solicitar la ciudadanía.

El proyecto de Sueño y Promesa 2019 llega dos meses después de que los demócratas tomaran el control de la Cámara y días después de que la Casa Blanca anunció una propuesta presupuestaria que pondría miles de millones de dólares hacia un muro en la frontera México-Estados Unidos.

El plan ofrecería tarjetas de residencia y un camino a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos como niños o adolescentes, conocidos como «soñadores», y a las personas que ahora están en el país con permisos temporales que les impiden ser deportados.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, destacó la importancia de otorgar la ciudadanía a los inmigrantes que han vivido mucho tiempo en el país.

La legisladora presentó el martes anterior un proyecto de ley, propuesto por tres legisladoras demócratas, para regularizar la situación de cientos de miles de ellos y allanar los trámites hacia la ciudadanía.

«No debería haber nada partidista ni político en esta legislación», dijo Pelosi, quien prometió al principio de la legislatura que la situación de los «soñadores» sería una prioridad.

«Proteger a los ´soñadores´, a los TPS y a los DED estadunidenses es algo que honra y respeta la familia, es algo que está en el corazón de nuestra fe y en el centro de lo que somos», dijo sobre el cobijo que esta ley busca dar a beneficiarios del TPS (unas 300 mil personas) y quienes viven bajo el programa de Deportación Diferida.

La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

«Es una gran prioridad para nuestro caucus», dijo Lucille Roybal-Allard, presidenta del subcomité de Apropiaciones de la Cámara sobre Seguridad Interior, que patrocina el proyecto de ley junto con las representantes Nydia M. Velázquez e Yvette Clarke, ambas demócratas de Nueva York.

La administración del presidente Donald Trump, como parte de su política antinmigración, anunció a partir de 2017 la cancelación del TPS para seis de los 10 países actualmente elegibles, argumentando que las condiciones que motivaron su inclusión en el programa desaparecieron.

El proyecto de ley presentado por Royball-Allard, Velázquez y Clarke tendrá una tramitación cómoda en la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría, pero puede chocar en el Senado, donde los republicanos controlan 53 de los 100 escaños.

La minoría demócrata en el Senado buscará presionar a sus colegas republicanos para que voten a favor de conceder una vía para la naturalización de las personas amparadas en alivios migratorios que el gobierno de Trump busca desmantelar.

El líder de los 47 senadores demócratas, el neoyorquino Chuck Schumer, reconoció que será una tarea ardua obtener el apoyo de 13 republicanos para alcanzar los 60 votos requeridos para someter a votación un proyecto de ley en el pleno de la cámara alta.

La cifra de inmigrantes que se beneficiaría de esta legislación sería similar a los 2.1 millones de personas que habrían sido cubiertas bajo una medida bipartidista del Senado que fue propuesta en 2017, según el Instituto de Política Migratoria.

El presidente Donald Trump criticó el programa de la administración del presidente Barack Obama de 2012 de proteger en forma temporal de la deportación a los soñadores que llegaron al país siendo niños traídos por sus padres, y que les otorgaba un permiso de trabajo renovable cada dos años.

En enero de este año la Corte Suprema de Justicia anunció que el Programa de Acción Diferida (DACA) se mantendría vigente luego de que Trump ofreció a los demócratas un plan migratorio que incluye prolongar la acción diferida por tres años, igual que el TPS para los centroamericanos a cambio de fondos para el muro.

El DACA y la autorización de trabajo han permitido a los beneficiarios inscribirse en colegios y universidades, obtener títulos, convertirse en profesionales, médicos y maestros, servir en el ejército de Estados Unidos, abrir negocios y comprar casas.

Los beneficiarios del DACA hacen contribuciones sustanciales, tanto a la economía estatal como a la estadunidense, y aportan más de mil 200 millones de dólares al año en impuestos estatales y locales.

El proyecto establece diferentes caminos hacia la ciudadanía para los «soñadores» y aquellos con estatus temporal.

Los soñadores podrían solicitar tarjetas de residencia condicional de 10 años si llegaron a los Estados Unidos cuando tenían 17 años o menos y si han vivido en el país por lo menos cuatro años, entre otros requisitos.

Podrán obtener tarjetas verdes completas tras haber completado al menos dos años de educación post-secundaria o servicio militar, o después de haber trabajado durante tres años.

Sin embargo, no podrán presentar una solicitud si han sido condenados por delitos punibles con más de un año de prisión o si fueron condenados por tres o más delitos que conllevan penas de más de 90 días de prisión.

La medida también pide que se permita a los «soñadores» solicitar ayuda financiera federal para pagar la universidad y solicitar el retorno a Estados Unidos si previamente fueron deportados, pero cumplen todos los demás requisitos.

Los inmigrantes con TPS o DED pueden solicitar de inmediato tarjetas de residencia si han estado en el país por lo menos tres años, tienen su estatus a partir de septiembre de 2016 y pasan comprobación de antecedentes. Cinco años después de obtener una tarjeta de residencia, ambos grupos pueden solicitar la ciudadanía.

El segundo demócrata en el Senado, Dick Durbin, dijo que un posible fallo de la Corte Suprema contra la renovación del programa concebido para los inmigrantes jóvenes podría darle impulso a una solución legislativa.

«No me doy por vencido de que algo pueda pasar durante esta sesión (legislativa). Y espero que sea bueno», dijo Durbin, quien hace 19 años presentó la primera propuesta a favor de los inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

En el año fiscal 2018, la administración Trump deportó un total de 141 mil 45 mexicanos, un aumento de 9.5 por ciento en relación con los 128 mil 765 del año fiscal 2017, aunque la cifra es menor a la reportada en el gobierno de Barack Obama.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos detalló que los mexicanos ocuparon el primer lugar en deportaciones en el periodo entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre de 2018.