Por tortura, extorsión y fraude procesal Bermúdez Zurita pide juicio político contra Wickler, Yunes Linares y Téllez Marié

Eda Sentíes. Veracruz, Ver.,- Rodolfo de la Guardia García, abogado del ex exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, actualmente preso en el penal de Pacho Viejo, dio a conocer la denuncia de juicio político que este lunes interpuso ante el Congreso Local de Veracruz en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz y el ex gobernador Miguel Ángel  Yunes Linares por tortura , extorsión y fraude procesal, este último por incumplir con los acuerdos que tenían con él para entregar inmuebles a cambio de su libertad.

En rueda de presa, los representantes legales reprodujeron un audio grabado por el propio  ex funcionario en el que asegura que los hechos que se le imputan están fabricados por el personal de la fiscalía y asegura ser inocente de todo ellos.

 “Los hechos que se me reprochan son falsos y fabricados por el fiscal del estado, Jorge Winckler Ortiz,  en el interior del centro fui visitado en varias ocasiones por personal de la secretaria de seguridad pública, las fechas y los nombres de los personajes lo tengo identificados plenamente ,a la encomienda fue la de torturarme, amenazarme y advertirme que si no entrega inmuebles a nombre del ex titular del ejecutivo del estado nuevas carpetas ministeriales seria judicializadas en mi contra y de mi familia, el personal”, expresó Bermúdez Zurita.

De la Guardia García, sostuvo que su cliente se vio obligado a ceder inmuebles de su propiedad y la de su familia que fueron adquiridos con anterioridad a su cargo como secretario de Seguridad Pública por temor a que sus hijos, esposa y más familiares corrieran peligro.  

El temía por la vida de sus hijos, su cónyuge y su madre que tienen al día de hoy tienen carpetas de investigación por delitos contra la salud y otros que pueden ser de naturaleza grabe. La amenaza era suficiente como para ceder y entregar los bienes..

La denuncia fue interpuesta este lunes a las 10 de la mañana ante el Congreso Local para que sean los diputados quienes ratifiquen la tipificación de los delitos cometidos por los ex funcionarios y el Fiscal General del Estado.