Analizan senadores y Sader políticas federales de apoyo al campo

Desafío que enfrenta el sector es mayúsculo; necesario trabajar con diversos sectores para lograr una gobernanza rural efectiva: Ricardo Monreal.

julio 14, 2021

Redacción/El Demócrata. Senadoras y senadores analizaron con el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, los programas de apoyo al campo, así como las medidas que se han implementado para logar el objetivo de la autosuficiencia alimentaria. 

El funcionario compareció ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que preside el senador José Narro Céspedes. 

Al inicio del encuentro, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró que el desafío que enfrenta el campo mexicano es mayúsculo, por lo que se justifican las acciones que propicien mejores condiciones de vida para sus habitantes.  

Indicó que los 17 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en el medio rural, ameritan que el Estado promueva políticas públicas dirigidas al campo con mejores ideas de negocios entre inversionistas y productores, así como acompañamiento técnico e innovación tecnológica para generar capacidad productiva. 

Monreal Ávila refirió que, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019, sólo 9.4 de las unidades de producción agropecuaria solicitaron un crédito para el desarrollo de sus actividades y, de éstas únicamente 8.4 por ciento logró obtenerlo. Además, agregó, la Cepal ha señalado que el crédito agrícola de México es uno de los tres más bajos de Latinoamérica.  

Estoy convencido, dijo, que otro campo es posible si se trabaja de la mano de los productores, hombres y mujeres, con los sectores social, privado y agentes públicos, a fin de lograr una gobernanza rural efectiva con paz social y desarrollo económico, que se traduzca en oportunidades para sus habitantes y una mejor calidad de vida.  

En tanto, el senador José Narro Céspedes recordó que durante los gobiernos neoliberales, el campo sufrió abandono y desmantelamiento, además careció de condiciones de desarrollo, lo que generó que el pequeño productor fuera sometido a una competencia indiscriminada de mercado.  

Ante tal situación, destacó que el actual gobierno decidió modificar sustancialmente la estrategia en torno a la producción, distribución y consumo. Se ha hecho entrega de subsidios, por más de 11 mil millones a pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz y trigo, entre otros. 

Destacó que la soberanía alimentaria en México es un horizonte, cuyo camino es visible; sin embargo, “sabemos que hay que redoblar los esfuerzos, sobre todo, por las condiciones que atraviesa el país, como la severa sequía que afecta a todo el territorio mexicano y que pone en riesgo el bienestar de la población.  

En su exposición inicial, Víctor Suárez Carrera explicó que hay una reorientación de los apoyos al campo, pues se trata de fomentar, de manera prioritaria, a los pequeños y medianos productores del país, que constituyen el 85 por ciento de las unidades de producción y que en el pasado fueron abandonados, estigmatizados y despojados de su capacidad productiva. 

Se les redujo a la condición de pobres que eran sujetos a acciones de apoyo asistencialista, clientelar y corporativo, expresó el funcionario federal ante senadoras y senadores de la Comisión de Agricultura.   

Suárez Carrera expuso que el programa Producción para el Bienestar se inscribe en una nueva política en favor de la autosuficiencia alimentaria y aseguró que lograr este objetivo sin transgénicos, glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana, está por encima de cualquier interés comercial y mercantil. 

Informó que Producción para el Bienestar busca incrementar de manera sustentable la producción de granos y otros alimentos de productores de pequeña y mediana escala. Cuenta con un presupuesto, en 2021, de 13 mil 500 millones de pesos y la meta es beneficiar a 2.3 millones de pequeños productores.  

El subsecretario de Alimentación y Competitividad mencionó que al cierre de junio se han apoyado a casi dos millones de pequeños y medianos productores, lo que representa el 86 por ciento de la meta anual.  

Afirmó que la pequeña y mediana producción sí puede alimentar a todo el país, pues el 93 por ciento de las unidades de producción son de esa escala. A pesar del abandono de gobiernos anteriores, en su resistencia, han logrado mantener la capacidad de producir el 54 por ciento de los alimentos que se consumen en México y generar 85 por ciento del empleo en el medio rural. 

La senadora de Morena, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, solicitó apoyos para los pequeños y medianos productores de algodón, ya que la semilla la importa México para la industria textil, lo que resulta un “despropósito”. Asimismo, comentó que se debe poyar a los “trigueros”, ya que no tienen acceso a créditos.   

Del PAN, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros cuestionó las acciones de la Subsecretaría para actualizar las normas oficiales mexicanas en materia agropecuaria, de sanidad animal y vegetal, debido al rechazo de la leche bobina, productos y subproductos provenientes de 11 entidades federativas, por parte del gobierno de Estados Unidos. 

El senador Antonio García Conejo, del PRD, señaló que la gente del campo carece de asistencia técnica rentable y benéfica. En relación con eso preguntó a Víctor Suárez Carrera sobre la distribución en el país de los 30 coordinadores territoriales y los siete mil Jóvenes Construyendo el Futuro, mencionados en su comparecencia como “técnicos”. 

La senadora Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, destacó la importancia de reconocer a los bancos de alimentos que han funcionado en el país, así como de las acciones que se llevan a cabo para evitar el desperdicio y actos de corrupción que ponga en riesgo su continuidad y certidumbre. 

En sus respuestas, Víctor Suárez Carrera dijo que el sistema alimentario nacional debe ser transformado de manera integral, a efecto de proteger a los productores, garantizar el derecho a la salud de los consumidores y a la información, a efecto de que las personas conozcan cómo están hechos los productos. 

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