Ante queja de empresario por falta de pago, Sefiplan confirma abono
octubre 30, 2021
Isabel Ortega. Xalapa. Recientemente el empresario Jesús Castañeda Nevares se quejó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) incumple con la recomendación 155/2020 en la que se pide cumplir con el pago de facturas heredadas por la administración de Javier Duarte de Ochoa.
A la empresa Corporativo para el Desarrollo de Tecnologías en México, S.A. de C.V., la actual administración le ha pagado dos millones 447 mil pesos como parte de los pendientes que les heredaron otras administraciones.
En octubre del 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pidió al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Luis Lima Franco, que valide la deuda de poco más de 49 millones de pesos que fue heredada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Al emitir la recomendación 155/2020 el pasado 12 de septiembre, reconoce que, al no validar la deuda de 16 proveedores, integrados a la asociación SOS, se viola su derecho a la seguridad jurídica en relación con garantías judiciales.
Desde abril del 2019 la Sefiplan le ha realizado siete transferencias electrónicas para cubrir pasivos desde el 2016 y ejercicios anteriores.
El 25 de abril del 2019, se le hicieron cuatro transferencias por un millón 40 mil pesos; para el 20 de junio se hizo un nuevo pago por 406 mil 400 pesos; además, el 12 de noviembre recibió un sexto abono por medio millón de pesos.
Para el cierre del 2019, al empresario se le pagó un millón 947 mil por concepto de gasto de impresiones, por el servicio de timbrado de comprobantes fiscales; licencia anula de uso de sofware de la plataforma de gobierno; entre otros conceptos.
El séptimo pago se realizó en abril del 2020 por 500 mil pesos por el servicio de timbrado de comprobantes fiscales digitales para la nómina electrónica, que se debían desde el año 2016.
A pesar de las constantes quejas por la falta de pago, algunos empresarios se han negado a dar a conocer los montos totales de los adeudos que tiene el Estado, con el argumento que no todos han sido validados.