Aprueba Pleno del Senado reformas a la Ley de Amnistía, con 67 votos a favor y 32 en contra

• Beneficiará a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de hechos en casos relevantes; el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados

La Cámara de Senadores aprobó el dictamen para que el titular del Ejecutivo Federal pueda
otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento
establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal
y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los
hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

El proyecto que adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía fue aprobado por la Asamblea con
67 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados.

Precisa que la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las
sanciones impuestas. Y que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley.

De esta manera, se destaca en el dictamen, podrán agilizarse los procedimientos y el
otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los
requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

Por lo cual, la propuesta se circunscribe en el orden de progresividad de derechos para las
víctimas y sus familiares, a efecto de que se conozca la verdad sobre las violaciones de los
derechos humanos y se logre una reparación integral y efectiva del daño.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, señaló que este producto
legislativo tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia
nacional, pues “la nación mexicana tiene heridas que al día de hoy no han cicatrizado, por lo
que se debe contar con recursos extraordinarios, para poder subsanar las violaciones a
derechos que el Estado ha perpetrado en casos donde la justicia no ha tenido avances”.

Dijo que se trata de un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el
esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad, así como en la
persecución de los delitos y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos
humanos.

Sin embargo, agregó, no se trata de una atribución abierta al Poder Ejecutivo pues se
establecen varias situaciones para que esta proceda.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, expresó que esta propuesta está encaminada a esclarecer hechos
delictivos para alcanzar la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.

El derecho a la verdad que es el fin último de este dictamen, dijo, está estrechamente
vinculado con la situación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos,
porque no sólo va a contribuir a esclarecer los hechos, sino que también proporcionaría una
sensación de justicia que ayudaría al proceso de recuperación”, concluyó.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma tiene el
propósito de aclarar la verdad histórica de hechos en los que se cometieron asesinatos
colectivos, como en los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, o el de Tlatlaya, en el Estado de
México.

Dijo que también está pendiente aclarar los hechos que acontecieron en Chalchihuapan,
Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en
Michoacán, relacionados con masacres que se cometieron durante los gobiernos pasados y
en los “que nuestra obligación es llegar a la verdad”.

A nombre de Acción Nacional, en contra de la reforma, la senadora Gina Andrea Cruz
Blackledge tildó la enmienda como un “exceso” y “despropósito” con miras de
inconstitucionalidad que promueve la impunidad, con lo que el Senado le da una “puñalada
mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se
la entrega de manera discrecional al Ejecutivo federal.

En contra de la reforma y en representación del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum
acusó que la “prisa” y “desesperación” por sacar adelante las enmiendas relativas a
pensiones, de amparo y de amnistía, obedece a intenciones de robar los ahorros de los
trabajadores, impedir amparos al respecto y perdonar a los funcionarios que hagan mal uso
de esos recursos, lo que calificó como una trama cuya “realidad rebasa la ficción”.

También en contra, se posicionó la senadora Patricia Mercado a nombre de Movimiento
Ciudadano, quien rechazó que esta reforma coadyuve al esclarecimiento de la verdad, pues
no cuenta con condiciones como las que se han establecido en otras naciones para otorgar
amnistía, como dejar las armas, no reincidir, reparar a las víctimas o participar en procesos de
educación, cuyo mejor ejemplo de la región es el Acuerdo de Paz para Colombia.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del PRD, denunció que el gobierno actual actúa con
hipocresía, ya que prometieron garantizar el derecho a la verdad y ayudar a las víctimas de
este país, por lo que esta reforma es contraria a lo que el Ejecutivo prometió hace seis años;
“¿a quién se quiere perdonar?, cuestionó.

Previamente, la asamblea desechó, con 63 votos en contra y 30 a favor, una moción
suspensiva presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN; su
coordinador, Julen Rementería del Puerto, acusó que con este proyecto de reforma se le da
un “poder omnímodo” al titular del Ejecutivo federal, y advirtió que esa facultad “se les puede
revertir” en un futuro a quienes la apoyen.

Presentaron voto particular a la reforma de la Ley de Amnistía, los senadores de Movimiento
Ciudadano Ruth Alejandra López Hernández, Luis David Ortíz Salinas y Laura Iraís
Ballesteros Mancilla; de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Adriana
Guadalupe Jurado Valadez y Damián Zepeda Vidales; del PRD, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, así como los senadores Germán Martínez Cázares y Claudia Ruiz Massieu Salinas.
En tanto, las senadoras Josefina Vázquez Mota, Mayuli Latifa Martínez Simón, Guadalupe
Saldaña Cisneros, Alejandra Reynoso Sánchez, Lilly Téllez, Estrella Rojas Loreto, Gina
Andrea Cruz Blackledge, y los senadores José Erandi Bermúdez Méndez, Alfredo Botello
Montes y Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, presentaron reservas al documento,
mismas que no fueron aprobadas por la Asamblea.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Añorve Baños y la senadora Claudia
Balderas Espinoza también propusieron modificaciones al dictamen, pero no fueron avaladas
por las y los senadores, por lo que el dictamen se mantuvo en sus términos.