ASF observa subejercicio de fondos federales en 2019
febrero 24, 2021
Isabel Ortega/Xalapa.- El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la mezcla de recursos, práctica conocida como licuadora, y por el subejercicio en el que incurrió al no gastar en tiempo los más de mil millones del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
El informe que se presentó recientemente detalla que en la misma cuenta bancaria del FISE se depositó el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por lo que se inició una investigación para sancionar al responsable de la irregularidad administrativa.
Datos de la auditoría 2019-A-30000-19-1284-2020, detallan que Sefiplan debe regresar cerca de 6 millones de pesos que fueron considerados como presunto daño patrimonial.
Al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave le fueron entregados mil 100 millones de pesos del FISE 2019 y durante su administración se generaron intereses por lo que al 31 de marzo el monto total fue de 1,148,810.7 miles de pesos.
La Sefiplan reportó, al 31 de diciembre de 2019, que se habían comprometido mil 50 millones de pesos, sin embargo, sólo pagó el 50 por ciento de los recursos, quedaron pendientes más de 559 millones.
Para marzo del 2020, logró acreditar el gasto de los mil 50 millones transferidos por la federación. El dinero se invirtió a través de SEDESOL, la SIOP, la SEDARPA, la CAEV, e INVIVIENDA, que entregó anticipos de obras por 3 millones 932 mil pesos; al no concluir las acciones se les pidió la devolución del dinero.
Además, según la observación 2019-A-30000-19-1294-06-002, había retraso en la edificación de 104 cuartos para dormitorio del programa calidad y espacios para la vivienda en los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Soteapan. En ese caso se determinó un posible daño patrimonial por un millón 160 mil pesos.
En cuanto a la Secretaría de Salud, se observaron al menos cuatro contratos de acciones de remodelación y compra de material para hospitales, sin embargo, se consideró daño patrimonial y se exigió la devolución de 813 mil pesos, que se usaron para la compra de un set instrumental para craneotomía, el cual no fue localizado.