Avanza en Comisiones proyecto para brindar amnistía a quien ayude a esclarecer casos de interés para el Estado

• También avalan propuesta para limitar la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales otorguen suspensión provisional y definitiva contra leyes que expida el Congreso

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la
senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente,
aprobaron un proyecto para extender la facultad del Ejecutivo Federal para brindar amnistía,
de manera directa, a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para
esclarecer los hechos y llegar a la verdad en casos relevantes para el Estado.

La propuesta, que adiciona el artículo 9 a la Ley de Amnistía, también establece que se
concederá amnistía a la persona o personas contra las que se haya ejercido acción penal,
estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.

El documento, aprobado con 18 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, precisa
que en los casos a que se refiere esta disposición no será aplicable lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley y que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones
impuestas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, aseveró que el
fondo del proyecto es buscar la verdad, implementar la justicia transicional e impulsar la
reparación del daño a las víctimas de un delito y sus familias.

Al respecto, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, afirmó que este proyecto
ayudará a llegar a las verdades históricas, además de que impulsará la justicia social, pues
diversos testimonios fueron obtenidos a través de la tortura.

“Llegar a la verdad es llegar a los autores intelectuales de los delitos, que muchos de ellos, de
gobiernos anteriores, se encuentran libres”, acotó.

El senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, argumentó que esta reforma tiene
sólo “un beneficiario”, que sería el titular del Ejecutivo Federal, pues con la modificación legal, advirtió, “se hará más poderoso” al tener la facultad de perdonar un delito a quien sea por
delincuencia organizada, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol o
incluso narcotráfico.

Por el PRI, el senador Mario Zamora Gastélum pidió cuestionar a quién quiere perdonar el
presidente de la República, especialmente antes de las elecciones. En ese sentido, denunció
que la premura por aprobar esta propuesta es para otorgar la amnistía a alguien que pueda
ayudar a Morena a ganar la elección presidencial.

Laura Iraís Ballesteros Mancilla, senadora de Movimiento Ciudadano, acusó que estas
reformas y su análisis en “fast track” son muestra de la intención de reinstalar un
“hiperpresidencialismo mexicano”, que calificó como “peligroso” por otorgarle al Ejecutivo
federal gran cantidad de facultades que no le deberían corresponder.

En tanto, Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, declaró que “no se puede llevar a la
Constitución el principio de abrazos y no balazos a los criminales”. En ese tenor, afirmó que la
aprobación de esta propuesta es una afrenta a la división de poderes, pues se le otorga
mayores facultades al Ejecutivo.

Además, las Comisiones avalaron un proyecto que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley
de Amparo, para limitar la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales, dentro de los juicios
de amparo que se interpongan contra leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de
los estados, otorguen suspensión provisional y definitiva con efectos generales.

Esta propuesta, aprobada con 19 votos a favor y 13 en contra, pretende abordar un problema
de interpretación y aplicación de la Ley de Amparo en México, particularmente en lo que
respecta en la suspensión y a los efectos generales, detalla el documento.

Sánchez Cordero subrayó que la Ley de Amparo es contradictoria, pues en 11 fracciones del
ordenamiento se establece que no se puede conceder la suspensión definitiva con efectos
generales, mientras que dos fracciones indican que sí se puede; “es una norma restrictiva de
derechos”, aseguró.

Espino de la Peña acusó que ha habido un abuso de las suspensiones provisionales, además
de que el Poder Judicial “invalida a priori” sin antes resolver la constitucionalidad de las
reformas del Poder Legislativo, que dicta y aprueba las reforma por mayoría relativa o
calificada, por lo que los efectos de las enmiendas “no deben ser paralizados de forma
general”.

El senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, afirmó que “la Corte se ha extralimitado al
conceder el efecto general de la suspensión en el caso de las leyes generales”. En ese
sentido, detalló que el amparo jamás debe tener mayores consecuencias que lo que obtendría
el quejoso con el fondo de la sentencia, por lo que no deben suspenderse las leyes.

Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales explicó que el ciudadano tiene el
juicio de amparo como medio de defensa ante los abusos de la autoridad y, en casos
extremos, éste tiene efectos generales para proteger a todos. Por ello, subrayó que estas
modificaciones buscan que no se puedan parar las obras y las leyes del partido en el poder.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseveró que esta reforma es innecesaria,
pues lo único que se debe hacer es cumplir con la ley y con lo que mandata la Constitución.

Además, enfatizó que la propuesta busca limitar los derechos de las personas y restringir la
facultad de los jueces para tomar criterios.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla aseveró que esta
propuesta “daña el corazón de la división de poderes”. Además, indicó que dejará sin
protección a la población que no pueda pagar un abogado ante los abusos de poder de
cualquier autoridad.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, opinó que la enmienda no es anticonstitucional y se
pronunció a favor de hacer “una reforma más profunda” para establecer en la Carta Magna un
principio de progresividad para delimitar a los jueces que “están ya casi legislando” y “se
duermen en sus laureles hasta llegar a la solución de la sentencia definitiva”.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, consideró que lo que plantea el dictamen
es inconstitucional porque el artículo 107 de la Carta Magna establece que “el juzgador
deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del bien social”, por
lo que no puede haber ninguna ley secundaria que restrinja la facultad del juzgador.

El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, denunció falta de reflexión
parlamentaria, pues al tratarse de un tema importante debería analizarse con mayor seriedad.
Además, señaló que la propuesta de reforma busca debilitar a los jueces.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la aprobación de estas
modificaciones implicaría cancelar la posibilidad de que las y los jueces valoren si una
suspensión ayudará a evitar una mayor afectación al interés social, así como impedir que
suspendan normas que violenten derechos humanos.