Cada vez se reportan más casos de niños sustraídos que acaban siendo víctimas de trata
julio 23, 2020
Redacción/De Norte a Sur. El secuestro del pequeño Dylan, en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hizo que las autoridades dieran con 23 menores privados de su libertad. Tres mujeres los obligaban a vender artesanías en la zona turística más importante del estado.
La trata de menores es uno de los grandes pendientes que hay en México. Las víctimas son cada vez más jóvenes, incluso bebés son contrabandeados, en esta ocasión hallaron tres lactantes, y los delincuentes no sólo los obligan a trabajar o a la prostitución, también los manipulan para delinquir.
Las cifras sobre trata de menores son alarmantes. Basta decir que es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo. En México, el 99 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. Se sabe que el territorio mexicano es fuente, tránsito y destino para la trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado, ahora también se habla de extracción de órganos.
Otro dato que preocupa es que nuestra nación ocupa el primer lugar en la producción de pornografía infantil, el quinto en trata de personas. México ratificó en 2003 el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, comprometiéndose con la comunidad internacional a realizar reformas legislativas que atiendan el problema, así como apoyo a las víctimas.
Es un delito que parece avanzar sobre otros, como el tráfico de drogas. Los cárteles expanden sus tentáculos para convencer a niñas de entre 12 y 16 años para abandonar sus hogares, engañadas con promesas de una vida de ensueño que acaba siendo una pesadilla de muchos años, misma que incluso las puede llevar a las adicciones o la muerte. Pero también son víctimas hombres y niños, que terminan siendo explotados, no solamente con fines sexuales si no también de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.
La situación en que se describe a México obliga a cuestionarnos si el gobierno cuenta con las políticas públicas adecuadas para resolver el problema de la trata de personas, no sólo en la modalidad de trabajo infantil, lo mismo con el tema de explotación sexual o de forzar a los menores a delinquir.
Como el caso de los menores de Chiapas, de acuerdo con la Unicef, es común que los niños sean secuestrados para obligarlos a mendigar o robar carteras, hacen este trabajo forzado desde que sale el sol hasta que se mete. Niñas son engañadas con la promesa de emplearlas como modelos y después se encuentran atrapadas en un mundo de explotación sexual y pornografía, a otras les prometen trabajo legítimo que termina en virtual confinamiento y abuso, y hombres y mujeres por igual son llevados para obligarlos a trabajar en condiciones indignas.
En otros países de América Latina, los niños son alquilados para mendigar. Es el caso de muchos venezolanos que emigraron a Colombia, donde el negocio de las limosnas se ha vuelto rentable. Es común que padres alquilen a sus hijos para sobrellevar el día a día en aquel país. En México, se han formado redes de explotadores que se dedican a secuestrar menores con la finalidad de ganar dinero a expensas de la lástima que estos causan a la gente.
El delito de robo de menores creció en México. Sólo en la CDMX, el año pasado se denunciaron mil 164 y para 2020 a principio de año se reportaron más casos en comparación con los periodos de 2019. En varios casos se evidencia que las autoridades se quedan cortas en su actuar, desde el típico “seguro se escapó con el novio” al “hay que esperar 72 horas de la desaparición para denunciar y comenzar la búsqueda”, los encargados de salvaguardar nuestra integridad se quedan estáticos hasta que no tienen más remedio que actuar, muchas veces cuando ya es demasiado tarde.
La explotación infantil tiene muchos rostros que son invisibles a simple vista. La sociedad, en general, no se detiene a ver que muchos niños laboran en entornos peligrosos, como fábricas, minas, campos agrícolas, donde están expuestos a sustancias peligrosas. A estos menores se les priva de derechos primordiales, como es educación, salud, esparcimiento, entre otras cosas.
Otra violación a los derechos infantiles se deriva de la pobreza que orilla a todos los miembros de una familia a aportar gasto o llevar comida a la mesa, sin importar qué edad tengan. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial 7 de cada 10 niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola; en México ése es uno de los mayores rezagos, pues no se ha logrado, a pesar de algunos avances, reducir significativamente el número de niñas y niños jornaleros agrícolas; a ellos deben sumarse quienes son víctimas de las peores formas de explotación infantil, como la mendicidad forzada o la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.
De acuerdo con la medición 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 3.2 millones de niños y adolescentes de cinco a 17 años que trabajan en México, de estos 2.1 millones trabaja en actividades que no están permitidas. Se estima que 30.5 por ciento de los infantes trabajan en el sector agropecuario, 25.9 por ciento en el comercio, y 24.6 por ciento en el sector servicios.