Chiapas: territorio en disputa por los cárteles

Según información de inteligencia, el Estado de Chiapas está controlado por seis cárteles que se disputan una de las rutas más codiciadas por el crimen organizado. Por esa ruta entran a México cuantiosos cargamentos de droga, armas y ganado robado proveniente de Centroamérica, particularmente de Guatemala, que en sus panzas llevan bolsas con cocaína.

El crimen goza de absoluta impunidad, pues a pesar de la guerra de alta intensidad que libran cárteles como Sinaloa, Golfo, Zetas, Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y el de San Juan Chamula, ninguna autoridad frena las matanzas, secuestros y el pernicioso trasiego de estupefacientes y migrantes que, provenientes de Centroamérica, arriban a México por el estado de Chiapas.

De ser una entidad donde criminales y políticos mantenían un pacto de impunidad, el estado de Chiapas pasó a ser tierra de disputas entre grupos del crimen organizado. La guerra es por el control territorial y el trasiego de droga que proviene de América Central, la más importante bodega de almacenamiento de estupefacientes que entran por el sureste y luego terminan en el voraz mercado de consumo: Estados Unidos. También se detona por el negocio del tráfico humano, en manos de los cárteles se trata de personas indocumentadas que utilizan esa entidad para cruzar de Centroamérica a México. El narco les cobra y los lleva a la frontera, donde pueden pasar a Estados Unidos o bien ser repatriados. Muchos incluso mueren en el intento.

La guerra de alta intensidad en Chiapas está protagonizada por seis grupos criminales, pero informes de inteligencia del gobierno federal identifican también a organizaciones subversivas que, con el membrete de la lucha social, incursionaron en el tráfico de drogas y por ello defienden sus territorios a sangre y fuego.

Con base en los informes del gobierno federal, seis cárteles se disputan el control de Chiapas, entidad clave del Pacífico mexicano para el movimiento de drogas, armas, ganado robado y migrantes –negocios de la delincuencia organizada –que cruzan desde Guatemala a México por esa frontera porosa; luego, la droga viaja hacia Tabasco y de aquí puede ser enviada hacia el Caribe o hacia el Golfo, vía Veracruz y Tamaulipas para después introducirla a Estados Unidos a través del Valle de Texas. Si los cargamentos salen hacia El Caribe, los alcaloides viajan hasta Miami, Estados Unidos.

Los seis cárteles que se disputan el estado de Chiapas, con base en los informes consultados, operan varios delitos: secuestro, extorsión, venta de droga a granel incluida las sintéticas. Chiapas es estratégico como territorio para los grupos criminales: colina con Centroamérica. En la entidad también se ha detectado la de grupos subversivos, pandillas como “La Mara Salvatrucha 13”, “Barrio 18”, entre otros.

Documentos de inteligencia consultados del gobierno federal revelan que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están enfrentados por apropiarse del control de los municipios ubicados en la costa del Pacífico. También quieren las demarcaciones fronterizas con Guatemala, todos estos territorios son estratégicos para sus actividades ilegales.

Los Zetas –según los informes citados –dominan la zona metropolitana y el centro del estado; con mayor fuerza están Los Beltrán Leyva (o lo que queda de este grupo, desarticulado en 2010 tras la muerte de Arturo Beltrán, su jefe), Golfo y entre todos estos cárteles destaca el de San Juan Chamula, el cual está operando en quince regiones de la entidad.

Representado por Gilberto Zavala Páramo, “El Manco” y otro sujeto citado en los informes como “Don Gil”, Sinaloa y Jalisco, a través de José Inés Landero, “El Indio” o “El Apestoso” pelean por el control del corredor de Arriaga, Tonalá.

La disputa se extiende hacia Cintala, Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Frontera Comalapa, Matazintla, Siltepec y Ángel Albino Corzo, entre otras demarcaciones ubicadas en las inmediaciones de la costa del Pacífico.

Dicen los informes: “El Manco se apoya en Faustino Damián Castro o Fausto Damián Castro, “El Patrón” o “El Jefe” o “El Chapulín.” Este sujeto está identificado por las autoridades federales como uno de los lugartenientes a cargo de las operaciones ilícitas en Huehuetán, Mazatán, Acapetahua, Suchiate, Frontera Hidalgo y Tapachula.

Con base en un mapa general del narcotráfico nacional, Los Zetas, encabezados por Adán Juárez Gómez, “El Pelón”, domina la región metropolitana que incluye zonas como Mezcalapa norte, Soconusco y Selva Lacandona, entre las que destacan las alcaldías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Berriozábal, Comitán de Domínguez, donde se concentra la mayor parte de los habitantes de la entidad, la cual colinda con Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Aunque está debilitado en su estructura y operación el cártel de Los Beltrán Leyva mantiene sus células activas en Chiapas: están encabezadas por Marco Antonio Zetina Ricardez, conocido en el mundo del hampa como “El Zetina”. Opera en el municipio de Palenque, colindante con Tabasco. Esta zona es considerada una de las rutas de paso de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Además del tráfico de drogas, ese grupo criminal también controla el tráfico humano.

Los informes de inteligencia señalan, además, que el cártel de San Juan Chamula es otro grupo delictivo con fuerte presencia y poder en Chiapas. Lo encabeza un sujeto que en los reportes oficiales está identificado como “El Caracol”. Su radio de acción es la comunidad que lleva por nombre el del mismo cártel. Sus alcances llegan hasta los límites con Veracruz y Tabasco, donde también está presente el cártel del Golfo.

No es todo: En Chiapas también decenas de grupos subversivos que están relacionados con el trasiego de drogas. Las áreas de inteligencia federales tienen detectada la presencia de las pandillas juveniles, entre otras, Los Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, dedicados principalmente a los homicidios y narcomenudeo en al menos doce localidades chiapanecas: Metapa de Domínguez, Mapastepec, Palenque, Pijijiapan, Ciudad Hidalgo. Los informes señalan que estos grupos también cuentan con una extraordinaria narcodinámica en Centroamérica.

La presencia de grupos subversivos radicales en Chiapas, entidad azotada por la pobreza y la marginación de los pueblos originarios, data de varias décadas atrás. El gobierno federal tiene conocimiento de cinco distribuidos en regiones indígenas, principalmente.

Entre los llamados grupos subversivos destaca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que, en 1994, en pleno cierre del gobierno de Carlos Salinas, declaró la guerra al gobierno, puso al descubierto que el país no formaba parte del primer mundo, sino que seguía sumido en el subdesarrollo social y económico.

El EZLN opera en municipios como Ocosingo, Altamira, Larráinzar, Chenalhó, Las Margaritas, Altamirano, Tonalá, Palenque, Salto de Agua, Túmbala y Benemérito de las Américas.

Le sigue el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), presente en Villa Flores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Matazintla, San Cristóbal, Salto de Agua, Altamirano y Ocosingo.

Luego está el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y/o Organización por el Desarrollo de la Paz y Justicia, asesorada por Óscar Sánchez Alpuche, con el control de comunidades como Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Túmbala y Palenque.

Por último, la lista de organizaciones subversivas incluye a la organización paramilitar “Chinchulines”, que antes pertenecía a la organización para la Defensa y/o agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y Coordinación de Pueblos, así como al Movimiento Campesino Regional Independiente y Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional.

DROGA Y MIGRANTES

En Chiapas, territorio donde el narco y el poder político han pactado históricamente, se vive una crisis de seguridad pública.

Se han roto los pactos establecidos, después de la elección del 6 de junio, como ocurrió en quince estados del país, y las fuerzas del crimen organizado se reacomoda en diversos territorios.

En Chiapas –también en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas –la crisis de violencia está imparable.

En la entidad del sureste, la tierra donde en 1994 surgió la insurgencia con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la violencia no tiene precedente en los años recientes. El cártel de Jalisco y el de Sinaloa se disputan una puerta clave del ingreso de drogas provenientes de Sudamérica que, en la etapa del PRI, estaba bajo control. Pero ya cambió el esquema. Y esto causó la guerra en la zona de Chenalhó y la región Tzotzil.

Impotente el estado de Chiapas –y la Federación con todo y su Guardia Nacional –los indígenas se reorganizaron y crearon a autodefensa “El Machete”, con la cual pretenden hacer frente al crimen organizado, a lo que el gobierno federal ha rehusado.

“El Machete”, según informes públicos, está constituido por un par de centenares de hombres enmascarados que se enfrentaron a los grupos del crimen para salvaguardar los intereses de sus regiones. Se espera que se mantengan en esa línea de lucha.

Esto, porque en los últimos ocho años han surgido unos cincuenta grupos de autodefensas en seis estados –Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas – que en su mayoría han terminado convertidas en brazos armados del crimen organizado, pues han aceptado apoyo económico y armas de los diversos cárteles que operan en el país.

Las autodefensas formaron parte de un proyecto que propuso el general Óscar Narango, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, quien fue asesor del presidente Enrique Peña Nieto. El proyecto empezó en Michoacán, pero todo derivó en un verdadero fiasco: las autodefensas fueron capturadas por el crimen, lo que explica la violencia actual. Otros proyectos similares también han terminado devorados por los cárteles.

Puerta de entrada de la droga y precursores químicos que provienen de Sudamérica y Centroamérica; zona de abastecimiento de los cárteles, territorio donde por años imperaron los pactos para evitar la violencia, el estado de Chiapas se ha convertido en un infierno: Tres grupos criminales –el cártel de Sinaloa, así como los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación– están en abierta disputa por el control de ese territorio.

Tales enfrentamientos –que se agudizaron la semana pasada –han provocado el desplazamiento de al menos unas dos mil personas que, hasta la fecha, huyen de la violencia perpetrada por el crimen organizado en la zona Tzotzil de Pantelhó-Chenalhó. La región –se asegura –ha sido abandonada debido a la ola de muertes causadas por los enfrentamientos entre los cárteles. Ninguna autoridad local ni federal interviene para impedirlo.

No es todo: en medio del fuego que han desatado estos tres grupos criminales fue asesinado Simón Pedro Pérez López, un activista defensor de los derechos humanos que, el 6 de julio de 2021, fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con testigos de los hechos, el autor del crimen fue un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta. El activista era miembro de la Organización Civil Las Abejas Acteal, organismo de la que fue presidente en el año 2020.

Según las investigaciones consultadas, los hechos ocurrieron a las 10:00 de la mañana en el municipio de Simojovel. En ese momento, Simón Pedro –un indígena tzotzil –realizaba compras en compañía de su hijo. La víctima, además de ser defensor de los derechos humanos, era catequista de la parroquia de Santa Catarina en Pantalhó.

El párroco de esa población, Marcelo Pérez, señaló que Simón Pérez era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pentalhó. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas repudió “la acción criminal que está imperando en los Altos de Chiapas”.

Expuso su versión: “Desde su trabajo como integrantes de Las Abejas Acteal y como servidor de la iglesia trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, desde esa labor había estado había estado acompañando a comunidades que han denunciado la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”.

Y agregó en otro apartado de su comunicado: “Exigimos a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas una investigación diligente”.

Durante años, el crimen organizado y el poder político selló pactos para lograr lo que se conoce como “una pax mafiosa”. Estos acuerdos tenían como objetivo que el territorio chiapaneco estuviera libre de violencia de alto impacto. En resumen, trataban de impedir que se calentara la plaza, ya que las masacres ponían en riesgo el negocio de las drogas.

Y es que a través de Chiapas –puerta de entrada en la puerta del pacífico –entra al país buena parte de los cargamentos de droga que provienen de Centro y Sudamérica. Dicha droga, así como cuantiosas cantidades de precursores químicos, llegan a Guatemala y cruzan a México por la frontera del sureste, es decir, por Chiapas, una de las zonas más porosas del país donde no existe ningún tipo de vigilancia.

Incluso, la gente tanto de Guatemala como de México pueden cruzan con mercancías sin presentar ningún tipo de documento de identidad; es una zona que también tiene una amplia actividad de abigeato, pues el ganado suele ser cruzado a cualquiera de los territorios por el río Suchiate, que divide a los dos países y que es considerado uno de los más importantes para el tráfico de drogas y de personas.

En Chiapas se han afincado tres cárteles y sus redes comenzaron a reacomodarse después de las elecciones del 6 de junio, como ha ocurrido en los territorios donde ganaron los candidatos que lanzó el Partido de Regeneración Nacional (MORENA).

En ese territorio del sureste mexicano, por ejemplo, operan “Los Ciriles”, una célula criminal que las autoridades federales ligan con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuya presencia se extiende a la zona tzotzil, particularmente en las demarcaciones de Pantelhó, donde fue asesinado el activista de los derechos humanos Simón Pedro Pérez.

Esta región ha estado sacudida por la violencia en los últimos días. Además del crimen de Pérez el crimen organizado atacó a los habitantes de la comunidad, bloquearon caminos y sometieron a un toque de queda obligatorio; luego hubo enfrentamientos con fuerzas armadas, lo que dejó un saldo de decenas de muertos y nueve heridos.

No fue todo: durante los días agitados que vivió Chiapas también se incendió el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde fue asesinado Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –operador de Ismael “El Mayo” Zambada –, quien es hijo de otro capo importante conocido en el mundo del hampa como “El Tío Gil”, cuyo nombre real es Gilberto Rivera Amarillas, extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Rivera Amarillas, “El Tío Gil”, también fue acusado de conspiración y en total de seis cargos relacionados con la distribución de cocaína a los Estados Unidos. Este capo estaba estrechamente relacionado con Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada. Fue capturado cuando había decidido a México.

Por lo que respecta de su hijo, “El Juniors”, fue ejecutado cuando viajaba con sus escoltas. El relato sobre su muerte indica que le dispararon a quemarropa justamente cuando un vehículo donde viajaban rivales suyos le dieron alcance.

Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en Chiapas las operaciones de narcotráfico y, por ende, las disputas armadas las protagonizan tres cárteles: Golfo, CJNG y Sinaloa. Los tres se reparten el control del territorio.

Controlan la frontera con Guatemala. En el caso del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera, opera en la frontera sur-occidental, mientras que el cártel del Golfo, el grupo criminal que más ha crecido, tiene tentáculos que llegan hasta los estados de Oaxaca y Veracruz.

Los mismos informes, por otra parte, indican que en Chiapas también hay células de Los Zetas, antiguo brazo armado del cártel del Golfo. Estos cárteles rompieron relaciones en 2004. Los Zetas, fundados en 1997 por Heriberto Lazcano Lazcano y Arturo Guzmán Decenas, decidieron independizarse y convertirse en un cártel independiente, aunque en los últimos años se ha debilitado y ha perdido decenas de territorios.

En el escenario nacional –y en el particular de Chiapas –el cártel de Sinaloa es el grupo criminal que mayor presencia tiene en la entidad del sureste.

Tras las elecciones del 6 de junio, la organización que dirige Ismael “El Mayo” Zambada avanzó en el control territorial: ahora está afincado en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca, todo un corredor que ahora dispondrá para operar sus más de veinte actividades delictivas.

Así, después de varios años sin presentar violencia de alto impacto, todo esto debido a los pactos entre el poder y el crimen organizado, Chiapas pasó a ser un territorio sin ley.