Christian Téllez, una víctima más de abuso policial en Veracruz

agosto 28, 2019

México/Notimex. A nueve años de la desaparición forzada de su hijo Christian Téllez Padilla, María Eugenia Padilla confiesa que la razón le dice que no lo encontrará vivo, pero el corazón le indica lo contrario.

“Ahora que lo encuentre no sé cómo me lo van a entregar; y si está vivo, no sé si presentará daños por el trato que le dieron los policías, por lo que pudieron haberle hecho”, señala la mujer de 58 años, quien recuerda los dolorosos hechos.

El 26 de octubre de 2010, elementos de la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, en Veracruz, detuvieron sin motivo y con violencia a Christian, y desde entonces no hay rastro del estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad del Golfo de México.

A principios de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió por primera vez en su historia un dictamen en el que señala que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de Christian y le pide investigar y sancionar el caso; es la primera vez que la ONU se pronuncia sobre un caso de desaparición forzada en México.

Esto, en la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que desde 2010 se conmemora el 30 de agosto de cada año a instancias de la misma ONU y ante el incremento de las desapariciones forzadas e involuntarias en diversas regiones del mundo.

Para María Eugenia, el histórico fallo es como un “grito fuerte” para que todo el mundo sepa lo que las autoridades le hicieron a su hijo, a ella y a su familia y, en general, que se sepa de la tragedia de la desaparición de personas en México.

La madre que crió sola a sus tres hijos exige a las autoridades mexicanas que le devuelvan a Christian, “ya como sea, pero que me lo entreguen”, y también que los perpetradores de la desaparición sean castigados junto con toda la cadena de mando involucrada.

Precisa que las sanciones tendrían que alcanzar al entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y al mismo expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues fue él quien “inició el desorden y hay 40 mil secuelas de lo que provocó”.

En el caso de Veracruz, de acuerdo con datos oficiales, entre 2006 a 2016, la Fiscalía estatal recibió tres mil 600 denuncias por desaparición de personas, cifra que podría ser mayor porque no todos los casos se denuncian.

María Eugenia recuerda que, al mes de la desaparición de su hijo, quien entonces tenía 30 años, conoció a un abogado que le habló de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en la década de 1970.

Desde entonces, ella se propuso que, si las autoridades mexicanas le fallaban de nuevo, llevaría su caso ante una instancia internacional y así lo hizo, gracias al apoyo de la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas).

María Eugenia refiere que nueve años atrás, cuando le desaparecieron a su hijo, al que describe como querendón y juguetón, no se imaginó que las propias instituciones pudieran ser responsables; tampoco que, en su búsqueda, enfrentaría un entramado de corrupción y negligencia institucional.

La mujer señala que en Veracruz la trataron muy mal, así como en la entonces Procuraduría General de la República: “Poco a poco fui entendiendo que violaron mis derechos”.

Detalla que cuando la esposa de su hijo Christian explicó que ocho uniformados con armas lo bajaron de un automóvil a golpes y lo subieron en una patrulla pick up, el personal de la Procuraduría de Xalapa se mostró “indolente y pasivo”.

Posteriormente, cuando el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, el agente ministerial a cargo intentaba infundirle miedo para que cesara su denuncia.

Mientras transcurre la entrevista, la madre de familia se disculpa por perder el hilo de la conversación, por saltar intempestivamente de una idea a otra, y explica que antes no le pasaba, que su falta de concentración es secuela de la desaparición de su hijo, que la llevó a tomar terapia y medicamento.

María Eugenia se volcó de lleno a la búsqueda de Christian y perdió su empleo como cajera recepcionista; además, por un periodo se distanció de sus parientes por temor a arriesgarlos y perderlos a ellos también.

Actualmente vende productos de catálogo, como cosméticos y zapatos, pues su condición le dificulta mucho tener un empleo de horario fijo.

Pablo Landero, integrante de Idheas, explica que a partir de la emisión del dictamen de la ONU fechado el pasado 5 de agosto, el Estado mexicano cuenta con un plazo máximo de 180 días para presentar avances sobre sus investigaciones.

Por lo pronto, indica, las autoridades mexicanas no han respondido a la solicitud explícita de instalar una mesa interinstitucional para dar seguimiento al caso y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no realizó ningún pronunciamiento sobre el histórico dictamen.

Es momento de que, como lo ha señalado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas en México sea verdaderamente una prioridad, señala Pablo Landero.



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