CNDH da otra recomendación a Veracruz, ahora por tortura contra detenida del caso Valladolid

Fiscales torturaron y violaron a July N para que se incriminara en homicidio de la Rectora; Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns deberá reparar el daño.

febrero 11, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Actos de tortura, amenazas, golpes y agresiones sexuales cometidas por elementos de la Policía Ministerial en contra de July Raquel “N”,  detenida en la Ciudad de México y trasladada al Penal de Pacho Viejo en 2020 como presunta responsable del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, fueron acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante ello, se emitió una nueva recomendación, dos en lo que va del año, dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, quienes deberán hacer una reparación integral del daño a la víctima, así como coadyuvar en la presentación de denuncias contra los responsables y garantizar la capacitación de personal ministerial y del Penal de Pacho Viejo.

Se emitió la recomendación 51VG/2022, en done se señala que el 17 de noviembre de 2020 la madre de July Raquel presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos  Humanos (CEDH)  de  Veracruz  en  la  que  manifestó  que  su  hija  había  sido  detenida  por policías en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México el 6 de noviembre y posteriormente trasladada a Veracruz, en  cuyo  trayecto  fue golpeada, amenaza y violentada sexualmente.

“Fue golpeada por  policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo.”

La CNDH acreditó que la mujer fue víctima de actos de tortura, agresiones físicas, psicológicas y señales lo que laceró su dignidad, honra e intimidad para que aceptará haber participado en la comisión del delito de homicidio.

Al aplicar el “protocolo de Estambul se dictaminó que la víctima presentaba insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.

Ahí quedó claro que los agentes estatales hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, en tanto el médico legista y las autoridades de Pacho Viejo vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos pero omitieron denunciarlos a la autoridad competente.

La comisión nacional recomendó al gobernador inscribir a la mujer en el Registro Estatal de Víctimas, así como a las victimas indirectas para acceder a una reparación integral del daño.

Gestionar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de las Mujeres cursos de capacitación y sensibilización al personal médico, de enfermería y en psicología adscritos al Penal de Pacho Viejo en materia de derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns deberá reparar el daño

Asimismo, a la Fiscalía General del Estado a cargo de Hernández Giadáns le solicita la reparación integral del  daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente.

Además colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para  deslindar responsabilidades; actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los  delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así  como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.

Finalmente elaborar un programa de capacitación y sensibilización dirigido a los funcionarios de la Dirección General de la Policía Ministerial involucrado en la detención, traslado, presentación, certificación de personas y en el resguardo de bienes.