Combate a la violencia de género afecta intereses políticos y económicos

Redacción/El Demócrata. Estela Casados González, responsable del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), y Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, impartieron el pasado 25 de junio la charla “Alerta de género en Veracruz: más allá de la declaratoria”. 

Este encuentro virtual transmitido por Facebook Live fue organizado por la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) con motivo del Día Naranja, como un mecanismo para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Lo anterior, en concordancia con la Campaña Naranja ÚNETE, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y puesta en marcha en 2008 para generar conciencia en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Estela Casados, docente e investigadora de la Facultad de Antropología UV, lamentó que dentro de la sociedad la violencia en contra de las mujeres sea un tema normalizado y no se vea más allá de lo evidente. 

“Esto, en el sentido de que tenemos un contexto de violencia que practicamos día con día, lo hemos hecho tan nuestro que es difícil combatirlo.” 

Incluso, manifestó que la atención e intento por erradicar dicha problemática perjudica intereses de índole político, económico y afectivo, por lo cual la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no ha podido concretarse. 

En presencia de José Othón Flores Consejo, coordinador de la CUO, reconoció que uno de los grandes esfuerzos hechos en México a favor del feminismo tiene que ver con la construcción de un andamiaje legal para la protección de la vida y los derechos de las mujeres, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la tipificación del delito de feminicidio, entre otros. 

La antropóloga social destacó la iniciativa de María Marcela Lagarde y de los Ríos, feminista y antropóloga mexicana, quien como ex diputada federal impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por el delito de feminicidio y agravio comparado. 

“Fue un trabajo conjunto con legisladoras de diferentes partidos políticos.” 

Estela Casados también compartió con los asistentes las acciones que desde 2014, previo a la instalación del OUVMujeres, se empezaron a gestar desde la CUO, en cuanto a la generación de datos, monitoreo, registro, documentación y análisis de violencias contra este sector. 

Dichos datos obtenidos a través de medios de comunicación sirvieron como insumo para elaborar la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Veracruz por el delito de feminicidio. 

La solicitud fue hecha en 2015, y el 23 de noviembre de 2016 se logró la declaratoria vigente para 11 municipios. Actualmente, se contabilizan 58, incluidos los de población indígena. 

Aunado al trabajo desarrollado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la publicación de cifras oficiales sobre feminicidios y homicidios de mujeres, entre otros datos, desde 2017 el OUVMujeres realiza un análisis, registro mensual y anual sobre los delitos antes citados, incluidas las desapariciones. 

Otro tema abordado a través de la información emitida por los medios de comunicación son los tipos y modalidades de violencia señalados dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es decir, las agresiones.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y buenas voluntades, consideró que la declaratoria no se ha podido consolidar. 

“Me parece que ha habido mucho esfuerzo, buena voluntad, un trabajo estratégico, pero no ha sido suficiente porque se han atravesado otros intereses de orden económico, pues siempre se dice que el presupuesto asignado a las mujeres es muy alto como si no fuéramos ciudadanas y no pagáramos impuestos.” 

También, hay obstáculos de orden político porque no es tema importante cuando no es época electoral o cuando se no ocupa un puesto de poder en un partido determinado. 

Aunque aplaudió los avances, planteó que dicha acción debe realizarse de forma estratégica, puntual y efectiva. 

“Hay que observar aquellos espacios donde se han bajado los niveles de violencia contra las mujeres, pero debe ser un esfuerzo articulado, estructural, a largo y corto plazo.” 

Por su parte, Yadira Hidalgo expuso que, contrario a lo que se piensa, en el sentido de que las Alertas de Género alejan el turismo o perjudican la imagen del estado, significa que Veracruz tiene que accionar ciertas medidas para garantizar la protección del derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la atribución principal de los municipios es prevenir y atender en la medida de sus posibilidades la violencia contra este sector, mientras que la sanción le compete al Estado. 

Basándose en dichas atribuciones, también se establece cómo los municipios deben trabajar en conjunto con instituciones de los diversos ámbitos y cómo organizarse para dar respuesta a la alerta de género. 

“Aquí no hay colores, cuando se trata de activar este tipo de acciones realmente las mujeres le han entrado sin importar cómo se articulen.” 

En el caso de Xalapa, resaltó que, al emitirse la alerta, el programa de trabajo tardó en aterrizar. 

“Tuvimos que entender que las alertas de género son una obligación de los municipios como instituciones que dan respuestas a las necesidades estratégicas de la población, cuando se pensaba que era responsabilidad de los Institutos Municipales de las Mujeres, cuya función es la coordinación interinstitucional para dar respuesta a estos problemas.” 

Implica, dijo, que ese municipio debe echar a andar el programa para atender la alerta, y considerar los ejes de seguridad, educación, atención, lo cual sólo es posible con la coordinación interinstitucional.