Confía PAN en el Senado que SCJ de revés a “Ley Bonilla”

Carlos Guzmán Martín/CDMX. La senadora panista Gina Cruz Blackledge manifestó su confianza en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revoquen en su sesión del lunes, la llamada Ley Bonilla.

En rueda de prensa virtual, la legisladora mexicalense se refirió a la sesión a distancia que celebrará el lunes la SCJN, en la que resolverá respecto a la reforma Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del estado, con la que se amplía el mandato de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de 2 a 5 años.

Gina Cruz destacó que como representante de los bajacalifornianos instó a la Corte a refrendar su independencia, corroborar su valor y frenar de manera tajante un abuso de poder.

“Tenemos la confianza en que las y los ministros actuarán con total apego a nuestra Constitución dejando en dos años el período para el que fue electo el gobernador Bonilla. Esa fue la decisión de los ciudadanos, ni un día más, ni uno menos”, indicó.

La legisladora por Baja California señaló que de no declarar inconstitucional esta cadena de ilegalidades, se estaría sentando un grave precedente, abriendo la puerta a la reelección, se extirparía el sentido a las elecciones y se impondría el capricho sobre la ley.

“Las ministras y los ministros tendrán en sus manos defender la democracia, el Estado de derecho y salvaguardar la Constitución. No exagero, la vida de la democracia, la Constitución y la libertad en nuestro país se van a decidir el próximo lunes”, aseguró.

Aseveró que pocas veces algo tan trascendente ha dependido de la honradez, de la valentía y la objetividad de 11 mujeres y hombres.

“Las y los senadores del PAN, la sociedad, con una mayoría aplastante, espera, de verdad espera, porque nos lo han hecho saber, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare por unanimidad inconstitucionalidad la ya famosa Ley Bonilla, que extendió el mandato del gobernador en turno de dos a cinco años”, dijo.

 La Suprema Corte definirá la constitucionalidad de un acto arbitrario y soez del Congreso de Baja California, al haber aprobado una ley a modo, transgrediendo cínicamente la legalidad, comprando conciencias e imponiendo su ambición de poder a la sociedad y por encima de voluntad de la gente, señaló Gina Cruz.

Al hacer uso de la palabra, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez comentó que lo que sucede en Baja California, es muy importante para todos los estados, es decir, no solamente es la preocupación y la atención sobre una ley que aprobaron muy mal y con esta mayoría abrumadora, sino que es un atentado a la democracia.

“Es un atentado a la legalidad de todo el país y por supuesto sentaría un precedente muy negativo, confiamos en que la Corte tome la decisión correcta, velando precisamente por la democracia, velando por el respeto de las leyes, por la legalidad y el Estado de derecho”, expuso. 

Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez expresó que la llamada Ley Bonilla es un verdadero fraude a la Constitución de Baja California, que atenta contra la certeza y la legalidad que debe existir en todo proceso electoral.

“Y tenemos la confianza de que la Suprema Corte, así como en su momento ya lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine que esta llamada Ley Bonilla es una disposición inconstitucional, que atenta contra la legalidad y la certeza jurídica”, reveló.

La senadora Josefina Vásquez Mota comentó que la Ley Bonilla es un caso abominable, es inaceptable, es vergonzoso, porque es un atropello a todo el marco de la legalidad y a la Constitución.

“Atropella el voto dado en las urnas por los ciudadanos en Baja California, que votaron tal como está establecido por un periodo de dos años, es decir, lo que no se logró en las urnas lo lograron con un fraude, que evidentemente resulta violatorio de todo el marco democrático y de legalidad”, detalló.

Mientras que el senador Damián Zepeda exigió a la SCJN que asuma su rol como guardián de la Constitución y que para mandar un mensaje fuerte y contundente a todo el país, por unanimidad diga “esto no es permitido en México, porque esto atentaría contra la democracia”.