Congreso debe legislar en torno a recomendaciones por alerta de género
julio 1, 2019
Yhadira Paredes/Xalapa. La Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado sigue vigente, por lo que el proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no suspende en absoluto ninguna de las actividades y acciones que tiene que emprender el gobierno, incluyendo el Poder Legislativo.
Así lo señaló la asesora legal de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), Esmeralda Lecxiur Ferreira quien le aclaró a aquellos diputados que han dicho que nadie les puede ordenar “que hacer”, que su obligación es legislar sobre las reformas de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz que contempla el marco normativo que es violatorio de los derechos humanos, agravia y penaliza alas mujeres en el tema del aborto.
Esta falta de legislación deriva en que “cualquier mujer en Veracruz que el día hoy interrumpir legalmente su embarazo y sea coartado por las imposibilidades que maneja el Código Penal en Caso de violación que solo dan 90 días para hacerlo, cuando sabemos que por el propio contexto político, cultural y sociológico, el mayor número de mujeres que sufren violencia sexual lo sufren dentro del hogar”.
Asimismo, criticó a la Legislatura local y manifestó que por ningún motivo puede abstraerse de sus obligaciones como parte del Estado Mexicano que se conforma por los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, por lo que ninguno puede hacer República aparte.
“El Estado mexicano es uno solo que ha adquirido compromisos y está obligado a cumplirlos y por lo tanto el Poder Legislativo sí está obligado a respetar y a llevar a cabo las recomendaciones que hay en los marcos jurídicos internacionales. Lo que las organizaciones de la sociedad civil estamos exigiendo son marcos jurídicos normativos y no existe ninguna ideología de género”, aclaró.
El llamado, dijo, es al Poder Legislativo a cumplir con su obligación y a la sociedad civil a comprender que estamos hablando de vida, pues todas las mujeres están en riesgo de sufrir una violencia sexual, sobre todo en un estado que ocupa el primer lugar en violencia sexual contra niñas y primer lugar en embarazo adolescente.
En conferencia de prensa de integrantes de la sociedad civil dejaron en claro que el proceso judicial ante la SCJN podría durar cuando menos 6 meses, pero lo conveniente sería que el Congreso asumiera su responsabilidad y cumpliera con lo marcado en la Alerta de Género desde 2017.