Congreso emitirá convocatorias para nuevo Fiscal del IVAI

abril 20, 2020

Isabel Ortega/Xalapa.- La coordinadora de la fracción PRI-Verde, Erika Ayala Ríos, explicó que cumplirán en tiempo y forma con la emisión de las convocatorias correspondientes para el nombramiento del Fiscal General y los dos comisionados del IVAI, sin embargo, la atención la contingencia sanitaria por el Covid 19, es prioritaria en este momento.

Explicó que, si bien tienen la responsabilidad de hacer la elección del o la Fiscal, y de los Comisionados, como parte de la agenda del segundo periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 02 de mayo, es necesario cuidar a los trabajadores de la Cámara, que han estado trabajando en guardias y con medidas sanitarias, para evitar el contagio de coronavirus

Hay que mencionar que el pasado 26 de marzo por acuerdo de la minoría se removió a Jorge Winckler la Fiscalía General del Estado; además, está pendiente la nominación de dos comisionados luego de la renuncia de José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, el 27 de marzo.

El legislador recordó que en ambos casos se tienen que aprobar las convocatorias para llamar a los ciudadanos a participar en el proceso de selección, tema que seguramente se abordará en próximas fechas.

La Cámara local esta en receso legislativo desde el pasado 01 de febrero, y será el próximo 01 de mayo cuando se tenga que instalar el Pleno, para dar inicio al segundo periodo del segundo año de la 65 legislatura.

“Cuidando los plazos y los tiempos se harán esos cambios cuando así se acuerde. Hasta este momento están siendo funcionales (los dos órganos), y la prioridad de los legisladores es poner toda la energía y esfuerzo para buscar que los veracruzanos estén en mejor posibilidad de sobrellevar la pandemia”.

El Partido Revolucionario Institucional tiene pendiente de aprobación 20 propuestas o iniciativas en la congeladora, en las que está la remuneración a agentes y subagentes municipales, de acuerdo con las resoluciones de los tribunales electorales; establecer que las aprobaciones del Congreso de las reformas constitucionales federales deben ser por mayoría calificada, como ocurre con las del ámbito local.

Redistribuir las atribuciones del Congreso y de la Diputación Permanente, para que las de mayor relevancia solo sean de la competencia del Pleno; otorgar presupuestos progresivos para los organismos autónomos; la creación del Instituto Estatal de las Mujeres como organismo autónomo, desapareciendo el actual Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Además, plantearon la reestructuración del Centro Estatal de Justicia Alternativa, con la supresión de la figura de organismo público descentralizado y del Consejo Directivo, a fin de optimizar recursos; reducción de comisiones edilicias en los ayuntamientos, sobre la base de que el actual número es excesivo si se considera que casi la mitad de los ayuntamientos solo tienen 3 ediles.

Pidieron reajustar los rangos de población que sirven para determinar el número de ediles en los ayuntamientos, sin afectar la representación política; suprimir el procedimiento de auscultación en la elección de agentes y subagentes municipales, al no garantizar la participación democrática de la ciudadanía.

Apoyar la economía de los estudiantes de institutos tecnológicos, suprimiendo la obligación de pagar el impuesto adicional en los casos de pago de derechos por trámites ante esas instituciones; modificar los plazos para la presentación del Ejecutivo del proyecto de presupuesto anual, para que se haga de forma posterior a la aprobación del presupuesto federal.

Creación de un OPD responsable de las políticas públicas de apoyo a personas con discapacidad, como sucede en el ámbito federal, establecer procedimientos de sustitución provisional del Ejecutivo en casos de ausencias, en forma homologada a las previstas para el presidente de la República.

16. Presupuesto progresivo para el campo.

Propusieron un incremento de las penas de prisión para los delitos de acoso y hostigamiento sexual; homologación de las definiciones de acoso y de hostigamiento sexual a las señaladas en la ley general de la materia; incorporar como delito la violación inversa, a fin de que no se queden sin castigo conductas cometidas por pederastas.

Establecer como causal de pérdida de patria potestad haber cometido delitos de naturaleza sexual, como pederastia, violación y abuso sexual a menores e incapaces, aunque las víctimas no sean las personas sobre las que se ejerza, a fin de privilegiar el interés superior de la niñez y un óptimo entorno familiar.