Juan David Castilla

En el estado de Veracruz se contabilizaron 668 fosas clandestinas en el periodo de 2006 a abril de 2023, así lo dio a conocer la organización Causa en Común, la cual también ubicó a Veracruz en el primer lugar a nivel nacional.

Le siguen Tamaulipas (554), Sinaloa (484), Chihuahua (415) y Colima (351). Además, existen 293 fosas clandestinas en los que no se especifica la entidad de hallazgo.

“El hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente en los últimos años. El auge de este fenómeno criminal se ha vuelto particularmente relevante para las labores de búsqueda de personas, dado que la exhumación de cadáveres y restos suele conducir a la identificación de personas reportadas como desaparecidas. Ciertamente, ello subraya la urgente necesidad de incrementar las capacidades forenses de las fiscalías. La ausencia de avances en este rubro explica en buena medida el surgimiento de diferentes colectivos de familiares buscadores”, se lee en el informe.

Causa en Común señaló que no existen informes oficiales, exhaustivos y actualizados, que documenten la cantidad de fosas clandestinas halladas y los resultados del procesamiento de los cadáveres y restos humanos recuperados.

“La falta de estos datos es resultado del incumplimiento de la FGR respecto a su obligación de elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones y de operar en tiempo y forma los registros de personas fallecidas no identificadas y de fosas”, indicó.

En 2020, se registraron al menos 1 mil 350 hallazgos de fosas clandestinas, 556 en 2021, 290 en 2022, 297 en 2023, y 244 en 2024, sumando al menos 2 mil 737 fosas.

CADÁVERES

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, contabilizó el hallazgo de 4 mil 701 cadáveres y 6 mil 072 restos humanos dentro de fosas clandestinas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Destacan entidades como Jalisco, con 808 cadáveres recuperados de fosas clandestinas, Sonora, con 578 cuerpos exhumados, Guanajuato, con 536, Colima, con 417, Veracruz, con 226 y Guerrero, con 198.

A pesar de que el Estado mexicano ya había ratificado tratados internacionales que refrendan su obligación de prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas, el tema no figuró en la agenda legislativa nacional sino hasta el año 2014, a partir de la desaparición de 43 normalistas en Guerrero.

“Previamente, y en respuesta a las sentencias de tribunales internacionales, el gobierno mexicano impulsó medidas que resultaron en esfuerzos aislados, insuficientes para reconocer y atender la completa dimensión del problema”.