Contraloría esta obligada a investigar las denuncias de posible corrupción que se hicieron en comparecencias: PRI

Xalapa, Ver.- El formato de las comparecencias de los secretarios de despacho deben cambiar, es necesario que como parte de la rendición de cuentas se establezcan sanciones contra quien sea omiso en su responsabilidad de informar sobre los avances, planteó el diputado local Marlon Ramírez Marín.

El político del PRI, recordó que durante la glosa del informe de gobierno se denunció cómo Araly Rodríguez, además de ser funcionaria de la SEV, tiene una empresa que recibió contratos por más de 100 millones de pesos de dependencias como SIOP, Sesver y Seguridad Pública.

En la penúltima presentación de la Contraloría General, se le entregó un archivo de los casos que se detectaron con información del propio gobierno del Estado.

A la fecha, dijo, ninguna de las denuncias del grupo legislativo del PRI ha sido desmentida de parte de los secretarios de despacho, por lo que dijo está a la espera de que la Contraloría General dé trámite a las investigaciones a través de los órganos internos de control.

Explicó, que de acuerdo con el protocolo los órganos internos de control tendrán que investigar lo que se denunció en las comparecencias, y los diputados locales tendrán que ser citados para aportar las pruebas del caso.

El legislador reconoció que el formato de rendición de cuentas es obsoleto, pues el propio Congreso no está cumpliendo con su función de fiscalizar, por lo que -inclusive- pidió que se puedan imponer sanciones a los funcionarios que no respondan los cuestionamientos que se le formulen.

“El formato está muy laxo, y permite a los funcionarios responder lo que quieren. Se debe cambiar el modelo para que haya una consecuencia del acto de comparecer (…) se tiene que establecer en la ley una consecuencia legal”.

Dijo que después de que se devuelve la cuenta pública, se hacen señalamientos directos sin respuesta, es obvio que se debe promover la rendición de cuentas en tiempo real.

“Se presentó formalmente una queja por todos los hallazgos en seguridad pública, infraestructura, desarrollo social, que no solo tiene que ver con acoso, si no que se ha encontrado a una sola persona física que tiene contratos por más de 100 millones”.

El diputado confió que en un periodo de cinco a 15 días la Contraloría dará vista a los órganos internos de control, para que los citen y se presenten las pruebas de las irregularidades detectadas.