Cuitláhuac García dará prioridad a temas de desaparecidos
diciembre 27, 2018
Isabel Ortega. Xalapa, Ver. – El pleno del Congreso local aprobó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 que remitió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que contempla el gasto de 128 mil millones de pesos, sin embargo, se aprobó una dispensa de ley, que permitirá al gobierno de Cuitláhuac García reorientar el gasto, en base a las prioridades de su gobierno.
Las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara determinaron apoyar la postura del mandatario estatal, que considera indispensable dotar de presupuesto a la búsqueda de personas desaparecidas; a pagar a municipios los recursos retenidos en el periodo de Javier Duarte, al ganar controversias constitucionales; y el reducir el gasto operativo de las dependencias al bajar los salarios.
En las consideraciones del documento, que se votó este jueves 28 de diciembre en la última sesión del año, se establece que se respetará la autonomía financiera del Poder Judicial, la Universidad Veracruzana y la Fiscalía General del Estado, que, de acuerdo con la Constitución, tiene derecho al 2.5, el 4 por ciento y el 1.5 por ciento, respectivamente, de los ingresos anuales.
Se deja entrever la posibilidad de que se podrían generar algunos ajustes, al mencionar que el cálculo para los tres órganos autónomos se debe “calcular al restar el total previsto en la ley de ingreso el monto total que corresponde a municipios, así como el importe a convenios federales y fondos distintos de aportaciones”.
De acuerdo con la ley aprobada al poder Judicial le corresponden 2 mil 584 millones de pesos; a la Universidad Veracruzana 4 mil 107 millones de pesos; y la Fiscalía General podría recibir hasta 2 mil 5 millones de pesos.
El dictamen aprobado establece la necesidad de autorizar al Ejecutivo efectuar modificaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos.
García Jiménez consideró prioritario realizar ampliaciones necesarias para hacer frente a las notificaciones de sentencias de controversias constitucionales ganadas por diversos Ayuntamientos, que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a exigir el pago de obligaciones que se retuvieron en 2016, y que no se contemplaron en el proyecto de presupuesto original.
También se destaca la urgencia de destinar fondos que permitan hacer frente al Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición Forzada, que tiene como ejes atención a víctimas con perspectiva de género y niñez.
Se había anunciado que se etiquetarían al menos 400 millones de pesos, sin embargo, este jueves se anunció que el monto será menor.
Además, se plantea hacer cambios a las remuneraciones de los servidores públicos, al entrar en vigor la nueva ley de Remuneración Personal y de Austeridad aprobada este jueves.
La iniciativa establece 74 mil 900 pesos como el tope salarial del gobernador, sin embargo, García Jiménez planteó una reducción del 30 por ciento a sus ingresos, lo que tasaría su salario en poco más de 54 mil pesos, tope máximo para el pago del resto de su gabinete.
Durante el debate de la iniciativa el PRI, en voz de Erika Ayala, aclaró que la dispensa de ley de tres meses no es un cheque en blanco, y pidió que el ajuste a los gastos no se dé con tintes electorales o por caprichos.
En PAN recordó que en 2016 se autorizó una dispensa de ley al gobernador Miguel Ángel Yunes para adecuar el presupuesto, pero se validaron los techos presupuestales que se adecuaron tras el análisis en comisiones.
Sin embargo, en esta ocasión -acusó Sergio Hernández- se le da la autorización para cambiar los gastos a conveniencia. Consideró que el actuar de la nueva administración solo pone en evidencia la inexperiencia de la nueva administración.