Deliberación política sobre Plan B ya terminó, necesaria la deliberación jurídica: Consejero
Ariadna García/Xalapa, Ver.-El consejero del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Fernando García Ramos consideró que la discusión política en torno al Plan B de la reforma electoral ya terminó y que ahora corresponde hacer una deliberación jurídica.
Así, dijo esperar que los señalamientos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez hacia quienes «defienden al INE», no pesen en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en torno al Plan B de la Reforma Electoral.
«Lo que advierto ahí es que hay un sector de la población muy importante que sale a defender que sus instituciones electorales funcionan correctamente y creo que es un gran apoyo de la población que me parece genuino, legítimo y que se duele tal vez que en el proceso legislativo no se hayan escuchado todas las voces».
Por ello, consideró que lo que queda es que la SCJN resuelva conforme a derecho, pues la discusión política ha terminado.
«Espero que no pese en el ánimo de los magistrados y ministros que tendrán en sus manos la importante tarea de resolver y analizar la constitucionalidad de las leyes, creo que lo tienen que hacer a la luz de los argumentos jurídicos y no de otro tipo de argumentos».
Previo al Foro sobre Consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas, y sobre las acciones afirmativas , señaló que es posible que esto incomode a algunos sectores, pues se trata de una ponderación que se hace entre el principio de la representación política, la vida interna de los partidos, pero también el del pluralismo.
«Y la sociedad está integrado por distintos sectores y todos tienen derecho a participar en la representación política, no solamente un sector en específico».
Recordó que el foro se realiza en el marco de la consulta libre, previa informada, que el OPLE Veracruz tiene que realizar con cara a la emisión de las acciones afirmativas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes para garantizar su participación en la representación política.