Detienen a fiscal de Azcapotzalco por delitos federales
La orden de aprehensión fue cumplimentada cuando el servidor público llegó a su oficina
octubre 29, 2021
Ciudad de México. Grimaldo Gerardo Cajero Morales, actual fiscal de investigación territorial de la alcaldía Azcapotzalco, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones y falsificación de documentos.
Personal de la Unidad Especializada de Asuntos Internos de la FGR cumplimentó la orden de arresto cuando el fiscal llegó a su oficina en Azcapotzalco; fue trasladado al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición del juez de control que ordenó su captura.
A través de Twitter, la Fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, confirmó la detención del actual fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco, e indicó que esta se llevó a cabo con base en una orden de aprehensión por hechos ocurridos en 2010.
“La FGJ-CDMX informa que colaborará con la FGR tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del actual fiscal de Investigación Territorial en Azcapotzalco, por hechos ocurridos en 2010 cuando se desempeñó como Ministerio Público Federal”.
“Esta Fiscalía reitera su compromiso con la ciudadanía y con el deber que conlleva desempeñarse como servidora o servidor público”, agregó la dependencia en un segundo mensaje.
⇒ De acuerdo con Milenio, la orden de aprehensión otorgada está relacionada a supuestos delitos cometidos en 2010, cuando fungía como agente del Ministerio Público federal en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la entonces PGR.
En 2010 se le ordenó a Cajero Morales ejecutar una orden de cateo; éste aseguró haber detenido a una persona afuera del domicilio, misma que contaba con orden de aprehensión. Sin embargo, se demostró que el sospechoso fue capturado dentro de la propiedad, lo que propició que la persona fuera liberada.
Durante 11 años, el servidor público no tuvo ningún contratiempo legal, pese a que la investigación estaba en curso, e incluso superó los exámenes de control de confianza.