Diputados de Morena cambiaron dictamen de ultrajes a la autoridad, acusa CGJ
enero 7, 2022
Isabel Ortega/El Demócrata. Recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez responsabilizó al Congreso de hacer los cambios que generaron polémica en la sanción del delito de ultrajes a la autoridad. Fueron diputados de Morena, Carlos Manuel Jiménez Díaz y José Manuel Pozos Castro los que emitieron el dictamen,
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 146/2021 en la que se pidió al gobierno del estado a que, mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La reforma que el gobernador García Jiménez envió al Congreso local contemplaba la sanción de hasta ocho años a las personas que amenazaran o agredieran a un policía o funcionario público en ejercicio de su labor.
En la exposición de motivos García Jiménez aclaró que se buscaba tipificar la existencia de una conducta consistente en una acción de cualquier persona cuando está amenace o agreda a un servidor público, al momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Una semana antes de ser votado, los diputados locales determinaron retirar del orden del día el dictamen para hacer algunas precisiones.
Cuando se presentó al pleno, el 11 de marzo, el documento que presentó la comisión de Seguridad Pública de la 66 Legislatura tenía los siguientes cambios:
Artículo 331.-Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: I. Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
II Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;
III. Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito;
o IV. Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
La comisión estaba integrada por el morenista Carlos Manuel Jiménez Díaz, por el ahora alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, y por la dos veces diputada Jessica Lagunes Jáuregui, quien no firmó el documento, pues la oposición ya había observado algunos excesos en el planteamiento del ejecutivo.