Diputados de Veracruz crearon nueva ley de Obra Pública

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con 38 votos a favor y 8 en contra, la mayoría de los diputados del Congreso de Veracruz aprobaron la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la sesión vespertina, diputados del PAN, PRI y MC observaron que la nueva legislación sólo promueve la opacidad y crea una súper secretaría, la de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), donde el presupuesto se va a usar de manera discrecional y fomenta el amiguismo y favoritismo entre las constructoras.

La iniciativa, que presentó el diputado local Alejandro Porras Marín y se dictaminó en ocho días, busca crear un comité de obras y un padrón único de constructores.

Aunque la oposición destacó que es positivo que una sola dependencia concentre la ejecución de obra, se destacó que la nueva legislación cuenta con vacíos legales que solo promueven la opacidad, y no da garantía que la obra se va a concluir al 100 por ciento.

Al exponer algunos vacíos legales, el diputado Adrián Ávila Estrada planteó que, según la nueva ley, si se declara desierta una convocatoria, la obra se entregará de manera directa a un participante de la convocatoria; no hay penalización a quien entregue la obra de manera tardía, y no existe un órgano de control que vigile la calidad y el procedimiento de las obras.

“De nada servirá que ahora sea una sola área se encargue de la planeación, proyección, ejecución y realización de la obra pública si no se le da el andamiaje jurídico para que se transparente su actuar y contribuya a una mayor eficiencia en el uso de los recursos, asegurando que se logren los objetivos de desarrollo de manera objetiva”.

El priista, Héctor Yunes Landa, denunció que la reforma contempla la creación de un súper comité de obra al que se le da la atribución de emitir reglas generales, van a tutelar la asignación de obras, con la falacia de la simplificación, dice, se crea una ley con vacíos y lagunas con el propósito que sea el comité de obras el que tome las decisiones.

El grupo ciudadano determinará los supuestos de “excepción” de entrega de garantía, es decir, el comité va a decidir si se les piden garantía a los constructores, lo que impedirá cobrar ante el incumplimiento de la obra o vicios ocultos.

Además, el comité va a decidir cuánto será el anticipo para las empresas constructoras, lo que dará posibilidad de que, al momento de la firma de contrato, la empresa constructora podrá recibir el pago del 100 por ciento del total del costo de la obra.

La licitación pública dejará de ser regla general, ahora será la excepción, pues se podrá recurrir a tres proveedores cuando haya eventos que requieran atención y solución inmediata, como los que se pueden generar ante un desastre natural.

“Es una ley hecha a la medida, por la que se van a disponer de los recursos de los veracruzanos, como si fuera una chequera personal o una chequera en blanco a ciudadanos, que puedan contratar a quien quiera, sin garantías, y sin importar que el dinero no se aplique para la obra que se contrató”.

Por su parte, la diputada local, Indira Rosales San Román observó que la ley que se votó deja demasiados vacíos y lagunas, que dan pie a que se pueda pensar mal, y tal vez no lo hacen a propósito, pero la ambigüedad da paso a la poca transparencia.

La ley pone en riesgo la calidad obra, fomenta la corrupción, y da atribuciones a ciudadanos en la toma de decisiones, no obstante, obliga a las dependencias a que mande el proyecto de la obra y el presupuesto asignado para ello, duplicando el personal, pues la SIOP tendrá que aprobar, con el comité ciudadano, la realización de la infraestructura