Señalan que marinos y militares han desaparecido a civiles en Veracruz

México/Notimex. El 11 de mayo de 2015, Jhonit Enríquez Orozco, de 23 años, trabajador de una empresa que presta servicios a Pemex, descansaba en su casa de Coatzacoalcos, cuando un grupo de policías estatales de Veracruz irrumpió violentamente en la vivienda y se lo llevó.

De nada valieron todos los esfuerzos de su familia por buscarlo en todas las comisarías, agencias del Ministerio Público u hospitales de la ciudad, la zona y el estado: sencillamente lo desaparecieron, como han hecho con miles de personas durante la llamada «guerra contra el narcotráfico».

Su hermana Lenit Enríquez es una de las miles de mexicanas que, improvisada y dramáticamente, se han visto obligadas por las circunstancias a aprender el «ABC» de la desaparición forzada, como parte del colectivo «Madres en Búsqueda».

En entrevista con Notimex, Lenit Erníquez narró que esa noche se puso en marcha el operativo «Blindaje Coatzacoalcos», que supuestamente buscaba delincuentes. Al igual que a su hermano, otros trabajadores, uno de ellos de la CFE, fueron desaparecidos con el mismo modus operandi.

Ninguno de ellos había cometido delitos ni había sido detenido, y no se conocían entre sí, pero la autoridad hizo creer que eran delincuentes, aunque sus familias los consideran víctimas de la descomposición que propiciaron los gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.

No obstante, también son víctimas de la llamada «guerra contra el narcotráfico», declarada en 2006 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien más tarde negó haberlo hecho.

Esta estrategia obligó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública, lo que, según especialistas, ha incrementado la violencia y el número de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas.

El estudio «Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar. La evidencia en México 2006-2012», coordinado por Ernesto López Portillo Vargas, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, ofrece cifras reveladoras.

Entre los años 2007 y 2018 se produjeron cuatro mil 250 enfrentamientos de fuerzas públicas diversas contra civiles, entre los cuales 75 por ciento fueron con militares, 18 por ciento con la Policía Federal y siete por ciento con marinos.

El estudio cita cifras obtenidas por expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes identificaron, tan sólo entre los años 2008 y 2014, a mil 755 civiles muertos en enfrentamientos con militares.

De los años 2012 a 2016 se abrieron 505 investigaciones contra soldados por crímenes contra civiles, donde destacan el enfrentamiento con maestros en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.

En la recomendación 51/2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre estos hechos, se concluye que la madrugada del 30 de junio de 2014, en Cuadrilla Nueva, parte de la comunidad de San Pedro Limón, elementos del 102 Batallón de Infantería violaron el derecho a la vida de 22 personas, incluida una menor de 15 años.

Lo que el Ejército presentó en principio como un enfrentamiento con saldo de un soldado herido y 22 presuntos delincuentes muertos, se comprobaría más tarde como una ejecución extrajudicial y se convertiría en un caso paradigmático de las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías metidos a labores de seguridad pública.

«Las privaciones arbitrarias a la vida se efectuaron de forma deliberada, sin existir justificación de por medio y de forma intencional. Las víctimas se habían rendido y pudieron presenciar cómo se les daba muerte a algunos de sus compañeros, antes de ellos mismos perder la vida», (párrafo 244 de la recomendación).

«En el presente caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas, al encontrarse rendidas, sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza para el personal de las Fuerzas Armadas» que, sin embargo, les disparó de frente a 60 centímetros de distancia.

Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), explicó en entrevista que hay una correlación directa entre el incremento en los niveles de violencia y la presencia de militares en tareas de seguridad pública.

La razón es simple, pero contundente: mientras los policías buscan detener a los delincuentes, los militares tratan de «anularlos», es decir, matarlos.

Al realizar tareas de seguridad, los militares buscan amenazas y responden con fuego. De hecho, la mayoría de los enfrentamientos empiezan con disparos de los militares quienes, además, tienden a torturar con choques eléctricos o asfixia a quienes llegan a detener.

El estudio «Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar», arriba citado, señala que de las 204 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos entre los años 2007 y 2017, 148 implican a elementos de las Fuerzas Armadas.

Se identificaron en el mismo lapso, 45 casos de asesinatos con 91 víctimas; 43 de desaparición forzada con 118 víctimas, y 204 situaciones de tortura con 389 víctimas, en los que estuvieron involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

«Las Fuerzas Armadas son las que con mayor frecuencia torturan a los detenidos», especialmente, son frecuentes las violaciones por parte de la Marina en 41 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres, y por parte del Ejército, con 21 por ciento de mujeres y cinco por ciento de hombres.

Héctor Cerezo, del «Comité Cerezo», organización dedicada a la lucha contra la desaparición forzada, señaló en entrevista que desde 2006, en el contexto de la «guerra contra el narcotráfico», 170 defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada.

Han sido asesinados 250 luchadores sociales que, en su mayoría, eran fundadores o dirigentes de sus propias organizaciones, con la evidente intención de desincentivar la lucha social.

Cerezo, víctima indirecta de desaparición forzada, señaló que en los seis meses que lleva el nuevo gobierno y pese al discurso oficial, las organizaciones no han sido recibidas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, encargado de este tema.

No obstante que desde diciembre se entregaron todos los expedientes de los casos que tiene documentada la organización (centrados sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas), a la fecha no se ha recibido respuesta concreta.

La desaparición forzada sigue siendo un tema grave que se debe de asociar con la aparición de cientos de fosas clandestinas.

De hecho, las cifras que ha dado a conocer el subsecretario Encinas Rodríguez parecen mucho menores al tamaño real del problema, ante los más de 38 mil casos que se calculan acumulados de 2006 a la fecha, y que incluyen situaciones paradigmáticas como Ayotzinapa.