El juez corrupto que destrozó la vida de una joven

¿Qué hay peor que un juez corrupto? ¡Dos!

Y peor con la amalgama de la impunidad que repta en oficinas y pasillos de juzgados y agencias del Ministerio Pública, en la barandilla donde la corrupción arranca con “mordidas” de diverso calibre y ceros y destroza vidas y famas públicas cuando se abre la carpeta de investigación.

Y hasta sirve de pretexto al licenciado presidente para generalizar en busca de socavar al contrapeso que es el otro de los tres Poderes, el Judicial de la Federación.

Porque casualmente, merced a ese mecanismo de ambiciones políticas insanas, el licenciado presidente abre la puerta a venales impartidores de justicia porque el objetivo no es limpiar juzgados ni oficinas de fiscalías mucho menos corporaciones policiacas entretejidas en la maraña de la impunidad y la corrupción en perjuicio del ciudadano y la ciudadana que carece de medios económicos para defenderse.

O, peor aún, aquel y aquella que, en el olvido rumian en la celda su presente y provenir desgraciados por la sentencia escanciada con el amargo elíxir de la injusticia.

¡Sopas!

Espero, por mi lenguaje “físico” despojado al final de la consonante “s” –dijisteS–, no ser blanco de la descalificación de Su Alteza Serenísima o del doctor Marx Arriaga, ex director de Materiales Educativos de la SEP y actual representante de México en la UNESCO que vive modestamente, con cargo a nuestros impuestos, en París.

Pero, bueno, disculpe el desvío del tema central que trata del caso de uno de esos especímenes que logran cargos desde los cuales desgracian la vida de quienes, carentes de recursos y eso que llaman “palancas” en la impartición de justicia son sentenciados o sentenciadas a penas que literalmente son una barbaridad y evidencian las ganas de joder y servir al recurso pagado con creces.

Así, pregunto: ¿cuánto habrá costado sentenciar con 70 años de prisión a la joven ingeniera Andrea Aguilar Jara? ¿Cuánto te pagaron Florencio Hernández Espinosa para dictar sentencia que bien sabes fue, es y será injusta?

Usted disculpará que al licenciado Florencio Hernández Espinosa no le llame juez. No lo merece, mancha al togado con el que fue investido en algún momento de esas oscuras designaciones de compadrazgos y tráfico de influencias.

¿Es corrupto Hernández Espinosa? ¡Y más!

Permítame, le cuento este caso que indigna por esa laxitud con la que se imparte justicia y procede con impunidad.

La semana pasada, el jueves penúltimo de marzo de 2023, en Xalapa, Veracruz, fue detenido Florencio Hernández Espinosa –hace un mes había sido separado de su cargo–  contra quien ya había denuncias por esa harto conocida habilidad de valerle madre ser calificado corrupto.

Juez de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, Florencio está acusado de la ni tanto presunta comisión de delitos de corrupción y cohecho.

Y lo aprehendieron agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz cuando, ¡fíjese usted!, salía de las oficinas del Poder Judicial en la capital veracruzana.

Contra este personajazo que bien puede ocupar uno de esos papeles de historias de Gervasio Robles “El Pantera”, pesan denuncias varias por sentencias que han sido cuestionadas por su evidente sesgo de aroma corrupto.

Pero, pero…

Entre las sentencias más cuestionadas que dictó en tiempos recientes Florencio, está la del caso de Andrea Aguilar Jara, joven ingeniera nativa de Minatitlán, Veracruz, a quien el 18 de septiembre de 2022 –con pruebas y testimonios falsos—sentenció a 70 años de prisión, por la comisión del delito de feminicidio en contra de su amiga Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche.

Por esta sentencia, la defensa de la ingeniera Andrea acusó al juez Florencio Hernández Espinoza ante el Consejo de la Judicatura de Veracruz.

Y es que Florencio, casualmente, dictó sentencia con sustento en declaraciones de testigos protegidos que incurrieron en falsedades; además desestimó testimonios de dos personas que declararon haber estado con Andrea Aguilar en un restaurant el día y hora en que ocurrió el asesinato.

¡Ah!, pero Florencio, hágame usted el fabrón cavor, aceptó el testimonio de quien dijo haber visto ¡de espalda!, a Andrea, por ahí de las once de la noche, a una distancia de ocho metros, ¡metiendo el cadáver en la cajuela del coche de la víctima!

En serio, no se ría. Canijo testigo y más canijo el juez que aceptó esa ñoña versión que es inválida en cualquier proceso jurisdiccional.

Por supuesto, familiares y la defensa de la joven ingeniera Andrea Aguilar Jara acusan que la sentencia dictada por Florencio –que segurito duerme en Pacho Viejo– viola los derechos humanos de su representada, niega la presunción de inocencia y el debido proceso, pues las pruebas incorporadas no resultan aptas y suficientes.

¿Habrá justicia para Andrea, una vez comprobada la corrupción de Florencia como juez?

Me comentan que la sentencia ha sido confirmada. Pero, no es la última puerta que se cierra a la familia en busca de justicia.

En esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación, sin la presión del Ejecutivo y menos de los gobiernos estatales que suelen dictar órdenes o recomendaciones a fiscales, hay materia para sacudirse mala fama y combatir a la corrupción que desgracia la vida de inocentes.

El caso puede llegar al escritorio de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández.

Por de pronto, la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, tiene la enorme oportunidad de demostrar por qué está en el cargo. Ofreció que se investigarán las acusaciones contra Florencio por recibir pagos a cambio de liberar a presuntos delincuentes.

Ahí está, el caso de Andrea, Magistrada. Cuestión de no dejarlo hasta debajo de los pendientes.

Además, antes de ser detenido el juez Florencio Hernández Espinosa, la defensa de la ingeniera había pedido al Consejo de la Judicatura de Veracruz que lo sancionara por su actuar parcial, arbitrario y notoria ineptitud.

El caso de la joven ingeniera debe ser revisado.

Andrea es ingeniera petrolera, oriunda de Minatitlán, Veracruz, tiene 29 años, dos de ellos cumplidos en el penal Duport Ostion de Coatzacoalcos, Veracruz.

El 3 de diciembre de 2020 fue aprehendida en Minatitlán cuando se dirigía a su trabajo, después de semanas de intimidación por parte de Isabel Morales, asesora jurídica de la familia de la víctima, para testificar en contra del ex novio de la víctima.

El juez Florencio Hernández Espinoza tomó como pruebas contundentes los testimonios de dos testigos protegidos, cuya identidad se desconoce.

Uno de los testigos protegidos, al parecer mujer por su voz, declaró haber visto a Andrea en el lugar y fecha del crimen cargando un cadáver ensangrentado y metiéndolo a la cajuela del coche de la víctima.

¡Recórcholis, Drakko!

¿Por qué la testigo no denunció el hecho? Elemental, incurrió en complicidad o encubrimiento. ¿Un soborno le quitó el miedo a declarar?

¡Ah!, porque ¿qué cree? La testigo, en su declaración afirma haber visto a una mujer de pelo largo, de espaldas, a una distancia de entre 7 y 8 metros y al ver su foto el día de la detención “la reconoció”. No se ría.

Así se las gastan en esos juzgados donde es aplicable el dicho palaciego: “no me vengan con que la ley es la ley”.

Hay otras lindezas en este proceso que llevó a Florencio a desgraciar la vida de una joven ingeniera. ¡Imagínese!, en 2019 Florencio Hernández Espinosa quiso ser Fiscal General de Veracruz y hasta se anotó para ser Fiscal General de la República. ¡En la madre! ¿Se hará justicia? Digo.

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