Están en huelga de hambre Síndica y Regidora de Coetzala

Daniela García/Coetzala. Al denunciar  supuestos actos de violencia política de género por parte del alcalde Joaquín Fortino Cocotle Damián, la síndica del Ayuntamiento, María Josefina Gallardo Hernández, y la regidora única Brenda Flores, iniciaron este lunes una huelga de hambre.

Las funcionarias señalaron que esta determinación la asumen tras los supuestos actos de violencia política de género, acoso laboral, nepotismo y desvío de recursos que se han cometido en el ayuntamiento de Coetzala desde que en julio pasado Cocotle Damián asumió la presidencia.

Este lunes un grupo de inconformes tomó el palacio municipal para exigir la intervención del Congreso del Estado.

Dentro de las irregularidades que denuncian los habitantes de Coetzala destaca el despido de un grupo de 15 trabajadores municipales a quienes les dejaron de pagar sus salarios que ahora suman dos quincenas.

A partir de la muerte del entonces alcalde Gerardo Tirso Acahua Apale, Joaquín Fortino Cocotle Damián asumió la responsabilidad del ayuntamiento de Coetzala y desde julio pasado han surgido una serie de conflictos en los cuales resalta la falta de diálogo y consenso en pro de la administración y ciudadanos.

El Presidente Municipal ha abusado de su autoridad, a decir de la regidora Brenda, quien consideró que la actitud del alcalde es machista y autoritaria.

“Estás actitudes violetan mis derechos, no he sido llamada a sesionar desde el pasado 27 de julio, tenemos miedo a represalias y a cualquier acto de violencia, el Alcalde nombró al nuevo Tesorero y director de Obras Públicas y no nos permite trabajar”.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado a través de un oficio dictaminó brindar protección policial a las funcionarias quienes ya cuentan con resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de un oficio girado por la Delegación Regional de la Policía Ministerial con sede en Córdoba.

De acuerdo a la carpeta de investigación 1297/2020 se dictaminó que las funcionarias públicas contarán con vigilancia policiaca y además medidas de protección en sus domicilios, así como sus familiares en caso de requerir el auxilio de alguna corporación policiaca.