EU anuncia más sanciones contra altos cargos nicaragüenses
junio 21, 2019
Washington/Notimex. Estados Unidos anunció hoy sanciones a otros cuatro funcionarios ligados al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entre los que destacan el actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el director del organismo de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó también a la lista de sancionados a la ministra de Salud, Sonia Castro, y al presidente del Instituto Nicaragüense de Energía, mayor general en retiro Óscar Salvador Mojica.
Los funcionarios, allegados desde hace varios años al mandatario nicaragüense, fueron agregados a la lista del Programa Sanciones Relacionadas con Nicaragua, dirigido contra corruptos y violadores de derechos humanos en el país, que es administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Los cuatro se suman a otros altos personajes que han sido incluidos en la lista de sancionados, como la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y el asesor de Seguridad Nacional, Néstor Moncada Lau, ligados a violaciones de derechos humanos, corrupción y malversión de recursos públicos, entre otros.
Porras, ex líder sindical de los trabajadores del sector Salud desde los años 80, es uno de los más fervientes defensores del régimen de Ortega, antes y después del 18 de abril del pasado año cuando estalló la crisis social, política y económica que actualmente vive Nicaragua.
La crisis y la represión de la policía y los paramilitares afines al gobierno han causado al menos en el último año la muerte de unas 400 personas, entre estudiantes, trabajadores, niños y campesinos, según datos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
A la actual ministra de Salud se le acusa de haber negado el acceso a los hospitales a personas heridas durante manifestaciones opositoras, algunas de las cuales murieron.
La víspera se venció el plazo que establece la llamada Nica Act para que las agencias de seguridad y de inteligencia estadunidenses presentaran un informe de los funcionarios del gobierno de Ortega involucrados en actos de corrupción y represión durante las protestas ciudadanas desde el 18 de abril de 2018.