Expresidenta del IVAI asegura ser presa política

agosto 12, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Yolli García Álvarez, detenida en el penal de Pacho de Viejo desde hace año y medio, envió una carta de tres hojas para denunciar que las resoluciones que se dictaron desde el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) cuando se desempeñó como comisionada presidenta de mismo, incomodó a los gobiernos de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y el actual de Cuitláhuac García.

En la misiva asevera: “me encuentro recluía en el centro de readaptación social de Pacho Viejo. Estoy aquí por haber luchado para que los servidores públicos entendieran que la información que generan es un bien público que deben entregar y poner a disposición de todos, por buscar que los gobiernos sean transparentes, abiertos al escrutinio y a la rendición de cuentas”.

Yolli N acusó que el actual gobierno consideró una afrenta el ordenamiento de explicar el nombramiento de un familiar cercano al Ejecutivo en Sefiplan y el hecho de iniciar un procedimiento contra el DIF y Comunicación Social por violentar datos personales de menores.

“Soy una presa política ya que he sido privada de mi libertad producto de una venganza política, aprovecharon la conclusión de mi encargo y la ambición del contralor interno del IVAI para presentar una denuncia en mi contra y detenerme. Ya en prisión les pidieron  mis pares que renunciaran, asegurándoles que si cumplían sería liberada, así lo hicieron y un año cuatro meses después aun sigo aquí”.

Acusó que el desmantelamiento del IVAI y los nombramientos de comisionados afina al gobierno, no son solo una afrenta contra quienes lo integraban y un atentado a la democracia, la transparencia  la rendición de cuentas.
“Al ejercicio del derecho a saber y todos los demás derechos que este nos permite ejercer como la libertad de expresión y la posibilidad de participar en los asuntos públicos. Se traduce en un ultraje a las garantías consagradas en la Constitución y además somete a uno de los contrapesos que debería tener el gobierno, dejando la puerta abierta para el abuso del poder y en el manejo de los recursos públicos”, concluye.

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