FGE tiene 11 carpetas por daño patrimonial del 2017 al 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Informe de Seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas al proceso de fiscalización de Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, confirma que a la fecha hay 11 carpetas de investigación abiertas contra autoridades municipales y exfuncionarios municipales y estatales.

Este martes 5 de marzo, la auditora general, Delia González Cobos entregó al Congreso de Veracruz, el informe de seguimiento del proceso de fiscalización superior del Estado del año 2017 a 2022.

Ahí se reporta que de 61 denuncias penales que ha interpuesto el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), del 2017 al 2022, por daño patrimonial de 852 millones 604 mil 651.51 pesos, solo 11 Carpetas de Investigación están en manos de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, es decir, solo el 18 por ciento se judicializó.

“Derivado de los requerimientos realizados a últimas fechas por la Fiscalía General del Estado, se actualiza la base de datos de las denuncias, de manera particular en 11 carpetas de investigación, las cuales inicialmente fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, posteriormente, fueron atraídas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales”.

Del total de las denuncias el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla acumula 22 querellas por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2017, de las cuales, las 11 Carpetas que ha traído la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales corresponden a las querellas interpuestas en contra de esa administración municipal. El alcalde en 2017, fue el priista Manuel Rosendo Pelayo.

Respecto al seguimiento de las observaciones de la Cuenta Pública 2022, el ORFIS informó que se iniciaron 236 investigaciones que corresponden al mismo número de Entes Fiscalizables que fueron señalados con presunto daño patrimonial por mil 503 millones 890 mil 803.76 pesos.

Del total del presunto daño patrimonial, mil 305 millones 891 mil 261.47 pesos se detectaron en 195 Ayuntamientos y 161 millones 952 mil 891.18 pesos en 2 dependencias estatales y en 28 organismos públicos descentralizados.

Todas las investigaciones han sido iniciadas, por lo que se estarán realizando notificaciones del inicio de estas a los sujetos investigados, con la intención de formular líneas de investigación y allegarse de elementos de convicción para determinar o no la responsabilidad administrativa.