FGR se mantendrá dentro de las instancias en materia de protección de derechos

marzo 18, 2021

Redacción/El Demócrata. La Ley de la Fiscalía General de la República aprobada por el pleno del Senado, atiende las demandas de la sociedad civil, colectivos y organismos nacionales e internacionales, particularmente en lo que refiere a las instancias en materia de protección de derechos humanos. Con ello, se garantiza que nuestro país cuente con una fiscalía autónoma que sirva para la procuración de justicia, para todas y todos los mexicanos.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa precisó que a través de una Adenda, se acordó mantener a la FGR dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Combatir la Trata de Personas; el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Ha sido la voluntad de todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios presentar una Adenda que de manera específica señala que la Fiscalía participa como integrante en cuatro instancias muy importantes, donde por supuesto se garantiza su autonomía, que le confiere el Artículo 102 de la Constitución. Ha sido un trabajo muy importante que ha logrado también que ahora se encuentre, en la estructura de la institución, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas”, destacó.

Miguel Ángel Mancera detalló que con la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República y la modificación de más de 60 ordenamientos, se consolidará una “Fiscalía sólida, independiente, autónoma, que sirva para la procuración de justicia, para todas y todos los mexicanos”.

Detalló que también se especificaron los requisitos que prevé la Constitución para el nombramiento de la persona titular de la FGR, su suplencia y renuncia, ésta última únicamente procederá por causa grave, así calificada por el Senado de la República. Además, se reincorpora el Consejo Ciudadano demandado por la ONU y se especificó la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), como un órgano con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio.

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