Harfuch y Armenta acuerdan estrategia de seguridad conjunta para Puebla

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Esta tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, para delinear la estrategia conjunta en materia de seguridad pública que se aplicará a partir de diciembre ver cuando el ex senador asuma la titularidad del Poder Ejecutivo de la entidad.

Durante el encuentro efectuado en las instalaciones de la dependencia en la Ciudad de México, ambos funcionarios destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para fortalecer la seguridad en el estado, combatir el crimen organizado y mejorar la protección de los ciudadanos.

Este acuerdo se enmarca dentro de las acciones emprendidas por García Harfuch para establecer colaboraciones con distintos gobiernos estatales a fin de consolidar a nivel regional la nueva estrategia nacional de seguridad implementada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre los temas abordados, destacan el tener una colaboración más estrecha entre el gobierno federal y los estatales en el combate a la delincuencia, garantizando así mayor tranquilidad y seguridad para los poblanos, así como en temas puntuales como el huachicoleo, así como el del crimen organizado en diversos puntos ya públicos de la entidad como la propia capital angelopolitana, así como la sierra negra y la zona de Tehuacán.

Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha demostrado un enfoque proactivo en el establecimiento de alianzas con los gobiernos estatales.

Por ejemplo, con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para enfrentar los desafíos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esa entidad. Asimismo, colaboró con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en operativos conjuntos para desarticular células criminales en esa región.

En el caso de Michoacán, Harfuch y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han implementado estrategias conjuntas para reducir la incidencia de delitos de alto impacto, especialmente en zonas controladas por grupos delictivos. Estas acciones han involucrado la participación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las capacidades de las policías estatales.