Inés Romero Cruz tiene parada construcción de ciudades judiciales: Orfis

octubre 4, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportó que, hasta el 31 de diciembre, estaba pendiente de iniciar la construcción de 12 ciudades judiciales , lo anterior, por incumplimiento del Poder Judicial.

En la revisión que se hizo a los contratos de las 21 ciudades judiciales se detectó que el costo por la construcción y mantenimiento se actualizará cada seis meses, en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, si hay aumento en la canasta básica y los servicios esté se reflejará en los pagos por la asociación público privada (APP)

Según el Informe General Del Resultado De La Fiscalización Superior En Materia De Deuda Pública,Obligaciones y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública 2021, la administración de Isabel Romero Cruz, incumplió con las condiciones suspensivas pactadas en cada contrato individual que se firmó con las empresas Desarrolladora CJEV S.A.P.I. de C.V, propiedad de la familia Ruiz Anitúa, ligados al Panamá Papers.

Según el Orfis de las 21 ciudades judiciales que se pactaron construir, solo cuatro -Martínez de la Torre, Papantla, Medellín de Bravo y Tuxpan- están “operando” con normalidad. Por ellas se pagaron 39 millones a lo largo del 2021; el costo total de las obras y el mantenimiento supera los 260 millones de pesos.

Al hacer una revisión física los trabajadores se quejaron de las deficiencias en las ciudades en donde se reportan desde filtraciones hasta riesgo de desgajamiento del cerro que rodean los edificios que se construyeron con tabla roca.

En el reporte se detalla que en el caso de la construcción de las Ciudades Judiciales de Isla, Las Choapas, Naolinco y Pueblo Viejo, se habían iniciado los trabajos, de acuerdo con los plazos marcados por cada uno de los contratos individuales, cuentan con un plazo máximo de doce meses para terminarlas. En ese caso se deberán pagar más de 50 millones por cada ciudad judicial.

El Poder Judicial autorizó la subcontratación de la empresa denominada “Espacios y Edificios Modernos, S.A.P.I. de C.V.”, con el fin de que ésta sea la encargada de ejecutar y desarrollar los Proyectos de la APP. La firma pertenece a los mismos socios de Desarrolladora CJEV S.A.P.I. de C.V.

Cada contrato individual, se da inicio al esquema de pagos programados denominados “contraprestación mensual”, los cuales se encuentran integrados por una tarifa mixta que comprende por una parte el reembolso de la inversión realizado por el contratista más el pago por los servicios de conservación y mantenimiento.

El Orfis detectó que la contraprestación mensual está sujeta a un ajuste periódico obligatorio, cada seis meses, en relación al incremento que muestre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es decir, el monto final pactado en el contrato de cada Ciudad Judicial no es fijo y aumentará dos veces al año.

Las ciudades judiciales que estaban sin iniciar su construcción son: Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica de Hidalgo, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.

Los proyectos relativos a las Ciudades Judiciales de Coatzacoalcos y Poza Rica de Hidalgo son los que presentan mayor rezago, ya que estos no se encuentran inscritos en el registro de deuda pública de la SHCP, a pesar de que ya se habían firmado los contratos.

Según los decretos 346 y 624 del 16 de octubre del 2017 y el siete de febrero del 2018, el Congreso local autorizó al Poder Judicial la firma de uno o más contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en igual número de distritos.

El monto que calculó el Congreso para la realización de esas obras será de cinco mil millones de pesos más IVA lo que incrementa el monto hasta cinco mil 916 millones de pesos. Además, 50 millones anuales para la creación de los fideicomisos de garantía de pago de cada ciudad judicial, lo que suma más de mil 200 millones en las dos décadas y media.

El dos de marzo de 2018 se lanzaron cuatro licitaciones públicas nacionales que se asignaron a las empresas Desarrolladora CJ I SAPI de CV; Desarrolladora CJ II SAPI de CV; Desarrolladora CJ III SAPI de CV; y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV por montos que van desde mil 213 millones; mil 167 millones; mil 666 y mil 367 millones en mayo del 2018.