Insiste Duterte en restaurar pena de muerte en Filipinas

Manila/Notimex. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió este día ante el Congreso filipino restaurar la pena de muerte por narcotráfico y corrupción en el país asiático, donde han muerto más de seis mil presuntos culpables, desde que asumió al cargo.

El llamado a la pena máxima fue pronunciado en el marco de su discurso anual del Estado de la Nación, en su tercer año de ejercicio presidencial, período que se ha caracterizado por sus severas campañas contra el tráfico de drogas, con el que además se ha ganado críticas y rechazo de organizaciones a favor de los derechos humanos.

“Han pasado tres años desde que tomé juramento y estoy pensando que no hemos aprendido nuestra lección”, manifestó durante su discurso y explicó que el problema de las drogas ilegales persiste, la corrupción continúa y ambas minan el coraje que sostienen las iniciativas para la restauración de la moral.

Duterte subrayó que hay un largo camino por recorrer para luchar contra esta amenaza social. Esa es la razón por la que solicito respetuosamente la restauración de la pena de muerte por los crímenes atroces relacionados con las drogas y el saqueo de las arcas públicas, informó la agencia Europa Press.

Desde 2016 y de acuerdo con estadísticas oficiales unos seis mil presuntos usuarios y traficantes de drogas fueron asesinados en operaciones policiales contra el narcotráfico, emprendida por las fuerzas de Duterte.

Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena de muerte en 1987, antes de restaurarla en 1993 por delitos como el asesinato, la violación de menores y el secuestro. Posteriormente la pena fue abolida en 2006, por la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo.

Mientras Duterte pronunciaba su discurso en el recinto de Batasang Pambansa, decenas de miles de manifestantes se apostaron afuera para denunciar los múltiples asesinatos ocurridos bajo su administración.

El grupo de derechos humanos Karapatan, en voz de su secretaria general Cristina Palabay, lamentó que cerca de 300 activistas murieran bajo los programas de contrainsurgencia del Gobierno, así como las muertes en la guerra contra las drogas ilegales.

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